El amparo indirecto que interpusieron
los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en contra de la
resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República
(PGR), que deslinda de responsabilidades penales al extitular de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, está atorado por la
supuesta “desaparición” de seis funcionarios de la dependencia.
Y es que, según el titular del Juzgado Tercero de
Distrito, Martín Adolfo Santos Pérez, “no se ha podido localizar” el domicilio
de cuatro peritos y dos policías ministeriales
“Lamentablemente ha sido complicado
el proceso para notificar a la gente de la PGR. El juzgado informó que ha hecho
todos los trámites legales, pero se ha complicado. Ahorita se está haciendo el
emplazamiento a juicio a estas personas mediante edictos publicados en diarios
nacionales y el Diario Oficial de la Federación. Una vez agotado este proceso
ya se estaría resolviendo el juicio de amparo”, precisó el abogado del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Luego de la
reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas con Santos Pérez, el abogado indicó que el costo por la
publicación de los edictos, “que asciende a 100 mil pesos cada uno”, también ha
entorpecido el desahogo del amparo con el que exigen se impongan sanciones
penales a Zerón de Lucio por ocultar las diligencias en el río San Juan.
Al respecto,
el juez aseguró que han solicitado al
Consejo de la Judicatura que cubra el costo de dichos edictos o, en su defecto,
se publiquen de manera gratuita.
De acuerdo
con Rosales, la publicación de los dictámenes “es otro trámite que está dilatando un poco el proceso. Nos preocupa
que de manera deliberada la PGR haya ocultado los domicilios de estos
servidores públicos, como una estrategia para dilatar el amparo y poner
obstáculos al procedimiento”, subrayó.
El encuentro con el juez, además de
un mitin afuera de los juzgados administrativos –localizados en el bulevar
Adolfo López Mateos–, forma parte de la “jornada de lucha” que realizan
familiares y compañeros de los normalistas en la capital mexicana desde el
pasado lunes 20.
A partir del
mediodía se concentraron afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la
Federación, donde protestaron con altavoces y mostraron mantas con las imágenes
de sus desaparecidos. Posteriormente una comisión ingresó al recinto para
reunirse con el juez. El encuentro duró alrededor de una hora.
A su salida, Vidulfo Rosales se
manifestó conforme con lo que se habló en la reunión, pues si bien no se dio un
plazo para el desahogo de los emplazamientos, al menos en el juzgado se avanza
de acuerdo con los plazos legales, apuntó.
En marzo
pasado los padres de los normalistas y el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan interpusieron un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito
Administrativo en la Ciudad de México, bajo el número 195/2017, contra la
resolución de la Visitaduría General que deslinda de responsabilidades penales
graves a Tomás Zerón y sólo le atribuye responsabilidades administrativas.
La acción
legal se presentó después de que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) evidenció que la visita del extitular de la
AIC al río San Juan no estaba registrada en el expediente.
Pero ese
lugar es clave en las pesquisas, toda vez que ahí se encontraron restos del
único normalista que ha sido identificado: Alexander Mora Venancio.
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