John M.
Ackerman.
La única manera de garantizar un
proceso electoral verdaderamente democrático el próximo 1 de julio será por
medio de una masiva participación ciudadana en las urnas. Si no salimos a votar
para expresar nuestro punto de vista sobre quién debe fungir como nuestro
próximo presidente, decidirán por nosotros el poder, el dinero y la corrupción.
Los estudiosos en la materia estiman
que la capacidad de fraude en México alcanza para modificar los resultados en
aproximadamente seis puntos porcentuales, el equivalente a unos 3 millones de
votos.
Adicionalmente, las nuevas reglas con
respecto a la nulidad de una elección permiten que los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación anulen con gran facilidad
cualquier elección en la que el margen de victoria haya sido menor de 5%.
Ello significa que Andrés Manuel
López Obrador debe ganar por un mínimo de 11 puntos porcentuales, unos 5.5
millones de votos, sobre el segundo lugar para que las autoridades electorales
se vean obligadas a aceptar el triunfo del tabasqueño.
La victoria
debe ser suficientemente grande para poder soportar una rebaja de 6% auspiciada
por el Instituto Nacional Electoral y todavía contar con una ventaja
suficientemente grande para evitar una nulidad parcial y corrupta de parte de
los magistrados electorales.
El primer
eslabón en la cadena de confianza, o desconfianza, con respecto a los
resultados electorales será la divulgación de las “encuestas de salida” a
partir de las 20:00 horas el mismo día de la elección. Estos sondeos con
votantes después de que hayan emitido su sufragio normalmente dan una excelente
indicación con respecto a la tendencia general de las preferencias ciudadanas.
Sin embargo, en las elecciones cerradas muchas veces las casas encuestadoras
deciden guardar sus resultados por temor a que no coincidan finalmente con los
resultados oficiales o por amenazas desde el poder para no echar abajo un
operativo de fraude electoral.
Por ejemplo,
en las pasadas elecciones para gobernador del Estado de México, el 4 de junio
de 2017, más de 20 casas encuestadoras se habían registrado para levantar
encuestas de salida. Entre ellos se encontraba Consulta Mitofsky, que incluso
unos días antes se había comprometido públicamente a dar a conocer los resultados
de su encuesta de salida después del cierre de las casillas electorales.
Sin embargo, misteriosamente la noche
de la elección todas y cada una de las casas encuestadoras se quedaron
calladas. Ni Roy
Campos ni ningún otro encuestador se
atrevieron a dar a conocer sus resultados. Unas horas después, el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) daría a conocer los resultados de su
“conteo rápido”, con base en un muestreo de casillas extrañamente rasurado en
casi la tercera parte, lo cual arrojaba una ventaja para el primo de Enrique
Peña Nieto, Alfredo del Mazo, sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, de
dos puntos porcentuales.
Posteriormente,
el Programa de Resultados Electorales
Preliminares también contaría con una gran cantidad de irregularidades. Y
finalmente en los “cómputos distritales”, cuando el miércoles después de la
elección se revisaban las actas, una por una, para asegurar que no hubiera
ninguna irregularidad, la mayoría de los consejeros del IEEM y los
representantes del PRI, el PAN y el PRD cerraron filas con el fin de limitar al
máximo la cantidad de paquetes electorales sujetos a recuento.
Tal y como
lo relata el único consejero electoral disidente del IEEM, el doctor Gabriel
Corona, en su contribución al libro de Bernardo Barranco El infierno electoral,
la suma de todas estas irregularidades
resultó en una muy sospechosa triangulación y acomodo de cifras “oficiales”
para permitir la “victoria” de Del Mazo, a pesar de las claras evidencias de
que probablemente había sido Gómez la verdadera ganadora de la contienda.
Si López Obrador no arrasa en la
elección presidencial, las tentaciones serán enormes para modificar los
resultados electorales de la misma manera en que lo hicieron los operadores del
PRI en el Estado de México. Por ejemplo, el actuario Arturo
Erdely ha demostrado cómo los institutos electorales pueden manipular
metodologías estadísticas con el fin de poder declarar “empates técnicos”
falsos.
El doctor
Erdely ha desarrollado su análisis completo en un artículo científico reciente
(véase https://bit.ly/21n0VMb, también resumido en https://bit.ly/2JVTla3). La trampa consiste en elevar
innecesariamente el “nivel de confianza” de los resultados del conteo rápido
con el fin de ampliar al máximo los “intervalos de error” para los porcentajes
de cada candidato y así poder declarar un supuesto “empate” aun cuando la
diferencia real entre el primero y el segundo lugar alcanza hasta 10 puntos
porcentuales.
Es decir, aun si López Obrador llevara una ventaja
contundente sobre el segundo lugar, cuando Lorenzo Córdova sale a dar los
resultados del conteo rápido a las 23: 00 horas del 1 de julio podría recurrir
a este truco para declarar un supuesto “empate técnico” entre los dos
candidatos. Ello les daría varios días a los operadores del fraude para
modificar las actas y alterar las boletas antes del conteo distrital
definitivo, que tendrá lugar el 4 y 5 de julio.
Existen infinidad de maneras para
alterar los resultados electorales y defraudar la voluntad popular. El único
antídoto indestructible al veneno de la corrupción electoral es la masiva
participación ciudadana. Todos y todas estamos convocados a las urnas el
próximo domingo 1 de julio para, juntos, derrotar a los fraudulentos e iniciar
la construcción de una nueva República.
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