Morena acusa al IECM de “no ser neutral”

El lunes 18 un grupo de representantes de Morena acudió a las oficinas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para intercambiar puntos de vista con los consejeros electorales sobre el convulso proceso comicial en la capital del país.

La visita del grupo encabezado por José Agustín Ortiz Pinchetti y Alejandro Encinas Rodríguez no fue de cortesía. Éste recriminó a sus interlocutores la pasividad con que se conducen desde las precampañas, así como por la abierta intromisión de autoridades capitalinas, jefes delegacionales y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en favor de Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente.

“En un proceso marcado por la compra y coacción del voto y el baño de sangre que no se veía desde 1988 –con los asesinatos de los perredistas Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez–, lo que se necesita es un órgano garante de la ley, que se comprometa realmente a garantizar que el 1 de julio la jornada se desarrolle en paz, sin sobresaltos”, sostiene Encinas en entrevista.

Y puntualiza: “El IECM no ha sido neutral; ha sido omiso”.

La desconfianza de Encinas en el árbitro electoral capitalino tiene sustento. De acuerdo con un análisis elaborado por un grupo de asesores de Morena, los consejeros electorales fueron electos por cuotas partidistas, principalmente del PRD, PAN y PRI.

Mario Velázquez Miranda, actual presidente consejero del Instituto, por ejemplo, sostiene Encinas, fue electo por acuerdo del PRI y el PRD. Lleva 12 años en el organismo, donde ha desempeñado diferentes cargos.

Y aunque ha mantenido una actitud institucional, se le recuerda por su voto a favor de dos polémicas resoluciones en 2015, dice: la que le negó el registro a Xóchitl Gálvez, candidata del PAN para delegada en Miguel Hidalgo, y la que le concedió el registro a Miguel Ángel Salazar, candidato del PRI por Cuajimalpa, a pesar de que el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal certificó que cometió promoción personalizada con recursos públicos.

De cuotas y filiaciones.

Según los autores del informe, el consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda forma parte de un equipo estrechamente vinculado al PRI, aunque califica su desempeño como “institucional y destacada”. El vínculo con el PRI surge a partir de la relación laboral que tuvo con la exmagistrada electoral María del Carmen Alanís, plenamente identificada con el priismo.

Respecto a la consejera Gabriela Williams Salazar, añaden, arrastra un tufo partidista, en particular del PAN, a través del actual candidato a la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada.

Este vínculo surge de la relación que mantiene con Eduardo Arana Miraval, quien fungió como magistrado electoral en la Sala Regional del entonces Distrito Federal y más tarde fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con el respaldo del PAN.

La consejera Carolina del Ángel Cruz también se identifica con ese partido. Entre 2005 y 2012 trabajó con el entonces consejero Fernando Díaz Naranjo –quien ocupó dicha posición gracias a los buenos oficios del PAN– y representó a ese instituto político en litigios contra el INE, como consta en las sentencias SDF-JIN 102/2015 y su acumulado SDF-JIN103/2015, que interpuso contra el Consejo Distrital 5 de ese órgano en el DF (hoy CDMX).

A Del Ángel se le relaciona con Jorge Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la ALDF y cacique en Benito Juárez.

Y en lo concerniente a los consejeros Mauricio Huesca Rodríguez y Myriam Alarcón Reyes, el reporte de los legisladores de Morena menciona su proclividad al PRI. El primero, por su cercanía con María del Carmen Alanís cuando fue magistrada electoral en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ahí, Huesca Rodríguez fungió como secretario de Estudio y Cuenta.

Alarcón Reyes, por su parte, prestó sus servicios al grupo parlamentario del PRI en el Senado antes de ingresar al IECM, primero como titular de la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y ahora como consejera. Ella tiene una estrecha relación con el también consejero Yuri Beltrán.

Al consejero Bernardo Valle Monroy, siempre de acuerdo con el análisis citado, se le vincula con el PRD, en particular con el grupo que dirige el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF), Leonel Luna Estrada, y con el secretario de Educación del gobierno de la CDMX, Mauricio Rodríguez, quien, a su vez, responde a los intereses de Alejandra Barrales.

Valle Monroy ingresó al IECM desde su fundación impulsado por el PAN, pero en 2012, cuando se desempeñaba como secretario ejecutivo, se acercó al PRD y el partido lo arropó para formar parte del Consejo General del instituto.

En su análisis, los asesores de Morena advierten que la reforma político-electoral de 2014 –que buscaba reforzar la autonomía de los órganos electorales en las entidades federativas–, en el caso de la CDMX no ha funcionado del todo, pues “en la conformación del Consejo General del instituto se aprecia un claro reparto de cuotas entre PRI, PAN y PRD, con influencia de funcionarios electorales vinculados a estos partidos”.

Las áreas administrativas, destacan, tampoco han escapado a esa situación. Y ponen como ejemplo el caso de la Contraloría General:

“El Consejo General del IECM ha aceptado sin manifestar la más mínima oposición que desde la Asamblea Legislativa se distribuyan recursos de su presupuesto a la Contraloría, en una flagrante violación a su autonomía presupuestaria”.

El Expediente Toledo.

Los consejeros no han hecho ni el mínimo esfuerzo por impedir que la contraloría se llene de personal claramente identificado con Mauricio Toledo Gutiérrez, “El Tomate”, exjefe delegacional de Coyoacán y actual candidato a diputado federal, sostienen los asesores morenistas en su informe.

Toledo, dicen, es uno de los principales activos de Barrales, junto con Leonel Luna Estrada, “El Guatemalteco”; ambos rinden cuentas a su jefe político, Héctor Serrano Cortés, “El H”.

Toledo arrastra un negro historial en su carrera política, iniciada en 1980, cuando tenía sólo 17 años –hoy tiene 38–. Como titular de la delegación Coyoacán (2012-2015) fue señalado de corrupción y de amenazar a empresarios de la construcción por negarse a pagar un diezmo. En 2013 su entonces secretario particular, Eduardo Ramírez, fue detenido y recluido por sobornar a un empresario gasolinero.

Lucró también con el espacio público por medio de Valentín Maldonado, quien lo sucedió en la demarcación, pues otorgó permisos de uso de suelo, entre ellos el controvertido complejo comercial Be Grand Pedregal, y solapó un sinnúmero de proyectos inmobiliarios irregulares. Durante su gestión proliferaron las narcotienditas en los Culhuacanes, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco y Adolfo Ruiz Cortines, entre otras colonias.

Por si fuera poco, en 2015 fue acusado de la muerte de Óscar Favila, un trabajador de la delegación adscrito al área de Recursos Humanos que denunció a Toledo por actos de corrupción. Dos años más tarde también fue inculpado por el homicidio de Manuel Saavedra por un caso similar.

En su expediente, Toledo también carga con la acusación de privatizar los espacios deportivos. Un caso: cuando estuvo al frente de la delegación Coyoacán se invirtieron 3.5 millones de pesos en la rehabilitación del deportivo Espartaco. Cuando concluyeron los trabajos, lo puso en manos privadas.

Su red clientelar se extiende a los poderes Judicial y Legislativo. En 2013 maniobró para que su madre, Clementina Gutiérrez Durán, fuera asesora en la ALDF, donde cobraba más de 60 mil pesos al mes.

En el IECM “lo que ha hecho Toledo es usar un órgano autónomo, como la Contraloría General, con fines políticos, con la complacencia de los consejeros”, destacan los legisladores morenistas.

Para muestra un botón: el pasado 30 de abril el Consejo General del IECM aprobó en sesión pública modificaciones a la estructura orgánico-funcional de la Contraloría Interna, con el fin de fortalecer, implementar y adecuar la estructura y el programa de honorarios para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Para el efecto se le otorgó al IECM una partida extraordinaria de 8 millones de pesos.

A decir de los legisladores morenistas, dicha reforma en la Contraloría consistió en la apertura de por lo menos 35 nuevas plazas, mismas que –alertan– podrían terminar en manos de Toledo.

La red del exdelegado.

El polémico exjefe delegacional en Coyoacán tiene una vasta plantilla de colaboradores en la nómina de la Contraloría del IECM.

La lista la encabeza su hermano Nelson Toledo Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad. En mayo de 2014 Nelson fue exhibido en un video contando dinero y vales de despensa que presuntamente cobró a empleados como retribución económica por las plazas otorgadas.

También aparecen María de Lourdes Rodríguez Loustalot, cuñada de Nelson, con el cargo de secretaria de Unidad; Emma Arriaga Medina, quien se desempeña como coordinadora técnica de Proyectos y cobra 73 mil 300 pesos mensuales.

Emma –madre de Rodrigo Méndez Arriaga, director general de Desarrollo Social en la delegación Coyoacán durante la administración de Mauricio Toledo y en un tramo de la gestión de Valentín Maldonado– tiene abierta una investigación en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales por ofrecer tarjetas de apoyo económico a cambio de afiliarse al PRD.

Más nombres: Blanca Patricia Vaca Partida labora como supervisora grupo B, con un sueldo de 25 mil 374 pesos mensuales. Antes de incorporase al IECM fue jefa de la Unidad Departamental (JUD) de Orientación Jurídica de Los Culhuacanes, delegación Coyoacán, cuando Toledo era el titular de la demarcación.

Delia Quintero Martínez ocupó hasta el 31 de diciembre pasado la plaza de “técnico especializado”, a pesar de dedicarse a la crianza de niños. En 2015 fue JUD en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, también en Coyoacán.

Héctor Fernando Arellano Rivera aparece en la nómina con la plaza de Jefe de Departamento de Normativa y Consultiva a Procesos Electorales y Participativos de la Contraloría General. Es hermano de Diana Arellano Rivera, exdiputada constituyente del PRD que hoy labora en la Secretaría de Educación del gobierno de la CDMX, cuyo titular es Mauricio Rodríguez Alonso.

Johana Elvira Bahena Aguilar, jefa de Departamento en la Contraloría General. Entre 2014 y 2015, antes de incorporarse al IECM, era subdirectora de Asistencia Legal en Coyoacán.

Salomón Mendoza Inzunza tiene la plaza de auxiliar de Servicios; es hijo del exdirector Jurídico y de Gobierno de la misma demarcación.

Gustavo Elías Zamora Issa, Jefe de Departamento de Quejas y Denuncias también en Coyoacán, es hijo de Elías Issa Tovar, exdirector de Promoción Deportiva y actual secretario particular de Édgar Jiménez Santillán, quien está al frente de la dependencia.

Octavio Pérez García, subdirector consultivo de Apoyo a Comités, Quejas y Denuncias, es hijo de un operador de Toledo en la colonia Espartaco. Otro integrante de la red de Toledo en Coyoacán, Javier Guzmán Soto, es sub-contralor de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos y tío de Jean Carlos Javier Bautista, director territorial de Culhuacán.

Issac Paulino Garcés trabaja como analista y lo vinculan con un dirigente vecinal y operador de Toledo en la colonia Espartaco. Martha Nohemí Souza Suárez tiene una plaza similar y también es señalada como operadora de Toledo en la Unidad Habitacional El Hueso.

Saúl Meneses Flores, jefe de Departamento de Apoyo a Procesos Electorales y Participativos, es hijo del operador de Toledo en la colonia CTM VI Sección, mientras Carlos Alberto Larios Hernández, analista, es hijo del coordinador del Comité Ciudadano de la colonia Presidentes Ejidales.

La preocupación de Encinas.

Encinas externa su preocupación por la mezcolanza de intereses en el IECM y las proclividades partidistas en la jornada electoral del 1 de julio. Por eso, dice, él y otros compañeros de Morena decidieron reunirse con los consejeros para pedirles que se ciñan a la ley y se conduzcan con neutralidad.

Y cuando Beltrán Miranda replicó a los visitantes por qué pretendían una elección “inmaculada”, Encinas le respondió: “No, consejero, lo que queremos es una elección legal. Ni más ni menos”.

De acuerdo con la plataforma Juega Limpio, hasta la semana pasada se habían recibido 734 denuncias por presuntos delitos electorales, la mayoría de las cuales se concentraban en las delegaciones Iztapalapa (16.49%), Coyoacán (13.22%), Gustavo A. Madero (9.54%), Benito Juárez (8.31%) y Álvaro Obregón, 7.90%.