Martí Batres.
En diciembre
del 2012, apenas unos días después de haber iniciado el sexenio de Enrique Peña
Nieto, ya se estaba votando su primera reforma, a la que acertadamente se
denominó como “la mal llamada reforma educativa”.
En efecto,
aún y cuando se presentó como reforma educativa, su contenido era eminentemente
administrativo y laboral. Su objetivo formal fundamental era establecer un
nuevo régimen de ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el sistema
público de educación básica.
Y entre sus
objetivos políticos estaba el sometimiento de los sindicatos magisteriales.
La reforma educativa del presidente
Enrique Peña Nieto se acompañó de fuertes acciones represivas hacia el
magisterio y las comunidades que acompañaron a los maestros que protestaron
contra dicha decisión.
Parecía que
esta reforma “educativa” haría realidad la máxima que reza: “la letra con
sangre entra “.
Institucionalmente,
la reforma de Peña Nieto se empeñó en
crear un sistema de evaluación personal y estandarizado que no calificó al
profesor frente al grupo, que no tomó en cuenta las desigualdades regionales,
que no estudió los problemas alimentarios de los educandos ni la ausencia de
planteles e infraestructura en muchos lugares ni los bajos salarios de los
maestros.
Sin contenidos pedagógicos ni
educativos, la reforma sólo sirvió para atemorizar al magisterio con exámenes
de los que se derivaría su permanencia o salida de la docencia. A eso se le
llamó: evaluación
punitiva.
Por eso, en la reciente reforma educativa, aprobada
por las cámaras federales en los primeros días de mayo de 2019, llama la atención
el abundante contenido educativo y pedagógico. Podemos decir, que ahora sí
estamos ante una reforma educativa.
Para
empezar, por primera vez el Estado asume
la obligación de impartir educación en todos los niveles, desde la inicial
hasta la superior.
Se deja claramente establecida la
rectoría del Estado en la educación.
Se determina
que la educación pública será
obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Se introduce un enfoque de derechos
humanos, de igualdad sustantiva, libertades, cultura para la paz y honestidad
en la educación.
Se reconoce a las maestras y maestros
como agentes fundamentales del proceso educativo.
Se crea un sistema integral de
formación, de capacitación y de actualización docente.
Se sustituye la evaluación punitiva
por la evaluación diagnóstica para la planeación.
Se sustituye el órgano evaluador por
un órgano formador.
Se crea la carrera de las maestras y
maestros en funciones docente, directiva o de supervisión.
El Estado fortalecerá a las
instituciones públicas de formación docente, en especial a las escuelas
normales y garantizará que materiales didácticos y planteles sean idóneos para
los fines de la educación.
Los planes y programas tendrán
perspectiva de género.
La educación será integral e incluirá
ciencias y humanidades; matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia,
geografía, civismo, filosofía, tecnología, lenguas indígenas, lenguas
extranjeras, deporte, artes, cuidado del medio ambiente y educación sexual y
reproductiva.
Se impulsarán acciones alimentarias
en las escuelas de educación básica de alta marginación.
La educación será inclusiva y se
eliminarán barreras a través del principio de accesibilidad. Se promoverá el
respeto y reconocimiento de las diferencias entre personas y comunidades.
El concepto
de calidad, más asociado a la producción, es sustituido por el de excelencia,
entendido como máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Se fomenta el pensamiento crítico y
el vínculo entre escuela y comunidad.
Se instituye el derecho de acceder a
los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica.
Y se crea el Sistema Nacional de Mejora
Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público
descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión
y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.
En fin,
ahora sí, habemus reforma educativa.
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