Por Isaín
Mandujano.
Cientos de policías federales,
estatales y municipales, así como elementos de Protección Civil y otras
unidades de emergencia, desplegaron un operativo policiaco para desalojar a
familias de tres asentamientos irregulares en la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional del Cañón del Sumidero.
La Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) dio a conocer que desde esta madrugada, se desarrolló un operativo
coordinado con fuerzas del orden público de la Fiscalía General de la República,
Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, Policía Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y brigadistas
comunitarios de la Comisión Nacional, para la recuperación de zonas invadidas a
lo largo de varios kilómetros en los límites del Parque Nacional Cañón del
Sumidero.
El operativo se realizó para
desalojar a invasores de los predios denominados Los Limones, La Fortuna y
Ampliación Las Granjas.
En uno de
los asentamientos se desmantelaron 130
casas de lámina, madera y concreto y ahí se conminó al grupo de invasores a que
se retiraran del sitio permitiéndoles recuperar sus pertenencias y salir del
lugar.
Las
autoridades dejaron de manifiesto que
las acciones de invasión a la propiedad federal delimitada por el polígono del
PN Cañón del Sumidero, constituye un delito ambiental en contra de la
biodiversidad y daño patrimonial derivado de la ocupación irregular de un bien
perteneciente a la nación.
Del lugar se retiró a un grupo de 150
personas, se levantaron residuos de basura y se estableció un cerco de
vigilancia en la zona con elementos de seguridad para evitar que el sitio sea
ocupado nuevamente.
La CONANP dijo que continuará con los procedimientos
respectivos derivados de las demás denuncias presentadas ante las instancias
correspondientes por delitos del fuero federal, en afectación del PN Cañón del
Sumidero, las cuales continúan en procedimiento jurídico, en apego a los
procedimientos de ley y dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal
acusatorio.
La CONANP continuará con las acciones de
conservación, restauración y de manejo, señaladas en el programa del Área
Natural Protegida que será dado conocer en fechas próximas y que se apegará al
nuevo decreto en la materia.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el operativo de desalojo y
refirió que fueron recuperadas 21 hectáreas de los los predios “La Fortuna”,
“Las Granjas I” y Ampliación Los Limones, aunque según el Consejo Asesor del
Parque Nacional Cañón del Sumidero, integrado por miembros de la sociedad
civil, académicos, prestadores de servicios turísticos y habitantes de
comunidades y ejidos, se trata de al menos 47 hectáreas que forman parte del
parque y que fueron invadidas por miembros de la organización llamada
Movimiento Campesino Regional Independiente Emiliano Zapata (MOCRI-EZ).
La FGR detalló que en el operativo intervinieron
más de mil 100 elementos, entre personal de la FGR, encabezado por el
Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal Ministerial (PFM), así
como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente de
la Policía Federal (PF), además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
El
dispositivo, añadió, también participaron elementos del Centro Nacional de
Inteligencia, la Secretaría de Protección Civil y el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez y también contó con la presencia de observadores de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y un Notario Público.
La FGR destacó que el operativo se llevó a cabo
sin enfrentamientos, ni incidentes, “bajo un estricto respeto a los derechos
humanos y se mantuvo diálogo pleno con el grupo asentado, que accedió
voluntariamente a desocupar el predio”.
Una calera,
otro problema.
Aunado a las
invasiones, otro fenómeno que afecta al
Parque Nacional del Cañón del Sumidero, es una empresa calera que se encuentra
en el municipio de Chiapa de Corzo y que afecta a esa Área Natural Protegida.
Fue por ello
que la semana pasada la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de
Chiapas y al gobierno federal para que actúen y prevengan ese riesgo
persistente desde hace varias décadas.
La CNDH dirigió la recomendación 12/2019 a la
titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Josefa González Blanco Ortiz Mena, y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas.
El organismo
nacional detectó que las autoridades
involucradas no han desarrollado las acciones necesarias para la efectiva
protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional
“Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre
los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa
dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en
riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.
Tras analizar diversos escritos de
queja por las emisiones a la atmósfera que genera esa empresa, que afectan la
salud de quienes viven y transitan por ese lugar, la CNDH acreditó la violación
al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que se llevó a cabo una
conciliación con la Semarnat, la CONANP y el gobierno del estado de Chiapas,
que no fue atendida en su totalidad, por lo que se determinó la reapertura del
expediente.
Se advirtió que, aun cuando se
encuentra dentro de los límites del “Cañón del Sumidero” –declarado Área
Natural Protegida mediante decreto presidencial en 1980—, la empresa cuenta
desde 1999 con Licencia de Funcionamiento expedida por la Semarnat, actualizada
en dos ocasiones, a pesar de que la legislación vigente prohíbe la realización
de ciertas actividades productivas en la zona.
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