Dolia
Estévez.
El anuncio de que Estados Unidos se “comprometió”
a invertir 5.8 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en
Guatemala, Honduras y El Salvador, es fundamentalmente un gesto simbólico. Un
ejercicio de relaciones públicas para aminorar tensiones en momentos en que
Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump parecen tener un pacto implícito de
no agresión. Ninguno busca bronca. Los líos legales empiezan a ahogar a Trump y
AMLO no quiere embrollos que lo distraigan de su proyecto de “paz y justicia”.
Así como el
nuevo gobierno pide separar el pasado del presente, también conviene separar la
realidad de la ficción. Pese a las
cuentas alegres de Marcelo Ebrard, la mayor parte de esos 5.8 mmdd no son
recursos frescos sino “refritos” que ya fueron erogados o presupuestados. Sólo
2.5 mmdd tiene el potencial de ser dinero nuevo. El monto, de aterrizar, no
vendría del erario estadounidense. Serían inversiones y préstamos del sector
privado avalados por la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero
(OPIC), agencia oficial facilitadora de capital privado para proyectos de
desarrollo “viables” (18/12/2018, Departamento de Estado). De ahí que resulta
una burla comparar el monto al “Plan Marshall”, el masivo proyecto de
reconstrucción de los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial.
Si Trump verdaderamente creyera que
la solución al problema migratorio está en el plan de ayuda económica que
promueve López Obrador, dejaría de insistir en el muro. Pero no. El día del
anuncio, Trump amenazó con clausurar el gobierno federal si el Congreso no le
da 5 mmdd para su construcción. La solución no pasa por la ayuda sino se topa
con el muro.
Ayudar a gobiernos extranjeros con el
único propósito de desalentar la migración creando empleos y oportunidades no
es un concepto de mediano o largo plazo que Trump sea capaz de entender. Trump
vive en otro mundo donde el asistencialismo no tiene cabida. Si por él fuera
eliminaría los programas estadounidenses para las personas que viven por debajo
de la línea de pobreza, la “red de seguridad” social que da atención médica,
medicamentos y alimentos gratuitos a los más pobres.
Trump ha amenazado con recortar toda
la ayuda a los países centroamericanos. Sólo ha podido reducirla. Dato duro: la
Administración Trump bajó la ayuda para Centroamérica de 600 millones de
dólares en 2017 y 2018 a 180 mdd en 2019, un recorte de dos terceras partes
(Ofician de Washington para Latinoamérica). El desprecio de Trump hacia las naciones
centroamericanas ha llegado al extremo de llamar a El Salvador “país de
mierda”. Trump cree en la separación de familias migrantes como táctica de
disuasión y en traumatizar a menores de edad confinándolos en centros de detención
por tiempo indefinido. Trump es cruel.
John Feeley, diplomático de carrera que renunció como
Embajador de Estados Unidos en Panamá a principios de año, me dijo que Trump no
cree en el concepto de ayuda internacional a no ser que sirva como “palanca
para lubricar un acuerdo” migratorio a modo.
Explica: “Dar dinero a un gobierno extranjero
simplemente para que prospere lo suficiente hasta el punto de que sus
ciudadanos no se vean forzados a emigrar no es una herramienta de la diplomacia
que Trump considera legítima. Aunque muchos en el Congreso de Estados Unidos, y
los Departamentos de Estado y Seguridad Interna apoyan el concepto, veo muy
difícil que el gobierno Trump ponga dinero serio detrás de la idea”.
Los demócratas–que a partir de enero
asumirán el liderazgo de la Cámara de Representantes–recibieron con
escepticismo el anuncio de Ebrard, ratificado por el Departamento de Estado en
una árida declaración que desglosa la ayuda ficción. El congresista Eliot
Engel, quien se vislumbra como próximo Presidente del Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara Baja, llamó “retórico” el “compromiso” conjunto sobre
nuevo financiamiento para la región.
Estados Unidos no tardó en dar a
conocer el pacto que la presunta ayuda “lubricó”. En un “significativo triunfo
diplomático” para la Administración Trump, el gobierno de López Obrador aceptó
convertirse en “antesala” de ciudadanos de terceros países, principalmente
centroamericanos, que buscan asilo en Estados Unidos. El acuerdo fue precedido
por “delicadas pláticas” para “engatusar” al nuevo gobierno mexicano (20/12/2018, The Washington Post).
La pobreza y la violencia en el
llamado Triángulo del Norte son sin duda los grandes incentivos para que la
gente huya. No ayuda, sin embargo, la corrupción. Tres botones de muestra: el
hermano del Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue acusado en Miami
de tráfico de drogas a gran escala; el presidente de Guatemala Jimmy Morales,
echó del país a un grupo de la ONU que investigaba la corrupción en su
gobierno; el candidato presidencial puntero en El Salvador ha amenazado con
encarcelar al fiscal anticorrupción de ese país.
Hablar de inversiones multimillonarias
para Centroamérica y México, aún cuando son cifras simbólicas, introduce un
elemento de realidad a la narrativa sobre migración. Trump seguirá insistiendo
en el muro, mintiendo que México lo está pagando “indirectamente”, pero con
menos credibilidad y apoyo fuera de su base dura. A partir de 2019 habrá una
nueva correlación de fuerzas en Washington que, queremos creer, será menos
obcecada.
Mientras,
van mis buenos deseos y gratitud.
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