La Fiscalía General del Chihuahua
reiniciará el juicio por el delito de peculado, contra el exsecretario general
adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el desvío de un
millón 739 mil pesos del erario estatal.
El juez de
control fijó una audiencia intermedia a
realizarse el próximo 24 de enero, que dará la pauta al juicio formal en el
cual, de ser encontrado culpable, recibiría una pena de cuatro años de prisión
como mínimo, informó el consejero jurídico de gobierno estatal, Jorge Espinoza
Cortés.
Una sentencia condenatoria en ese sentido
no considera ningún tipo de beneficio, es decir, Gutiérrez no
podría enfrentarla en libertad condicional, explicó.
Recordó que cuando se le notificó de
esta acusación, la defensa del exsenador buscaba “federalizar” este proceso
penal a través de la figura de conflicto competencial 12/2018, tal como se hizo
con la acusación por el desvío de 250 millones de pesos, de la que fue
exculpado por la Procuraduría General de la República, antes del término de la
administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Pero en este caso dicho conflicto se
declaró sin materia por el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del
primer circuito.
De acuerdo
con la información de la carpeta de investigación, conocida en los juzgados
durante las audiencias públicas, el
desvío de los 1.7 millones de pesos se habría cometido en 2015, cuando en
contubernio con funcionarios del gobierno del Estado, fueron otorgados
contratos a dos de las empresas de Gutiérrez, para la prestación de servicios
que nunca se efectuaron.
Uno de los contratos se pactó con la
empresa Jet Combustibles, S.A. de C.V., por medio de la cual presuntamente se
simuló el servicio de “traslado de personal”, en un avión Cessna Citation II,
por el cual le fueron pagados 904 mil 579 pesos.
El otro contrato se firmó con la
empresa Promotora de Señalamientos Integral, S.A. de C.V., que prestaría el
servicio de “mantenimiento de edificios” y por el cual Gobierno del Estado pagó
835 mil 420 pesos.
Gutiérrez
Gutiérrez detenido hace un año en la ciudad de Saltillo, Coahuila, actualmente
tiene como medidas cautelares la prohibición de salir de la ciudad de
Chihuahua, además de portar de manera permanente un brazalete con sistema de
localización satelital.
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