viernes, 21 de diciembre de 2018

Perdón por tanta cifra, pero era necesaria.


Dolia Estévez.

El anuncio de que Estados Unidos se “comprometió” a invertir 5.8 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en Guatemala, Honduras y El Salvador, es fundamentalmente un gesto simbólico. Un ejercicio de relaciones públicas para aminorar tensiones en momentos en que Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump parecen tener un pacto implícito de no agresión. Ninguno busca bronca. Los líos legales empiezan a ahogar a Trump y AMLO no quiere embrollos que lo distraigan de su proyecto de “paz y justicia”.

Así como el nuevo gobierno pide separar el pasado del presente, también conviene separar la realidad de la ficción. Pese a las cuentas alegres de Marcelo Ebrard, la mayor parte de esos 5.8 mmdd no son recursos frescos sino “refritos” que ya fueron erogados o presupuestados. Sólo 2.5 mmdd tiene el potencial de ser dinero nuevo. El monto, de aterrizar, no vendría del erario estadounidense. Serían inversiones y préstamos del sector privado avalados por la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), agencia oficial facilitadora de capital privado para proyectos de desarrollo “viables” (18/12/2018, Departamento de Estado). De ahí que resulta una burla comparar el monto al “Plan Marshall”, el masivo proyecto de reconstrucción de los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial.

Si Trump verdaderamente creyera que la solución al problema migratorio está en el plan de ayuda económica que promueve López Obrador, dejaría de insistir en el muro. Pero no. El día del anuncio, Trump amenazó con clausurar el gobierno federal si el Congreso no le da 5 mmdd para su construcción. La solución no pasa por la ayuda sino se topa con el muro.

Ayudar a gobiernos extranjeros con el único propósito de desalentar la migración creando empleos y oportunidades no es un concepto de mediano o largo plazo que Trump sea capaz de entender. Trump vive en otro mundo donde el asistencialismo no tiene cabida. Si por él fuera eliminaría los programas estadounidenses para las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, la “red de seguridad” social que da atención médica, medicamentos y alimentos gratuitos a los más pobres.

Trump ha amenazado con recortar toda la ayuda a los países centroamericanos. Sólo ha podido reducirla. Dato duro: la Administración Trump bajó la ayuda para Centroamérica de 600 millones de dólares en 2017 y 2018 a 180 mdd en 2019, un recorte de dos terceras partes (Ofician de Washington para Latinoamérica). El desprecio de Trump hacia las naciones centroamericanas ha llegado al extremo de llamar a El Salvador “país de mierda”. Trump cree en la separación de familias migrantes como táctica de disuasión y en traumatizar a menores de edad confinándolos en centros de detención por tiempo indefinido. Trump es cruel.

John Feeley, diplomático de carrera que renunció como Embajador de Estados Unidos en Panamá a principios de año, me dijo que Trump no cree en el concepto de ayuda internacional a no ser que sirva como “palanca para lubricar un acuerdo” migratorio a modo.

Explica: “Dar dinero a un gobierno extranjero simplemente para que prospere lo suficiente hasta el punto de que sus ciudadanos no se vean forzados a emigrar no es una herramienta de la diplomacia que Trump considera legítima. Aunque muchos en el Congreso de Estados Unidos, y los Departamentos de Estado y Seguridad Interna apoyan el concepto, veo muy difícil que el gobierno Trump ponga dinero serio detrás de la idea”.

Los demócratas–que a partir de enero asumirán el liderazgo de la Cámara de Representantes–recibieron con escepticismo el anuncio de Ebrard, ratificado por el Departamento de Estado en una árida declaración que desglosa la ayuda ficción. El congresista Eliot Engel, quien se vislumbra como próximo Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, llamó “retórico” el “compromiso” conjunto sobre nuevo financiamiento para la región.

Estados Unidos no tardó en dar a conocer el pacto que la presunta ayuda “lubricó”. En un “significativo triunfo diplomático” para la Administración Trump, el gobierno de López Obrador aceptó convertirse en “antesala” de ciudadanos de terceros países, principalmente centroamericanos, que buscan asilo en Estados Unidos. El acuerdo fue precedido por “delicadas pláticas” para “engatusar” al nuevo gobierno mexicano (20/12/2018, The Washington Post).

La pobreza y la violencia en el llamado Triángulo del Norte son sin duda los grandes incentivos para que la gente huya. No ayuda, sin embargo, la corrupción. Tres botones de muestra: el hermano del Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue acusado en Miami de tráfico de drogas a gran escala; el presidente de Guatemala Jimmy Morales, echó del país a un grupo de la ONU que investigaba la corrupción en su gobierno; el candidato presidencial puntero en El Salvador ha amenazado con encarcelar al fiscal anticorrupción de ese país.

Hablar de inversiones multimillonarias para Centroamérica y México, aún cuando son cifras simbólicas, introduce un elemento de realidad a la narrativa sobre migración. Trump seguirá insistiendo en el muro, mintiendo que México lo está pagando “indirectamente”, pero con menos credibilidad y apoyo fuera de su base dura. A partir de 2019 habrá una nueva correlación de fuerzas en Washington que, queremos creer, será menos obcecada.

Mientras, van mis buenos deseos y gratitud.

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