Los sindicatos y los partidos
políticos son las instituciones más opacas del país. Aunque por ley ya deberían
haber transparentado toda su información de carácter público, desde sus
estructuras orgánicas hasta gastos, plazas y contrataciones, la realidad es
distinta.
Una
verificación hecha por la Auditoría Superior de la Federación reveló que los sindicatos han
transparentado, en conjunto, apenas el 35% de la información a la que están
obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia, mientras que los
partidos políticos han transparentado solo el 62% de los datos obligados.
Desde 2014, las obligaciones de
transparencia se extendieron a fideicomisos, organismos autónomos, partidos
políticos y a sindicatos que reciban recursos públicos. La nueva ley, que entró
en vigor en 2015, estableció como obligación revelar toda la información que
marca la ley con parámetro homologados a más tardar en mayo de 2017.
Lo que los
auditores de la ASF encontraron es que aun cuando el plazo límite para revelar
esta información – a través del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) – se amplió a octubre de 2017, solo se han transparentado el 69 % de todos los datos que debían haber
revelado los 868 sujetos obligados en el país.
La situación más preocupante es la de
los sindicatos que mantienen bajo opacidad el 65% de la información que ya
tendrían que haber transparentado.
En tanto, los partidos políticos reportan el promedio
más bajo de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, apenas un 62.2
%.
Unos mejores
niveles de transparencia presentan las dependencias de los poderes ejecutivos
con el 65.8 % de cumplimiento de sus obligaciones, y más arriba los órganos
autónomos con el 72.7 %. Después le siguen los fondos y fideicomisos con el
73.2 % y las distintas instancias del Poder Judicial con el 87.4%.
Las instancias que han transparentado
la mayor parte de su información al corte de octubre pasado son las del Poder
Legislativo con un cumplimiento del 91.3 %.
Uno de los motivos que explican el
alto nivel de opacidad en los sindicatos, destaca la Auditoría Superior de la
Federación, es que 39 de ellos (casi el 30% del total de organizaciones
gremiales legalmente constituidas) ni siquiera han cumplido con entregar
reporte alguno ante el SIPOT, algo que legalmente debieron hacer antes de
octubre pasado. Están en ceros.
Un caso distinto es el de los
partidos políticos, pues, aunque el 100 % de ellos ya entregó sus reportes al
SIPOT, el cumplimiento es bajo. Aquí los reportes entregados son deficientes
y/0 incompletos.
El 79.2 % de los fideicomisos y
fondos públicos han cumplido con entregar sus reportes al SIPOT. Esto significa
que uno de cada cinco fideicomisos sigue sin entregar reporte alguno ante el
sistema de transparencia (es el segundo nivel más alto de omisión después de
los sindicatos).
En cambio,
el 92.3% de todos los órganos autónomos ya ingresó su reporte al sistema, al
igual que el 99 % de los sujetos obligados pertenecientes a los poderes
ejecutivos. Con un 100 % de informes entregados están los sujetos Poder
Legislativo y el Poder Judicial.
El balance
general concluye que, de los 868 sujetos
obligados, 740 de ellos (85.3%) entregaron informe con su información de
transparencia al SIPOT (independientemente de si están completos o no). Esto
significa que 128 sujetos obligados han violado la ley al no entregar estos informes
cuya fecha límite era octubre pasado.
Reglas
incompletas.
A más de tres años de distancia de
que se aprobó y entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, no se ha terminado de actualizar el marco legal para que los
sujetos obligados cumplan con proporcionar información en temas como los de
delincuencia organizada o desaparecidos, donde las reglas no son claras.
El análisis
de la ASF arroja que de 280 leyes
federales y generales vigentes que tendrían que ser actualizadas, hay 103 que
siguen sin un reglamento general o al menos artículos que regulen las nuevas
disposiciones de transparencia.
Esto significa que al menos 1 de cada
3 leyes federales y generales no cuentan con reglas actualizadas en
transparencia lo que facilita la opacidad.
Entre las leyes que no cuentan con
reglamentos actualizados en transparencia se encuentran la Ley de Expropiación;
la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
y la Ley Federal de Defensoría Pública.
El informe
de la ASF destaca también los retrasos.
Los plazos
para expedir los reglamentos en materia de transparencia de cada ley eran de
188 días, pero en realidad, el promedio de expedición ha estado por encima de
los mil días. Un retraso promedio de
tres años después de lo dispuesto.
Quienes
también ya cumplieron, aunque con retrasos fueron los estados. Cada entidad
federativa tenía la obligación de adecuar su norma local de transparencia con
los parámetros marcados por la Ley General en máximo un año. Pero solamente 11 entidades cumplieron a
tiempo: Coahuila, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua y Nayarit.
En el caso
de Baja California Sur, Campeche, la Ciudad de México, Chiapas, Durango, el
Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, su nueva
legislación estuvo completa un día después del plazo, mientras estados como
Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Veracruz registraron más de 100 días de retraso.
Crecen las
solicitudes.
Entre 2012 y
2016, según el análisis de la Auditoría, las solicitudes de acceso a la
información presentadas por los ciudadanos crecieron en promedio 20 %
anualmente. Pasaron de 94 mil 735 en 2012 a 196 mil 253 en 2016.
En este
periodo el promedio de atención de cada solicitud mejoró en cuanto a tiempo
pues decreció de 13.6 días hábiles a 12.9 días.
En cuanto a
los recursos de revisión, en 2016 se promovieron en promedio 3.9 recursos de
revisión por cada 100 solicitudes de acceso a la información y protección de
datos personales. En total fueron 9 mil 422 recursos promovidos el año pasado y
la razón principal por la que los ciudadanos los interpusieron fue la respuesta
de sujetos obligados respecto a que los datos solicitados eran información
“reservada o clasificada”.
El pleno del
INAI, al revisar los recursos de revisión, resolvió en el 48.2% de los casos darle
la razón a los ciudadanos por lo menos de forma parcial, y revocar la respuesta
de los sujetos obligados.
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