Al menos 184 activistas, luchadores
sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sólo en Chiapas se perpetraron 16 de
esos crímenes.
Este jueves se hizo público el
resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de
personas defensoras de derechos humanos en México, realizada de manera
ininterrumpida por el Comité Cerezo México durante el sexenio de Peña Nieto, que
inició el 1 de diciembre de 2012 y concluyó el pasado 30 de noviembre.
El documento
detalla que la mayoría de los casos
fueron registrados por Acción Urgente Para Defensores de Derechos Humanos AC,
Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
Se trata de ejecuciones
extrajudiciales, es
decir, violaciones a los derechos
humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o
aquiescencia.
En total suman 184 ejecuciones
realizadas por motivos políticos, o sea, como una forma de castigo por la
actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas
defensoras estaban realizando.
El Comité
Cerezo México precisó que, como nunca,
en los años 2016, 2017 y 2018 se presentó una cifra tan elevada de asesinatos a
manos de agentes del Estado.
En 2016 la cifra empezó a
incrementarse y llegó a 37 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente.
2017 fue el año con el mayor número de casos, 52, y este año se contabilizaron
40 ejecuciones extrajudiciales.
Los estados de la República mexicana
que concentran la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales son Oaxaca y
Guerrero, y si sumamos las cometidas en Chiapas, Veracruz y Chihuahua suman 134
casos. El resto, 50, se reparten en 18 estados más.
Según esas
cifras, la práctica de la ejecución
extrajudicial tuvo un aumento en los tres últimos años del gobierno de Peña y
alcanzó la cúspide en 2017, cuando se alcanzó la cifra de 52 personas
defensoras de derechos humanos víctimas de esa práctica.
El Comité
Cerezo México, junto con Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC,
exigió al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos
humanos, y la mejor forma –apuntó– es iniciar un proceso de justicia
transicional, que desde los derechos humanos exige una Comisión de la Verdad
que devele las causas económicas, políticas y sociales que fomentaron esta
práctica de la ejecución extrajudicial en México, y posteriormente la sanción a
los perpetradores materiales, intelectuales y beneficiarios de estas graves violaciones
a los derechos humanos.
De Igual
manera, sugirió al Ejecutivo federal que
es el momento idóneo para aprobar la propuesta de iniciativa de Ley General
para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra
Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, entregada a la
Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.
El fin del neoliberalismo y de la
persecución política en México, subrayó, exige crear una ley general que
también proteja el derecho a defender los derechos humanos y prevenga, proteja,
investigue y repare el daño de los defensores de derechos humanos agredidos por
su labor.
Señaló que creerán en un cambio real
en México si se investiga y aclara quién usó, en contra de muchos defensores de
derechos humanos, el programa de intervención telefónica “Pegasus” de
manufactura israelí.
“Si efectivamente se aprueba una Ley
de Amnistía u otros mecanismos que permitan la libertad de todos los presos por
motivos políticos en México; si se aprueba la Ley General para proteger a los
defensores de derechos humanos, y si en los próximos informes de documentación
de violaciones a los derechos humanos (…) la cifra disminuye, sólo si todo esto
sucede podríamos decir con certeza que México por lo menos está dejando de lado
la política neoliberal de represión política, lo que generará mejores condiciones
para el trabajo de defensa de los defensores de derechos humanos en nuestro
país”, concluyó.
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