Por Jesusa
Cervantes.
Luego del rechazo de la sociedad
civil y partidos de oposición a que la Guardia Nacional esté bajo mando
militar, Morena modificó la iniciativa y propuso que la Secretaría de la
Defensa Nacional tenga el control tan sólo durante los primeros cinco años;
posteriormente lo cederá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Dicho cambio, más otros tres
centrales, no generaron el respaldo de PAN, PRD y MC durante la votación en la
Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, Morena y el Partido Encuentro
Social (PES) lograron sumar 18 votos a favor, por lo que se aprobó en lo
general el dictamen que modifica 13 artículos de la Constitución y crea siete
transitorios para dar paso a la nueva Guardia Nacional.
El PRI
estuvo ausente en la votación, pero, horas antes, durante los posicionamientos,
aclaró a través de la diputada María Alemán: “no encontramos condiciones
suficientes que nos permitan definir nuestro voto”.
Al final se lograron 18 votos a favor
(16 de Morena y dos del PES), seis en contra (PAN tres, MC dos y PRD uno). En total son 33
quienes integran la comisión; el PRI, que cuenta con tres votos, no acudió; el
PVEM, que tiene uno, tampoco asistió; el PT, que tiene dos, no estuvo, y
faltaron dos diputados del PAN y uno de Morena.
El nuevo dictamen incluye reformas a
13 artículos de la Constitución, los cuales dan paso a la creación de la
Guardia Nacional. Para lograr el respaldo de los partidos opositores, Morena
cabildeó entre los gobernadores y, desde la noche del miércoles, corrió la
versión de que estaban de acuerdo.
Sin embargo, el PRI dejó en suspenso su voto; se
espera que este último vote a favor en el pleno el día de mañana viernes y
lograr así los 334 votos que se requieren para los cambios constitucionales.
La modificación central del dictamen establece
que el mando lo tenga la Secretaría de la Defensa Nacional, pero “por un plazo
máximo de cinco años, como excepción”, y transcurrido el tiempo, estará en
forma “permanente” bajo la égida de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana.
El segundo cambio que se establece y
con el cual se busca obtener el respaldo de la oposición en el pleno de la
Cámara de Diputados es que el Congreso “podrá disolver” la Guardia con el voto
de las dos terceras partes. Sin embargo, el articulado no define en cuáles
casos se podrá realizar tal disolución.
Un tercer cambio es que la Guardia
Nacional sólo podrá entrar en funciones una vez que se expidan la Ley Orgánica
de la Guardia Nacional y la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Ello deberá
ocurrir durante los meses de enero y febrero. Así, la Guardia Nacional
empezaría a operar oficialmente a partir del 1 de marzo de 2019.
Y el cuarto
cambio es la precisión de que los
detenidos serán “sin demora y exclusivamente” puestos bajo la custodia de las
autoridades civiles, nunca militares.
“Los detenidos deberán ser puestos a
disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil” y,
“en todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención”, se indica
en el artículo 16 de la Constitución. La propuesta inicial no contenía tiempos,
exclusividad ni registro.
Unido a la
anterior disposición y para atender las demandas de la sociedad civil, Morena sumó al artículo 13 que las faltas
contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia
Nacional “serán conocidas por las autoridades militares”. La primera versión
solo incluía que serían conocidas por la autoridad civil; ésta se mantiene.
La nueva
propuesta también incluye que el
Presidente de la República puede “ordenar”, “disponer” y “reglamentar” las
policías auxiliares de los estados, los cuerpos de seguridad privada
autorizados por la federación, y las “herramientas tecnológicas aplicadas a la
seguridad pública, de conformidad con la ley respectiva”. No se aclara si se
refiere a la autorización para escuchas privadas.
La nueva confección de reforma a los
13 artículos constitucionales impone obligaciones para los gobiernos locales y
les condiciona la entrega de recursos económicos en materia de seguridad
pública.
Por ejemplo,
señala tres revisiones: durante los tres
primeros años, el gobierno realizará un programa de reestructuración orgánica y
funcional, así como el fortalecimiento de las capacidades de las policías
civiles.
Al segundo
año de entrada en vigor la Guardia
Nacional, el Ejecutivo Federal enviará a ambas cámaras una evaluación y los
alcances logrados.
También en esos dos años, el Consejo de Seguridad
Interior, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, hará un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y
las capacidades de las instituciones de seguridad pública de la federación,
estados y municipios.
Dicha evaluación servirá para
establecer si las policías municipales ya se pueden encargar de la seguridad
pública. De no ser así, el Secretariado Ejecutivo intervendrá a la policía
estatal o municipal. Y se les capacitará.
Seis meses
después, si persiste la falta de
fortaleza institucional que no permita a las policías asumir su función, no se
les entregará el dinero que les corresponde para atender la seguridad pública:
“Descontará el rubro de
participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la
entidad federativa o del municipio respectivo, el monto que corresponda por la
prestación del servicio de seguridad pública que realiza la federación a través
del cuerpo de seguridad respectivo”.
La discusión
del dictamen se realizó con un par de tropiezos que llevaron a la Comisión de
Puntos Constitucionales a trasladarse a otro salón de sesiones.
Primero, cuando aún se discutía el orden del día,
Alfredo Lecona, integrante de la agrupación civil Seguridad sin Guerra, se
ubicó en el panel o cartel que forma parte del escenario e identifica a la
Comisión de Puntos Constitucionales, y escribió sobre ella: “aquí no se
escucha” y “No a la mili…” En ese momento fue interceptado por elementos de
seguridad de la cámara y se declaró un receso.
Después, luego de que Morena anunció que habría
cambios (los arriba descritos), se dio un receso de dos horas y media para que
la oposición los conociera. Al intentar reanudar la sesión, los colectivos
Seguridad sin Guerra, Causa en Común y Cencos se sentaron en los lugares de la
presidencia, por lo que el encuentro se trasladó al llamado “salón verde”.
Luego de
varias horas de discusión, el dictamen
fue avalado en lo general y lo particular, con la ausencia del PRI. Minutos después
de la votación en lo general, se permitió hablar al dirigente de la agrupación
Seguridad Sin Guerra, Alfredo Lecona, quien dijo que Alfonso Durazo les mintió
pues les había asegurado que la Guardia Nacional estaba “desechada”. Sin
embargo, y aunque no se escuchó a las víctimas, sostuvo, “les damos un voto de
confianza”.
Mañana viernes se dará primera
lectura en el pleno para votarse el domingo, donde se espera que Morena-PES-PT
y PVEM, que juntos suman 311 votos, cuenten con el respaldo del PRI (47 votos)
para alcanzar así los 334 votos para poder aprobar cambios a la Constitución.
De inmediato pasará al Senado de la
República para su discusión y, en caso de ser avalado, pasará a los Congresos
estatales en busca del respaldo de por lo menos 17 de ellos.
La noche del
miércoles se corrió la versión de que los gobernadores de todos los partidos
estaban a favor de la creación de la Guardia Nacional.
Antorcha
Campesina bloquea accesos a la Cámara para exigir recursos.
La Cámara de Diputados fue tomada
desde las primeras horas de esta mañana por integrantes de la agrupación
priista Antorcha Campesina.
Desde las 8:00 de la mañana los
Antorchistas se apostaron en todas las entradas vehiculares de San Lázaro y
cerca de las 10:00 de la mañana cerraron los accesos peatonales.
Cada año esa agrupación recurre a
esas prácticas en demanda de recursos públicos vía programas para el campo.
Se espera
que en el transcurso del fin de semana se apruebe el Presupuesto de Egresos de
la federación.
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