El Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) llamó al
Senado de la República a no eliminar la compensación universal, pues de lo
contrario, subrayó, habrá una desaceleración de la actividad económica.
Mediante un
comunicado, el organismo presidido por
Juan Pablo Castañón destacó que la medida propuesta por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador va en contra de la simplificación fiscal que necesita el
país y afectaría la liquidez de las empresas –particularmente las pequeñas y
medianas– e incluso de las personas con actividad empresarial.
“La propuesta obligaría a realizar de manera
separada e independiente el pago de impuestos y la reclamación de devoluciones
al fisco, generando mayores costos administrativos y contables, así como
retrasando lo que hoy es inmediato, en un proceso que podría tomar de tres a
nueve meses”, detalló.
De acuerdo
con el CCE, “eliminar la compensación
universal tendría un claro impacto negativo en los costos financieros de las
empresas, con el consecuente impacto en el nivel de precios al consumidor, el
pago a proveedores, la liquidez y el flujo de efectivo necesario para la
continuidad de muchas de empresas. Así, afectaría el crecimiento económico y en
última instancia los ingresos tributarios que hoy pretenden elevarse”.
Si el objetivo es reducir la evasión
fiscal, el sector empresarial propuso que se establezca una cláusula que
prevea, para los contribuyentes cumplidos, supuestos en los que siga aplicando
la compensación universal.
A través de
reglas de carácter general, abundó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría permitir la continuidad de la
compensación universal a los contribuyentes que cuenten con un historial de
cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales.
La compensación universal de
impuestos federales, que ha funcionado desde 2004, ofrece la posibilidad a las
empresas de compensar saldos a favor de un impuesto contra saldos a cargo de
otros, evitando transacciones innecesarias y garantizando que el pago de
impuestos y las devoluciones fiscales se realicen de manera inmediata, agregó.
En cambio, el nuevo esquema que se plantea con la
inclusión del artículo 25 fracción VI de la Ley de Ingresos 2019, pretende
eliminar esta posibilidad.
“Al pretender combatir a quienes
evaden impuestos se perjudicaría a todos los que sí cumplen de manera
responsable con sus obligaciones fiscales. Más que solucionar el problema de
raíz, crea otro más severo, particularmente en aquellos sectores que generan
saldos a favor de manera recurrente, como el sector agropecuario y
agroindustrial, o la industria maquiladora y manufacturera de exportación, y el
sector de medicinas”,
aclaró el CCE.
De igual
manera, aseguró que los problemas de
liquidez y complejidad en la tributación afectarán especialmente a las empresas
más pequeñas –que son más del 99% de las empresas de este país–, e incluso a
personas físicas con actividad empresarial.
“Es fundamental que la autoridad
dirija sus esfuerzos de fiscalización a quienes evaden impuestos, en lugar de
establecer medidas que afecten a toda la economía en general”, enfatizó el organismo empresarial.
Según Juan
Pablo Castañón, las implicaciones
financieras de eliminar la compensación universal podrían resultar incluso en
el cierre de empresas y la consecuente pérdida de miles de empleos en el país.
“El Consejo Coordinador Empresarial
insta al Senado de la República a reconsiderar y enmendar este error. Ante la
reducción en las expectativas de crecimiento para 2019, México necesita
acelerar su actividad productiva creando un ambiente propicio para el
desarrollo de las empresas”, remató.
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