Un mes
después de los sismos de septiembre en México, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó
Paredón, en Chiapas. Se tomó selfies con los niños, les ofreció becas y se
comprometió a reparar los daños. “Ninguna escuela afectada por los sismos
quedará sin reconstruir”, dijo ante los maestros.
No fue cierto, no para todos y ni
siquiera hay claridad sobre cuántas escuelas sufrieron daños y qué tan serios
fueron.
Además, hasta el 31 de mayo pasado apenas se habían
hecho contratos por una décima parte del presupuesto asignado para las
escuelas, el más grande del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); y el 93% de
los contratos se han seguido otorgando por adjudicación directa, incluso
después de que la Secretaría de Gobernación determinara el fin de la
emergencia.
Primero, antes de que se cumplieran tres meses de
los sismos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya había reducido en el
papel el número de escuelas clasificadas con daños graves, sin que hubieran
recibido atención ni una evaluación adecuada.
De las tres
escalas de daño que se consideraron en septiembre –verde para las escuelas sin
daños o con daños leves, ámbar para las de daño parcial, y rojo para las que
tuvieron daño grave–, en octubre la
cifra de las escuelas consideradas con “daño grave” se redujeron a menos de la
mitad en los estados donde hubo afectaciones y a solo nueve planteles en la
Ciudad de México.
Y de estas últimas nueve, para mayo y
junio solo una había sido demolida por completo para ser reconstruida. Las
otras apenas habían sido reconstruidas parcialmente o, incluso, tenían
reparaciones menores.
Peor aún, un documento elaborado entre el 25 de
septiembre y el 16 de octubre de 2017 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi), que coordinó la revisión de las escuelas en la capital,
había definido inicialmente que eran 233 las escuelas con daños graves, un
número 25 veces mayor al que después anunciaría la SEP.
El Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), desconcentrado de la SEP, informó que este cambio se debía a que en las
siguientes revisiones se demostró que no era necesario reconstruirlas
totalmente tras una revisión con expertos, aun cuando no emitieron un nuevo
dictamen público.
Pero lo cierto es que esas primeras
revisiones –entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre– ni siquiera fueron
hechas por un corresponsable en seguridad estructural, el experto en
estructuras, según lo exige el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de
México, que especifica que: “Se debe registrar ante la Administración una
Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un
sismo cuando la misma lo determine, en la que un Corresponsable en Seguridad
Estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones
adecuadas de seguridad”.
El ingeniero Renato Berrón, director
general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones lo confirmó: “La
SEP no cumplió con ese requisito del reglamento”. Sin ello, no hay garantía que
las escuelas hayan sido evaluadas como lo requieren.
Hoy, nueve
meses después del sismo en el país hay 2
mil 916 planteles que todavía no reciben atención, el 14.5% del total de las
escuelas con daños, según el Instituto de Mexicano de la Competitividad (Imco)
y datos públicos de Fonden, el programa Escuelas al CIEN, fundaciones y algunos
de los estados.
Los cambios en el número de escuelas
afectadas no terminaron en 2017.
En marzo pasado, tres meses antes de
las elecciones presidenciales, el Inifed aumentó sin explicación la lista de
escuelas con daños menores y parciales de 18 mil a 20 mil planteles en todo el
país, y con ellos, las asignaciones económicas para su reconstrucción, como
confirmaron en entrevista.
Contradicciones
en los dictámenes.
Cuando a finales de septiembre el
ingeniero civil Eugenio Santín Blasco revisó la primaria Leonismo
Internacional, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, consideró
que la estructura no tenía daños graves visibles y entregó un dictamen en
verde.
A la vez, un director responsable de obra (DRO), un
profesional certificado, visitó la primaria Ángel Albino Corzo, que queda en la
parte de atrás de la Leonismo Internacional, y entregó un dictamen en ámbar,
que implicaba daños parciales sin necesidad de reconstrucción.
Unos días después, el 4 de octubre,
el ingeniero y arquitecto Juan Carlos Martínez, también DRO, escribió en el
dictamen que el mismo edificio presentaba “asentamiento o hundimiento y daños
en los muros” y cambió el color del diagnóstico a rojo.
Los tres dictámenes se referían al
mismo edificio que comparten las dos escuelas: en la primera planta opera la Leonismo
Internacional, y en la segunda trabajan los alumnos de la Ángel Albino
Corzo.
Carmen Ordax, madre de una alumna de
la Leonismo Internacional, cuenta que los papás se escandalizaron.
–Entonces, ¿llegaron a tener tres dictámenes: uno
verde, ¿uno ámbar y uno rojo?
–No… tenemos como 10 dictámenes
–responde Ordax mientras busca las fotos de los daños en su celular.
Después de
ver la ambigüedad de las evaluaciones, los padres pidieron más revisiones a la
SEP, a la Delegación y al Instituto de la Seguridad de las Construcciones, pero tampoco ellos se pusieron de acuerdo y
ahora ni siquiera aparece la categoría de daños del plantel en la plataforma de
reconstrucción de la Ciudad de México.
El sismo puso en evidencia que ni la
SEP, ni el INIFED, ni los gobiernos estatales contaban con un protocolo de
actuación para revisar las escuelas que habían resultado dañadas.
En el caso
de la Ciudad de México, en pocas horas, las autoridades locales determinaron
que la primera evaluación post-sismo de todos los inmuebles sería ocular y
tendría dos hojas: una con los datos de la escuela y el estado del edificio, y
otra con una recomendación sobre si era necesaria o no una revisión más a
fondo. Al final, había un apartado donde
se decidía el color del semáforo. Si la escuela estaba en verde, entregaban un
dictamen de seguridad estructural gratuito que permitía pegarlo en la puerta y
retomar las clases. Si no, implicaba hacer obras antes de reabrir.
El 27 de septiembre, ante los
miembros del gabinete legal y ampliado, gobernadores, representantes
empresariales y medios de comunicación, el secretario de Educación Pública
anunció que en el país había 577 escuelas con daños graves que necesitaban
reconstrucción total.
La danza de
cifras sobre el número total de escuelas dañadas continuó. Apenas había pasado
una semana desde el sismo, y todo parecía indicar que serían muchas más. Nuño pidió paciencia y aseguró que se
contaba con los recursos para la reconstrucción. Pero en menos de un mes, sin
haber comenzado ninguna obra ni haber ofrecido ninguna explicación, se redujo
la lista de escuelas con daños graves a 210, menos de la mitad.
De un plumazo, las otras 367 escuelas
que, según el primer reporte, necesitaban ser demolidas por el deterioro en su
estructura desaparecieron del mapa de la reconstrucción y pasaron a engrosar
las listas de reparaciones parciales o trabajos menores.
En la Ciudad
de México fue similar.
El ex comisionado para la
Reconstrucción en la Ciudad de México, Ricardo Becerra, dijo que la
desconfianza entre la población era grande y cada persona quería un dictamen
que le diera certeza de la seguridad de su escuela. Así, unos pedían dictamen a
la delegación, otros a Protección Civil de la Ciudad de México y otros
contrataban uno particular, y cada uno resultó con evaluaciones de varios DRO
con distintos grados de daños.
Al igual que
en la Leonismo Internacional, en
octubre, un grupo de papás de la escuela República Popular Socialista de
Albania, en Iztapalapa, decidió no llevar a sus hijos a clase porque
desconfiaban de los dictámenes de seguridad estructural que había en las
puertas.
A ellos se fueron sumando otros
colegios, como la primaria Holanda, también en Iztapalapa, o la secundaria
técnica 41, en la delegación Gustavo A. Madero, donde los padres denunciaron
que habían recibido un dictamen favorable pese a que las escaleras estaban
fracturadas y el edificio de la dirección hundido.
El cambio en
los dictámenes de daños de las escuelas no se limita a estos casos.
Inifed recibió los dictámenes de los
DRO coordinados por Seduvi, pero en sus comunicados oficiales mostró resultados
diferentes. Eso sembró dudas entre algunas comunidades escolares sobre por qué,
cómo y quién había tenido la última palabra sobre cuál era el dictamen válido.
El jefe de
la oficina de enlace institucional del Inifed, Luis Fernando Domínguez, explicó que al principio se registraron más
escuelas con daños graves porque los DRO prefirieron hacer diagnósticos
conservadores. “En ese momento de crisis de las primeras semanas, ningún DRO
jugaba en la rayita. Por así ponerlo, jugaba en la raya de decir: ‘Si es verde,
yo lo pongo en ámbar. Yo no voy a ser quien lo ponga en verde, no vaya a ser
que pase una tragedia’”, señala.
Lo que no explica es que las
revisiones se hicieron en menos de un mes, de forma voluntaria y no todas
contaron con el experto que indica la ley.
Al solicitar los dictámenes de
evaluación de las escuelas a distintas dependencias locales y federales,
incluidas la SEP, Inifed, Seduvi y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, todas alegaron que no era de su competencia y que no contaban con tales
registros, pese a que Seduvi se encargó de concentrarlos y de entregarlos a la
SEP.
Fue la Autoridad Educativa Federal
para la Ciudad de México, órgano descentralizado de la SEP, la que entregó vía
la ley de transparencia más de mil 200 páginas de dictámenes de escuelas de la
Ciudad de México, con el logotipo de la Secretaría de Obras local. “Ellos son
los competentes en materia de obras, nosotros en educación”, explicaron en Educación Pública.
El problema comenzó a hacerse visible
cuando las personas intentaron regresar a la normalidad. Los padres de familia
no podían llevar a sus hijos a las escuelas porque estaban cerradas por falta
de evaluación o tenían daños visibles y no las consideraban seguras, según los
testimonios de padres de familia entrevistados.
Para finales
de septiembre, cuando la SEP e Inifed
comenzaban a dimensionar los daños que habían sufrido las escuelas, era ya
difícil generar algún tipo de certidumbre entre los padres. A diferencia de
otros estados, en la Ciudad de Mexico, el gobierno federal está a cargo de la
infraestructura educativa. Aunque al inicio los reportes de daños eran bajos,
con el tiempo se sabría que en la Ciudad de México 1,830 escuelas, el 65%,
tuvieron algún tipo de afectación, según publicó Inifed.
Ante las
protestas de algunos padres, Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal
de Servicios Educativos en la Ciudad de México, aseguró que todas las escuelas
de la capital serían revisadas por un DRO, que verificaría que las
construcciones estén apegadas a las normas vigentes.
El
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México es claro: después de un sismo, las escuelas deben ser
revisadas por un corresponsable en seguridad estructural, un profesional que
posee un grado de especialidad mayor. Pero esto no fue así. Como indica Berrón,
director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, “era
imposible que se revisaran todas”.
La razón es
que en la Ciudad de México sólo hay 102
corresponsables de seguridad estructural con cédula vigente, que resultaron
insuficientes para atender los 2,800 planteles. Sin embargo, a nueve meses
después de los sismos, esas revisiones siguen sin hacerse.
El DRO es como un ‘médico general’ de
las edificaciones, explica Berrón. “Si la ve mal o enferma, el médico puede dar
una receta, pero no le puede dar una constancia de salud. Es lo mismo con los
edificios. La constancia de salud se llama constancia de seguridad estructural.
Pero hay muchos planteles educativos, a mí me consta, que no cumplen con las
especificaciones del reglamento porque están muy deteriorados. En su gran
mayoría vamos a encontrarle algo a las escuelas”.
“Para la emergencia había que echar
mano de todo el mundo, de quien quisiera ayudar”, explica el presidente de la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Francisco García. “El DRO tiene un
conocimiento general de todo”, dice, pero cuando la construcción tiene una
importancia mayor, como las escuelas, “se requiere a un corresponsable en
seguridad estructural para que apoye al DRO en la supervisión de esa obra. Esto
es por reglamento”.
Contratos a
discreción.
En un cálculo definitivo, la SEP
anunció que la reconstrucción de las escuelas costaría 20 mil millones de
pesos.
Las escuelas recibieron 9 mil 116
millones de pesos del Fonden, el rubro que más recursos obtuvo, por encima
incluso de vivienda. La SEP contó además con 6 mil 731 millones de pesos del programa
Escuelas al CIEN, que sustituyó los planteles programados para recibir atención
por los que resultaron afectados por el sismo; y 700 millones de pesos del
Programa Reforma Educativa (PRE), que se han destinado a los planteles con daño
menor.
Además, se esperaba que los seguros de atención de
daños compensaran las pérdidas con al menos mil 800 millones de pesos, de un
total de daños de 20 mil millones de pesos. Sólo podrán cobrarse en 7 mil de
las 20 mil escuelas dañadas, debido a que en algunos casos, los daños son más
bajos que el costo del decucible, explicó el Inifed.
Sin embargo,
en estos nueve meses sólo se ha hecho
contratos por una décima parte de ese presupuesto, según el portal de compras
públicas Compranet. Hasta el 31 de mayo apenas había 912 contratos por 1,667
millones de pesos. El 93% había sido entregado a empresas por adjudicación
directa y sólo en 17 casos se celebró una licitación pública, como se reporta
en Compranet.
Aunque la emergencia permitía hacer
contratos por adjudicación directa, para mediados de marzo, cuando iniciaban
las campañas, la Secretaría de Gobernación ya había dado por terminada la
emergencia en la mayoría de las entidades afectadas. Pese a eso, en los meses
siguientes se hicieron 80 adjudicaciones directas más.
Además, la
póliza de seguro contratadas por la SEP con la empresa Grupo Mexicano de
Seguros S.A. de CV sólo se ha podido cobrar en 7,000 planteles, de un total de
20,000 escuelas con daños, explica Domínguez, el funcionario del Infed. “En los planteles con daño menor, ni
siquiera es válido o posible tratar de cobrar alguna indemnización, ya que no
rebasan el valor del deducible”, señala. Sin embargo, hasta marzo, sólo había
dinero de la aseguradora para 736 escuelas por 648.9 millones de pesos, según la
información que compartieron a través de una solicitud de transparencia.
Después, la aseguradora es la que contrata
directamente a la empresa, por lo que no hay mecanismos de transparencia para
rastrear cuáles son las empresas que reciben estos contratos, ni la forma de
asignación y cumplimiento de los contratos de obra. “Nosotros seleccionamos
el plantel. Validamos técnica y normativamente el proyecto ejecutivo”, dice
Domínguez.
*Este
reportaje fue realizado por Irene Larraz y Nadia Sanders en el marco de la
Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del
International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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