Guadalupe Medina Aragón, contadora
del exgobernador César Duarte Jáquez -prófugo de la justicia-, fue aprehendida
hoy en la ciudad de Parral, mientras que el exdirector de Programas de
Inversión de la Secretaría de Hacienda, Erick Manuel Hernández Aguilar, fue
detenido en la capital de Chihuahua.
El
gobernador Javier Corral Jurado confirmó
en Ciudad Juárez la detención de la mujer: “Está involucrada en varios desvíos
y ha participado en otras operaciones en las que el exgobernador hizo actos
indebidos, de transferencias económicas para desviar. Fue detenida”.
Además, refirió que aún quedan decenas de carpetas
de investigación en desarrollo con distintos asuntos relacionadas con la
administración estatal anterior.
“El caso de la contadora se dará a
conocer por la Fiscalía. Lo que sé son los datos que me han dicho. Está
involucrada, incluso, como beneficiaria de uno de esos desvíos. Era la
contadora principal o la única del exgobernador”, dijo.
Corral afirmó que el gobierno de Enrique Peña
Nieto tiene detenidas las solicitudes de extradición de Duarte Jáquez por los
casos de mayor cuantía, que atañen a desvío de recursos al PRI o a funcionarios
de su gobierno. Y es que, solo ha solicitado la extradición basado en las otras
órdenes de aprehensión, que ya suman 14.
Por ese
motivo, dijo que, una vez que concluya
el proceso electoral, convocará al mandatario federal para que quite la
protección a César Duarte.
Esas dos
últimas detenciones coincidieron con la realización del foro sobre el caso de
Chihuahua en materia de corrupción en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, donde la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos,
participó en el panel “El combate a la corrupción en el estado de Chihuahua” y explicó
cómo operó la red de corrupción duartista.
La funcionaria insistió en varias
ocasiones en que la corrupción no se puede investigar desde una sola persona
porque “va más allá, es un sistema”, por lo que no sólo se pueden centrar en
César Duarte y en Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto
del PRI nacional y operador de Manlio Fabio Beltrones.
Lo importante, dijo, es que han
podido evidenciarlo porque no se puede hacer frecuentemente.
“La corrupción difícilmente ocurre a
través de un servidor público (…) se observan redes sofisticadas y articuladas
de servidores públicos, son organizados para cometer este tipo de actos (…) las
redes se comienzan a tejer desde los nombramientos, con ciertas posiciones para
desviar, para hacer negocio. La red de corrupción sí fue encabezada por César
Duarte con colaboradores muy cercanos, muchos familiares en primero o segundo
grado, conocidos, principalmente en áreas de Educación, Salud, Hacienda, Obras
Pública”, detalló.
La colusión fue del Ejecutivo, de
diferentes niveles de gobierno y otros poderes, situación que ha hecho más
difícil la investigación. El gobierno estatal también interactuó a nivel
federal y municipal para extender la red, lo que explica que en seis años no se
dimensionara lo que sucedía ni hubiera consecuencias.
Las personas o instituciones que
debieron ser contrapeso fallaron y los titulares se beneficiaron de esa red de
corrupción, como la Contraloría estatal que no sancionó a nadie; la Auditoría
Superior del Estado, cuyo ex titular está vinculado a proceso por cuatro causas
penales porque aceptó dinero en efectivo a través de transferencias bancarias y
en una de esas causas, se demuestra que cómo alteraron las auditorías, que
utilizaban como rendición de cuentas interna.
Según la
funcionaria, esa red de corrupción
abarcó la clase política de los otros partidos, de los que hasta ahora está
vinculado a proceso el exdiputado local por Movimiento Ciudadano, Fernando
Reyes Ramírez.
“Una red o despliegue de red de
protección con medios de comunicación, con dinero no sólo que escandaliza con
montos muy elevados, sino con efectivo que daban a toda una red de personas que
permitieron que en seis años no hubiera consecuencias para el exgobernador”, agregó Stefany Olmos.
De acuerdo
con la funcionaria, desde la etapa de
transición de gobierno, recibieron muchas denuncias y pudieron observar cómo
operaba la red de corrupción duartista. Con ello, buscaron padrones de conducta
para el desvío y una vez que la ubicaron, pudieron entenderla para
investigarla.
No se trata, precisó, de casos de excepción,
sino de “una corrupción masiva, porque participan personas que firmaban recibos
por el dinero recibido, sin logos del gobierno”. Además, siguió, hubo
beneficios para otros partidos, pero principalmente para el del gobernador, el
PRI, con entregas de dinero en efectivo por parte del Ejecutivo con cantidades
de más de un millón a tres millones mensuales.
Según su
estudio, ese dinero fue desviado a
través de prácticas que se han normalizado como la retención del dinero a
trabajadores públicos, dinero que lo descontaban desde la Secretaría de
Hacienda vía nómina.
“Son prácticas que están enraizadas,
no cambian automáticamente con un nuevo gobierno (…) hasta ahora, los
exsecretarios de Hacienda, de Educación están vinculados a proceso. El de
Educación fue titular del Instituto de la Vivienda, de Transporte, de Obras, un
mismo funcionario (…) Están vinculados también directores de Administración, de
Finanzas, el exlíder del SNTE en Chihuahua, el exdiputado Fernando Reyes, el
auditor, empresarios que se beneficiaron con este tipo de actos”, dijo la funcionaria.
El desvío que se le atribuye a Duarte
en las 14 órdenes de aprehensión es de 1, 300 millones de pesos.
La red y sus
participantes.
En su exposición, Stefany Olmos
explicó que la operación de la red duartista actuó con cuatro flancos y al
centro César Duarte con su esposa, Olga Bertha Gómez Fong.
Dichos flancos son: funcionarios, red
de protección, empresarios y operadores directos. En ellos, explicó, por lo
menos participaron 30 personas y ocho empresas, cuya operación alcanzó a
entidades como Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Sonora y Tlaxcala,
a través de las que triangularon dinero público.
Entre los operadores directos se
encuentran, según la secretaria de la Función Pública: los detenidos Antonio
Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de Hacienda; y Gerardo
Villegas Madriles, exdirector de Administración de Hacienda. Ambos son sobrinos
de Duarte.
Con ellos operó Carlos Hermosillo Arteaga, quien era
diputado federal y murió en un accidente el 20 de marzo de 2017 en la carretera
Parral-Chihuahua. Él ocupó varios cargos estratégicos en el gobierno duartista,
entre estos el de presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
En la red de funcionarios
participaron, según la funcionaria, el exsecretario de Educación, Cultura y
Deporte y exdirector de la Comisión Estatal de Vivienda, Ricardo Yáñez Herrera,
quien está detenido; el extitular de la SEDyD, exdirector de Pensiones y
exsecretario particular del exmandatario, Marcelo González Tachiquín, -aún está
libre-; el exdirector del Seguro Popular y exsecretario de Salud, Pedro Genaro
Hernández Flores, -quien está bajo proceso administrativo-; y el extitular de
Obras Públicas y exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, quien ya está
sentenciado.
La lista
sigue: Eduardo Esperón González,
exsecretario de Obras Públicas; Everardo Medina, exsubsecretario de Obras
Públicas y primo de Duarte; Sergio Medina Jurado, exdirector de Adquisiciones,
también detenido; y Karla Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la
Secretaría de Educación, quien cuenta con sentencia judicial.
Las empresas
hasta ahora señaladas, según la funcionaria del gobierno de Chihuahua, son:
Kepler, cuyo representante Germain Ledezma está preso; Fritag, con Jaime Fong,
quien fue detenido; Bildung, SINAS, SISAX, Employers & Admin, Asesoría y
Servicios Informáticos y Futura S. A.
En la red de protección está señalad
la expresidenta del PRI estatal, Karina Velázquez, quien también fue
funcionaria en el gobierno de Duarte y actualmente preside el Congreso del
Estado; así como Pedro Mauli Romero, extesorero del PRI chihuahuense, quien el
año pasado fue vinculado a proceso.
Del PRI nacional, mencionó a
Alejandro Gutiérrez, -actualmente preso-, y a Cristopher James Barousse,
exlíder nacional juvenil priista.
Otros actores señalados son el
exdiputado Fernando Reyes; Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor y paisano de
Duarte -detenido-; así como Edgar Omar Ramírez Martínez, aprehendido hoy.
Incluso, mencionó a “otros partidos” y medios de comunicación.
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