Al menos, 19 “grupos civiles armados”
y una organización denominada “policía comunitaria” operan en el 50% del
territorio guerrerense -40 de los 81 municipios- donde 18 bandas crimínales
controlan y mantienen una brutal disputa por el control de las zonas de
producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad,
indica un informe oficial del gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Desde finales de 2015 a la fecha, la
imparable ola de violencia ha dejado más de seis mil homicidios dolosos, entre
ellos una treintena de políticos ejecutados y también ha exhibido presuntos
nexos de autoridades de los tres niveles, las fuerzas armadas y la clase
política, con la delincuencia.
En este
contexto se realiza el proceso electoral para elegir al presidente de la
República, tres senadores, nueve
diputados federales, 28 legisladores locales y 80 alcaldes en una entidad donde
los grupos de autodefensa o guardias comunitarias han sido señalados
públicamente por el mandatario estatal como “el brazo armado del narco” en
Guerrero.
El mapa del
gobierno estatal indica que la Policía
Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC),
surgida en los pueblos originarios en 1995, tiene presencia en los 15 municipios
de la región Costa Chica y 19 de la Montaña guerrerense.
En esta
misma franja donde habita población indígena y afromestiza operan bandas
dedicadas al secuestro, homicidio, extorsión, así como la producción y tráfico
de droga identificados como “Los Marín; Los Carrillo y Los Añorve en
Cuajinicuilapa y Ometepec, y remanentes del cartel de los Beltrán Leyva” en la
Costa Chica y la Montaña.
También, en
Chilapa “Los Rojos y Los Ardillos”, este último grupo liderado por la familia
del candidato a diputado local por la coalición PRD, PAN y MC, Bernardo Ortega
Jimenez, indica el análisis de Astudillo.
En Acapulco, lugar considerado como
la joya de la corona del narco, el gobierno estatal tiene identificada una
confrontación entre remanentes del cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel
Independiente de Acapulco donde también operan la PC-CRAC y el grupo de
autodefensa de la UPOEG.
En la región
Centro que abarca una parte de la Sierra, existe una brutal confrontación entre
el cartel del Sur; el comando suicida; los Rojos y los Ardillos donde sus
extensiones armadas son identificadas como la UPOEG; el Fusdeg; PC-CRAC y las
guardias comunitarias de Mezcala; Tlacotepec; Chichihualco; Petaquillas; Paz y
Justicia de Chilapa; el Consejo municipal de Seguridad Pública y el Consejo
ciudadano de Olinalá, advierte el análisis gubernamental.
En la zona
Norte operan los grupos de Los Guerreros Unidos; la Familia Michoacana; Gente
Nueva y Los Rojos donde mantienen presencia los grupos civiles armados
denominados como la policía comunitaria de Tepecoacuilco, de Mezcala y
Cuetzala; así como La Tecampanera y el movimiento Apaxtlense.
En la región
de Tierra Caliente, el gobierno ubica a los grupos delictivos de los Caballeros
Templarios; la Familia Michoacana; Los Tequileros y el Cartel Jalisco Nueva
Generación donde públicamente opera la autodefensa de San Miguel Totolapan y la
Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, principalmente en la Sierra.
Mientras que
en la región de Costa Grande: el Cartel Jalisco Nueva Generación; Los Granados
de Tecpan; los Caballeros Templarios; la Guardia Guerrerense de La Unión y
Petatlán, y Sangre Nueva Guerrerense de Zihuatanejo donde solo opera la
autodefensa denominada Guardia Rural de Ejidos Unidos, principalmente en la
parte de la Sierra que conecta con la región de Tierra Caliente.
Este es el mapa geodelincuencial del
gobierno de Astudillo donde 20 grupos de autodefensa y 18 organizaciones
crimínales plenamente identificados mantienen retenes en vías de comunicación
federales y controlan territorios completos donde disputan el control de las
ganancias de la industria minera y las zonas de producción, tráfico y venta de
estupefacientes en la entidad.
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