Por Pablo Gómez.
La primera renuncia en el gabinete de Andrés Manuel López
Obrador proviene de divergencias en el plano de la administración. Germán
Martínez ha dicho algo al respecto. Sin embargo, al quejarse de la corrupción que corroe al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), se abstuvo de presentar diagnóstico y plan de combate
contra ese flagelo.
Como es de
comprenderse, lo trascendente no es la separación de Germán Martínez, sino el
debate sobre los planes del gobierno de López Obrador para combatir la
corrupción a lo largo y ancho de la administración pública. ¿Es posible
alcanzar el éxito si se comienza con hacer concesiones a los circuitos de la
gran corrupción? Sabemos que no se puede de un momento a otro acabar con la
mordida callejera y de ventanilla, pero eso no debería poder decirse de la
corrupción realizada por mafias que operan dentro y fuera del Estado.
La austeridad es un
tema diferente al de la lucha contra la corrupción, aunque uno y otro tienen
muchas conexiones. Una administración austera no busca gastar menos, sino más,
pero en lo que es debido, sin derroche. La plataforma de lucha contra la
corrupción no busca “ahorrar” dinero, sino evitar el robo, con lo que se
preservan fondos para usarlos en otros propósitos señalados como prioritarios.
Se han reducido
programas y partidas de gasto puramente operativo, burocrático, pero sobre todo
se han combatido sobreprecios, desviación de fondos, aviadurías, moches y
grandes mordidas, amén de huachicoleos. Esto apenas empieza; así lo debemos
esperar y exigir.
Si López Obrador
aflojara el paso, de seguro que el nuevo gobierno fracasaría. Precios alterados
de insumos, pagos en demasía, negocios con recursos públicos, concesiones
amañadas, contratos a modo, peculados y muchas más formas de corrupción han
formado parte del sistema político. No estamos hablando de “vicios”, sino de
articulaciones delincuenciales construidas dentro del poder político.
Queda por completo
claro que el Estado corrupto no existe en forma aislada, sino articulado a la
economía y a la cultura. No debería, por tanto, combatirse sólo mediante tiros
de precisión, por lo que se está usando la denuncia pública y el
desmantelamiento de estructuras legales para modificar al Estado, incluyendo
políticas como las salariales y las garantías de derechos sociales.
A México, como a otros
países, le ha tocado un capitalismo salvajemente neoliberal, pero al mismo
tiempo una de las peores combinaciones de aquél: la corrupción como sistema. De
tal suerte, la redistribución del ingreso y el establecimiento del Estado
democrático y social no son factibles sin un proceso simultáneo de
desarticulación del Estado corrupto.
Las cifras de
condonaciones fiscales dadas a conocer por Andrés Manuel hace unos días se nos
revelan como una fotografía política: véase el primer año de mandato de Peña
Nieto, con más de 200 mil millones de pesos de impuestos condonados, que fueron
parte del pago de financiamientos políticos ilícitos y demás apoyos para gastos
electorales y para otros mecanismos de poder. Todas las aportaciones privadas
se pagaban y, al mismo tiempo, en esas exacciones se creaban nuevos fondos para
financiar la futura actividad política. Ésta, en México, ha sido muy cara: de
una forma o de otra todo el dinero tenía que ser aportado por el Estado.
La nueva administración
no podía arribar a entidades y organismos públicos con la idea de ir mejorando
las cosas. Esa actitud hubiera sido un error fatal. Si se quiere transformar
hay que remover el aparato administrativo anterior. Esto incluye al Seguro
Social, donde desde tiempos muy remotos ha sido una tradición ocupar las delegaciones
en los estados como referentes políticos de grupos y figuras del poder. Ya no
se hable, por sabido, de los sobreprecios de los insumos médicos: esos sí que
son “inhumanos”.
Pero como es hasta
cierto punto natural, cada error administrativo ha de ser magnificado por los
conservadores para defender su viejo Estado corrupto. Hasta ahora, la
resistencia ha sido moderada, pero quizá pronto se haga virulenta. Si el
gobierno de AMLO mantiene la firmeza suficiente podrá ganar esa lucha. Pero si
empezara a postergar acciones y a ceder ante los circuitos de la corrupción con
sus referentes en empresas y políticos tradicionales, todo se vendría abajo. Es
más, para algunos, el ritmo actual es aún lento y no va a tomar velocidad
organizando insustanciales subastas de aviones y automóviles, las cuales
resultan ridículas en lugar de espectaculares.
Si no se admite el
freno o la tesis de la cautela, entonces es preciso empujar. Si así fuera, se
podría empezar a combatir la corrupción cotidiana, la que golpea más
directamente a la ciudadanía: bajar hasta el primer peldaño de la escalera, el
más alejado de la cúspide del poder.
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