Elvira
levanta la vista. Abre un poco más los párpados. Un cálido brillo emerge de sus
redondos ojos negros que minutos antes lloraban al recordar a su esposo muerto
el 19 de febrero de 2006. Lleva las manos a su rostro. Suspira.
–No lo podíamos creer. El que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra queja
contra el Gobierno mexicano es una puerta que se abre; significa que nosotros
tenemos la razón. Esperamos ocho años para esto y vamos a seguir luchando por
el rescate –dice, con una apacible sonrisa.
En abril de 2018, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por
Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por
su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos,
la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los
parientes de las víctimas en la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, la
madrugada del 19 de febrero de 2006.
Pasaron ocho años para que el
organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de
febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la
Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de
600 familiares.
Pasta de
Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los
municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, los cuales, agrupan las ciudades de
Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México.
Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y
135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.
Nombrar en 2018 a Pasta de Conchos no
remite a una región; sino a una tragedia que lejos de llegar a su punto final,
se reproduce como si deseara permanecer.
Cristina
Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, lo
resume: “Pasta de Conchos visualiza la
tragedia de la minería del carbón: las malas condiciones de seguridad de sus
trabajadores, los salarios bajos, la pobreza en la que viven los mineros y la
brutal indolencia del Estado mexicano y de los empresarios”.
La mina pertenece a Industrial Minera
México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota
Velasco, el segundo
hombre más rico de México. Con una fortuna estimada en los 17 mil 300 millones
de dólares, Larrea Mota Velasco se ubica en el número 72 del ranking global de
los hombres con mayor fortuna del mundo, según la lista Forbes 2018.
La compañía del multimillonario,
quien semanas atrás acaparó la atención de los medios de comunicación porque
–al igual que otros empresarios– llamó a sus empleados a votar contra Andrés
Manuel López Obrador y contra un modelo económico populista, recibió la
concesión para Pasta de Conchos en 2009, durante el Gobierno del panista Felipe
Calderón Hinojosa.
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