Salvador
Camarena.
En medio de la discusión para sacar
adelante las leyes del nuevo modelo de seguridad pública, los legisladores de
Morena estarían a punto de buscar modificaciones legales para regular a las
empresas de seguridad privada que operan en el país.
Hay versiones que hablan de que en el
Congreso de la Unión incluso se estaría por discutir un cambio más a la
Constitución, a fin de darle esa potestad, la de regular la seguridad privada,
al mismísimo ya saben quién, por lo que tendrían que modificar el Artículo 89
de la Constitución, que es el que establece facultades y obligaciones del
presidente de la República.
El cambio ha provocado que algunos de
los actores involucrados en ese creciente sector respinguen, pues verían
afectados sus muy discrecionales márgenes de maniobra.
En abril
pasado, en la anterior Legislatura, el
PRI aprovechó su peso mayoritario en el Senado para sacar, de manera un tanto
sorpresiva y con quejas de la entonces oposición, una ley que presuntamente
regularía esas empresas.
Una nota de
La Jornada de la sesión en que se aprobó la
nueva ley apuntaba que “el presidente de la comisión de Seguridad Pública, el
priista Ernesto Gándara, dijo que el objeto de esta ley es regular la seguridad
privada ‘como auxiliar’ de la función pública de seguridad. Poner un orden en
esa actividad, y definir claramente las competencias y la base de coordinación entre
la Federación y las entidades federativas, con el fin de lograr la homologación
a nivel nacional de los requisitos y modalidades”.
En esa ocasión, el sonorense
puntualizó que en el país hay 6 mil empresas dedicadas a la seguridad privada,
“pero únicamente 3 mil 640 están debidamente acreditadas. De esas últimas, mil
232 cuentan con permiso federal y 2 mil 408, con permisos locales, y 2 mil 300
operan sin registro y sin personal certificado. Ese sector aporta el 1.4 por
ciento del Producto Interno Bruto y laboran más de 500 mil efectivos, que
prestan 300 mil horas diarias de vigilancia”.
(https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/25/con-prisas-aprueba-senado-ley-general-de-seguridad-privada-8033.html)
Un
especialista consultado me explicó ayer
que se puede decir que todas las corporaciones policíacas (municipales,
estatales y federales) e incluso militares del país, apenas si tienen el mismo
número de integrantes que aquellos que trabajan para empresas de seguridad
privada, cuyo número calcula en 750 mil.
Aunque en la
ley pasada por el Senado el 24 de abril ya
se establece que los integrantes de las policías privadas pueden ser llamados a
asistir a las autoridades en situaciones de emergencia o algunas labores de
investigación y prevención del delito, el especialista consultado advirtió que
no se puede echar mano así como así de esta especie de banca o reserva, porque
su realidad está plagada de guardias que operan sin los debidos controles de
confianza o sin la certificación de competencias policiales.
En esa
sesión, el entonces senador Manuel Bartlett, de Morena, y hoy director de la
Comisión Federal de Electricidad, denunció
que la ley aprobada ese abril era antifederalista y que incluso se abría la
posibilidad a que las guardias privadas fueran usadas para el espionaje. Y si
ya Bartlett se preocupa por el espionaje, pues qué decir.
Hoy, con una nueva realidad en el
Congreso de la Unión, y en medio de la polémica por la inminente aprobación de
la ley que instalará una Guardia Nacional donde las Fuerzas Armadas tendrán el
rol principal, trasciende que Morena también se alista para meter mano en las
compañías de seguridad privada (incluso ya se habla de que existe un
anteproyecto).
El problema es si con una burocracia
reducida como la que distinguirá (es un decir) a este gobierno federal, se
podrá hacer frente al reto administrativo que es evaluar a esos cientos de
miles de elementos que están en esas compañías privadas, cuando al mismo tiempo
hay que poner en pie la Guardia Nacional que Andrés Manuel López Obrador
quiere.
Esta columna
reaparecerá el 3 de enero. Gracias a los lectores por tanto este año. Y felices
fiestas.
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