Diego Petersen
Farah.
López Obrador está dispuesto a
militarizar no solo la seguridad, también la obra púbica y el desarrollo
urbano. Nunca habíamos visto tal presencia del Ejercito en el gobierno. Nos
quejamos, con razón, de la militarización en el gobierno de Felipe Calderón que
aumentó el presupuesto de las Secretarías de Defensa y Marina de manera
desproporcionada, en el nuevo gobierno las cosas van más allá y más de prisa.
Convertir la base militar de Santa
Lucía en el nuevo aeropuerto es una decisión polémica, con virtudes y defectos,
pero que ya está tomada. Que el aeropuerto lo construyan los militares usando
el proyecto de la Terminal 2 de la ciudad de México es meter a las fuerzas
armadas al manejo de recursos públicos, con los inconvenientes y riesgos que
ello tiene. La única explicación es que
lo que busca AMLO es evadir las licitaciones y los “engorrosos” trámites de la
administración público, pero ¿van las fuerzas armadas a transparentar cada peso
que ejerzan?, ¿responderán a las solicitudes de información?, ¿se someterán a
la vigilancia externa que implica un proyecto de esta magnitud? Este no es un
asunto de seguridad nacional, si el Ejército de mete de contratista habrá que
tratarlo como contratista y si por algún motivo estalla un escándalo de
corrupción el descrédito no será para X o Y ingeniero militar sino para la
Sedena.
Por si esto
no fuera suficiente, el Ejército se
convertirá también en un desarrollador inmobiliario en los terrenos de la
antigua fábrica de armas para, con ese dinero, construir bases militares en
todo el país. Tiene toda la lógica del mundo deshacerse de activos de alto
valor económico que ya no aportan valor estratégico y operativo para destinar
ese recurso a centros que sí lo tengan, pero, otra vez, meter al Ejército a
hacer negocios conlleva el riesgo de la corrupción y el descrédito.
Suponiendo que no habrá corrupción
porque los miembros de las fuerzas armadas ya fueron todos tocados por el manto
salvador del presidente, más riesgoso aún que meter al Ejercito a los negocios
es aprobar la Guardia Nacional tal como ha sido propuesta por Morena. Un mando
único militar para una guardia nacional militar, con esquema operativo militar
no puede sino terminar en la imposición de una lógica militar de la seguridad
pública, exactamente lo mismo que Morena criticó de la Ley de seguridad
interior y que la Corte ya declaró inconstitucional. Reformar la constitución
para darle el mando único de la seguridad a un mando militar, más allá de los
efectos perversos en materia de derechos humanos, terminará de nuevo en la
Corte con un desgaste inútil para todos.
Ninguna solución al problema de
seguridad es mágica ni de corto plazo. Tener autorizada la guardia nacional en
fast track como quiere el secretario de seguridad Alfonso Durazo no adelantará
resultados, pero si puede meter al país en un callejón sin salida.
Nunca
habíamos visto un presidente que se apoyara tanto en las fuerzas armadas para
gobernar. Esta transformación no la entiendo.
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