El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador cumplió su promesa de campaña de bajar el gasto en publicidad oficial,
pero el referente que utilizó para la reducción no fueron los recursos
aprobados por el Congreso, sino lo gastado por el gobierno de Enrique Peña
Nieto este año.
De acuerdo
con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el gobierno del tabasqueño proyecta gastar 4 mil 258
millones de pesos en comunicación social, lo que supera los recursos que
inicialmente se pretendía recortar a las universidades públicas.
Además, esos
recursos se ejercerán conforme a la llamada Ley Chayote, que entrará en vigor
el 1 de enero y que fue aprobada por la mayoría del PRI en la pasada
legislatura.
La Ley General de Comunicación Social
enfrenta varios juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
porque mantiene la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, sin
ajustarse a los criterios internacionales de transparencia y rendición de
cuentas.
El Colectivo
#MediosLibres, que pide la abrogación de
la ley, considera que los 4 mil 258 millones de pesos presupuestados siguen
siendo un gasto excesivo, comparado con los recortes originalmente previsto a
las universidades, como el Programa Nacional de Becas (Pronabes) que había sido
recortado a la mitad, a dos mil 615 millones de pesos.
Integrado
por organizaciones de la sociedad civil y periodistas, el colectivo señala que el gobierno no ha justificado cómo se
presupuestó esa cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se
basó.
En la
propuesta gubernamental se busca que, de
los 4 mil 258 millones de pesos, la Secretaría de Gobernación (Segob) ejerza
mil 786 millones para comunicación social, 854% más que los 180 millones
presupuestados para este año.
La llamada Ley Chayote centraliza en
la Segob las facultades y recursos de la política de comunicación del Ejecutivo
Federal.
#MediosLibres
ha insistido en que la Ley debe
abrogarse porque mantiene el uso discrecional de los recursos y contribuye a
que la publicidad oficial controle las líneas editoriales de los medios,
“generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la
libertad de expresión y el derecho a la información”.
En octubre pasado, el colectivo
presentó una iniciativa de ley para derogar la #LeyChayote, pero el
subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, ha dicho que el gobierno esperará a
que la SCJN resuelva los juicios constitucionales contra la ley.
El colectivo
sostiene que la austeridad anunciada por
López Obrador no será efectiva si el presupuesto no fija topes para la
modificación del gasto en comunicación social, como ocurrido en el sexenio
anterior, que se gastó cerca de 60 mil millones de pesos, más del doble de lo
autorizado en los presupuestos anuales.
Tan sólo el
año pasado, el Congreso aprobó tres mil
278 millones, aunque después la cifra se modificó a ocho mil 439 millones de
pesos.
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