Por Sanjuana
Martínez.
Sabemos que las universidades
públicas en los estados han sido el coto de poder y la caja chica de los
gobernadores en turno y que el puesto de Rector es más un puesto político que
un puesto académico.
No es necesario inventar el hilo
negro si sostengo que los altos presupuestos de las universidades públicas se
han convertido en nido de corruptelas y de inmensas brechas salariales entre
directivos, privilegiados y maestros por horas o de base e investigadores.
Bajo el argumento de la “autonomía
universitaria”, algunas universidades públicas han gozado de la opacidad y han
convertido la práctica de la simulación en el pan de cada día, para ocultar sus
tranzas y corruptelas.
Sólo hay que revisar el libro de La
Estafa maestra, una investigación periodística de Nayeli Roldán, Manu Ureste y
Miriam Castillo que exhibe como el Gobierno mexicano desvió alrededor de 8 mil
millones de pesos sólo entre 2013 y 2014 a través de 8 universidades públicas:
Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de
Comalcalco, Universidad Tecnológica de Tabasco, Universidad Juárez de Tabasco,
Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad del Carmen en Campeche,
Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de
la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict).
Con esta información,
creo que ha llegado la hora de abrir la
cloaca que existen en algunas universidades públicas. Es urgente hacer
auditorías independientes, privadas, además de las auditorías internas que
tienen las universidades.
El recorte del 6 por ciento anunciado
en un principio por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las universidades
fue corregido. Pero antes de ello, hubiera sido necesario auditar a las máximas
casas de estudios. Nunca es tarde para hacerlo. Creo que los universitarios y
los mexicanos merecemos transparencia en el uso de nuestro dinero.
Obviamente, esto lo consideran una agresión contra los
santuarios intocables como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
donde existe la sombra de la corrupción y del derroche en el uso de su
presupuesto.
Los casos de corrupción en el alma
máter de México han sido públicos y notorios. El año pasado, por ejemplo, se descubrió que un grupo de profesores de
la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón que recibieron una beca del
Conacyt, ocupaban también una plaza de tiempo completo, algo violatorio a los
reglamentos internos y federales. Lo mismo pasa con profesores que reciben
privilegios que trabajan en la UNAM y al mismo tiempo reciben un dinero extra
por sus trabajos de investigación. Profesores que trabajan tienen un salario y
al mismo tiempo gozan de una buena beca.
Tal vez por eso, han protestado y
exigido una auditoría independiente, estudiantes de la UNAM y de la Universidad
de Guadalajara la (UdeG), que se encuentra bajo el dominio de Raúl Padilla,
presidente de la FIL de Guadalajara y su grupo político ahora vinculado al
Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) con el Gobernador
Enrique Alfaro Ramírez. La UdeG ha sido la caja chica de Padilla desde hace
décadas y ahora también de Alfaro.
El reparto inequitativo de los
millonarios presupuestos de las universidades ha generado un legítimo
descontento entre la comunidad universitaria estudiantil y académica.
Los
estudiantes de la Red Estudiantil por la Democracia exigen al Congreso de la Unión y al Secretario de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, y a la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el fin de las mafias enquistadas en la
UNAM, la UdeG, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el IPN.
La presencia predominante del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en la
UNAM y en las demás ha sido clave en el rechazo de la reducción del
presupuesto.
Es evidente que unos cuantos viven de
este presupuesto y gozan de privilegios como los altos salarios para rectores,
funcionarios, y un grupo de docentes que se aprovecha de las partidas
presupuestarias para viajes al extranjero o investigaciones poco claras.
Por ejemplo,
en la UNAM un director de facultad
percibe 107 mil 951 pesos al mes, 21.7 veces más que un maestro o un ayudante
de asignatura, que recibe una percepción de 4 mil 963 pesos.
De acuerdo
al tabulador de sueldos del personal académico de la UNAM del 2017, un profesor o un investigador ordinario de
carrera tiene un sueldo de tan sólo 7 mil 29 pesos con 44 centavos; mientras un
ayudante de profesor recibe 3 mil 718 pesos con 92 centavos y el técnico
académico ordinario obtiene un total de 3 mil 564 pesos con 92 centavos.
De hecho, hace unos días varios maestros publicaron
sus recibos para demostrar que ganaban 2 mil pesos. Existen facultados o
escuelas donde pagan de 60 a 100 pesos la hora de clase.
De hecho, algunos rectores ganan más que los
gobernadores. Por ejemplo, el Rector
de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, ha gozado de un jugoso salario: 177 mil 969
pesos; 54 mil 553 pesos por el cargo y 126 341 pesos por “percepciones
adicionales”. Hace unos días, el Rector Graue anunció que pretende adecuarse a
la “austeridad republicana” y se bajara su sueldo 22 mil pesos, aunque no
aclaró a cuanto realmente asciende su salario.
La brecha salarial en la UNAM es
realmente un insulto al trabajo y dedicación de miles de maestros que
sobreviven con salarios miserables, sueldos de hambre. Y es también un insulto
frente al derroche por los pagos que la máxima casa de estudios hace a
conferencistas como la opinóloga Denise Dresser, famosa por cobrar jugosas
cantidades por sus exposiciones, pagos que van desde 50 hasta 450 mil pesos,
realizados a través de partidos políticos como el Partido Acción Nacional
(PAN), universidades públicas como la UNAM, u organizaciones empresariales como
la Coparmex.
La educación pública en México
atraviesa por una grave crisis y un lamentable proceso de privatización. Las
colegiaturas son altas frente a la mala calidad de la educación. Las
universidades públicas deben dejar de ser la caja chica de los gobernadores.
Urge abrir cloacas y eso solo se logrará con auditorías privadas e
independientes que muestren el nivel de podredumbre que actualmente existe.
Incrementar el nivel académico de las
universidades públicas exige una redistribución de sus presupuestos, el urgente
incremento salarial a miles de maestros y el fin de privilegios y corruptelas.
El
Secretario de Educación, Esteban
Moctezuma, está obligado a abrir la caja de pandora de las universidades para
hacer una buena limpia e iniciar un proceso de depuración y renovación moral en
el uso de nuestro dinero.
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