El Tribunal Colegiado que ordenó la
creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa aceptó aclarar los
alcances de su resolución ante las dudas expresadas por la Presidencia de la
República y el Congreso de la Unión para su cumplimiento.
Los
magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede
en Reynosa, Tamaulipas, aceptaron revisar su propia resolución en su sesión del
próximo jueves, pero anticiparon que el
sentido del fallo se mantiene.
A través de
un acuerdo dado a conocer este martes 26, el
magistrado Mauricio Fernández de la Mora, integrante del Colegiado, se hizo
cargo de las peticiones de la Presidencia de la República y de la Cámara de
Diputados.
El 1 de
junio pasado, el Colegiado amparó a
cuatro detenidos que alegaron tortura a manos de agentes de la Procuraduría
General de la República (PGR) cuando fueron capturados por su presunta
responsabilidad en la detención y desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
Los magistrados, además, ordenaron al
Ejecutivo la creación de una Comisión de la Verdad en la que dan a los
familiares de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) la atribución de definir los lineamientos de una nueva investigación.
En esa
definición, dijeron que podrán
participar organismos internacionales, mientras que el Ministerio Público
federal estaría limitado a realizar las indagatorias.
En una
primera reacción, la PGR informó que el
fallo es contrario a la Constitución, que le da al MP la facultad de dirigir
las investigaciones.
Para la
creación de la Comisión de la Verdad, los magistrados pidieron al Ejecutivo
federal que solicite al Congreso los recursos que hagan posible el
funcionamiento de esa comisión.
En su revisión, los magistrados
tendrán que precisar las confusiones alegadas por ambos poderes para el
cumplimiento de la sentencia.
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