Democracia sin Pobreza.

Javier Risco.

Uno de los ejercicios en pro de la democracia de este proceso electoral más interesantes es el proyecto Democracia sin Pobreza. Su objetivo es mapear los lugares donde se reportó compra o coacción del voto. A través de tres vías la información es recolectada: la primera, por medio de un formulario llenado por ciudadanos reportando el hecho en tiempo real; la otra, el monitoreo de más de 70 medios nacionales en relación a la compra de votos, y las condiciones de opacidad de los programas de desarrollo social. Así, por primera vez en la historia de las elecciones mexicanas, se obtuvo un mapa detallado de los lugares donde se trató de comprar el voto, menuda muestra de la corrupción que nos incluye.

Aunque vienen días de intensa compra –es evidente que la jornada donde se replica más esta práctica es el día de la elección–, ayer hicieron un corte de caja del proyecto, presentando una encuesta para conocer el alcance de esta trampa electoral, y el resultado es un México que avanza hacia la madurez democrática, al menos caminamos hacia la esperanza.

De acuerdo con la encuesta realizada por Data OPM, patrocinada por Democracia sin Pobreza: “en el curso del proceso electoral de 2018, 33.5 por ciento de los encuestados –que equivalen a 30 millones de votantes elegibles en la lista nominal– estuvo expuesto a la compra del voto por alguno de los partidos políticos que participan en la contienda que culminará el próximo domingo.

“A pesar de que el intento fue intenso y masivo, entre quienes estuvieron expuestos a las ofertas de compra del voto poco más de la mitad rechazó ofrecimientos de dinero, tarjetas, bienes o promesas de incorporación a programas sociales –según consignan los resultados de la encuesta–, lo que representaría una respuesta madura de los ciudadanos”.

¿Y qué partidos fueron los que incurrieron en esta práctica? De acuerdo con el comunicado publicado, la oferta de compra de voto se dio por parte de todos los partidos políticos nacionales, lo cual es una buena noticia porque “pulverizó sus potenciales efectos en los resultados de los comicios”; si esta práctica dañina es generalizada, se anula su resultado y no es determinante, por lo menos para elecciones de gran tamaño; en el caso de elecciones locales y cerradas, sí podría tener algún tipo de injerencia.

De este 33.5 por ciento de mexicanos expuesto a esta práctica, 17.3 por ciento de la población rechazó los objetos o el dinero; un 10.2 sí aceptó algún tipo de regalo y 6.0 por ciento recibió sólo promesas que se cumplirían después de las elecciones.

Democracia sin Pobreza señala que tal vez lo más preocupante es que 2.5 por ciento de los encuestados declaró que los que se acercaron a ellos para comprar su voto se quedaron con su credencial de elector; cerca de 2.3 millones de personas sólo serán espectadores del proceso porque su credencial será devuelta hasta después del 1 de julio.

Aplaudo este esfuerzo de la sociedad civil con las autoridades electorales, ahora viene la parte de las consecuencias: de nada sirve tener un mapa del mapacheo y la compra de votos, si no existen responsables multados o en la cárcel. Pero no sólo hay que sancionar a esos que hacen trabajo de campo y que reparten millones de pesos, la acción de las autoridades debe llegar a las cúpulas de poder de los partidos. Este gran esfuerzo llamado Democracia sin Pobreza sólo es una parte de la solución, se aplaude la madurez política de esos 15 millones de mexicanos que dijeron no, pero hay que trabajar en la consciencia de esos que normalizaron la práctica. Hoy tenemos esta evidencia, caminamos hacia un país donde los corruptos son expuestos, insisto: hay esperanza.