Leo: morir a manos del estado.

Arnoldo Cuellar.

Guanajuato sigue siendo un estado de alta migración, pese al crecimiento económico de los últimos años. Tener un trabajo continuo en la industria de la construcción en Texas no se puede comparar con una plaza en cualquiera de las empresas del clúster automotriz de la entidad.

Esa era la historia de Leonardo Reyes Cayente, un joven de 23 años originario de una modesta comunidad de San Miguel Allende, San Damián, donde apenas habitan 50 familias. A los 16 años abandonó familia, comunidad y escuela para iniciar una aventura en Dallas.

Siete años después tenía una trayectoria como obrero de la construcción, apoyaba a su familia y nunca olvidaba regresar a una comunidad perdida en la inmensidad de la geografía semidesértica del norte de Guanajuato, para vivir las festividades del lugar que lo vio nacer, pero también para jugar futbol con los amigos.

A sus 23 años, Leo no podrá seguir haciendo eso que le gustaba, tampoco podrá seguir apoyando a su familia, dándole algo parecido al bienestar y muchas alegrías. Leonardo estuvo en el lugar equivocado cuando unos policías estatales, de acuerdo a su propia argumentación “respondieron con fuerza letal a un ataque letal en su contra”.

¿Alguien puede creer que un joven que a sus 23 años tenía una forma honesta de vivir en los Estados Unidos y era apreciado por amigos y familiares, se iba a enzarzar en una disputa a balazos con policías perfectamente identificados?

Pero más allá de esa duda, tenemos la versión de la familia que habla de una agresión injustificada y una manipulación de la escena donde murió el joven, en la que los policías tuvieron mucho tiempo para mover los indicios a su antojo.

Por su parte, la comisionada de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana, órgano recién creado y que depende desconcentradamente de la Secretaría de Gobierno, Sophia Huett López, decidió convertirse simplemente en una vocera de la Secretaría de Seguridad y exponer la versión del parte policiaco, sin abrir espacio a ninguna otra perspectiva del hecho.

Lo peor de todo es que la investigación, que debiera ser imparcial, no lo será porque estará a cargo del procurador de justicia Carlos Zamarripa, el mejor amigo, el compadre y protector del secretario de seguridad responsable de los elementos que ultimaron a Leonardo.

Ese es el problema de fondo. Con la decisión de ratificar a Zamarripa como procurador de justicia y postularlo como el futuro e inminente fiscal general del estado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha decidido prolongar esta fórmula de un funcionario que no solo no tiene autonomía, sino que es todo un factótum político dentro de la estructura gubernamental.

Zamarripa no solo ha sido ineficiente para atender la problemática general de inseguridad, sino que basa su fuerza en las complicidades internas que ha construido al interior de la estructura política del PAN – Gobierno.

El próximo fiscal general nunca podrá realizar una investigación objetiva que involucre responsabilidades de sus compañeros de gabinete, sino que incluso utilizará la información y el propio proceso para negociar políticamente, aumentar su poder y hacer intercambios de favores. Es la fórmula exacta para consolidar un cacicazgo político-policial, por encima de cualquier otra instancia institucional.

Menos puede esperarse de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que desde que es encabezada por Raúl Montero de Alba se ha manejado como una institución refaccionaria del gobierno estatal, mediatizadora de los reclamos de las víctimas y cómplice de innumerables abusos de poder.

Con la decisión de poner al servicio de la versión policial a la nueva comisión de análisis y estrategia para la seguridad, su titular vulnera la posibilidad de que a esta instancia pudiesen recurrir los ciudadanos para buscar la mejoría de la función policial. Poco se puede esperar también del consejo empresarial a modo construido solo para convalidar y no para supervisar la actuación de las fuerzas de seguridad.

¿Habrá alguna esperanza de que los diputados de la mayoría panista que aseguraron que su apoyo a Zamarripa no era “un cheque en blanco”, estén al pendiente de la investigación que realizará la PGJE sobre la muerte de Leo? Difícilmente, dada su evidente falta de autonomía y su supeditación a la agenda y los intereses políticos de la oficina del gobernador.

La actuación de los elementos de la policía estatal que concluyó con la muerte de Leonardo Reyes puede haber violado leyes y protocolos, pero probablemente lo que más lamentan Zamarripa y Cabeza de Vaca es su terrible sentido de la oportunidad.

Lo que de acuerdo con la familia y los amigos de Leo podría ser una más de las historias de abuso de autoridad, de uso excesivo de la fuerza y de violencia de estado, se volverá emblemática al ocurrir justo cuando se debaten las terribles consecuencias que traerá consigo la designación de un fiscal carnal en Guanajuato.

Por lo pronto, el estreno de la flamante comisionada Sophia Huett ya dio la pauta: el aparato oficial no ve más que una sola versión de los hechos: la criminalización del joven migrante y la justificación de su muerte bajo protocolos que resultarían inadmisibles en cualquier sociedad civilizada. Ya ni siquiera hace falta que Zamarripa investigue y que un juez emita una sentencia: el estado ya decidió que la vida de un joven de 23 años no vale nada y que la muerte, en Guanajuato, tiene permiso.

Si en esto consistía el golpe de timón, mejor que nos dejen como estábamos.