Raymundo
Riva Palacio.
El Cártel
Jalisco Nueva Generación está desatado. A través de su comunicación en mantas
sigue amenazando a autoridades judiciales y municipales en varias partes del
país, y abrió la temporada de reclutamiento de policías federales. Las
expectativas que había para la captura de su líder, Nemesio Oseguera, apodado
El Mencho, se han evaporado, y la persecución de sus cuadros criminales está
prácticamente suspendida. La organización criminal, junto con Los Zetas, es la
más violenta del país, y está operando sin aparentes obstáculos, mostrando su
músculo financiero y su capacidad de fuego. En estos tiempos, goza de un día de
campo nacional. Y por eso salió de pesca.
En los
últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un
joven con gorra y playera negra, que al calce tiene las siglas “CJNG”, donde
aparece este mensaje dirigido a los policías federales: “Compañero PF si te
llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos el CJNG, invita a todos
los ex policías federales que fueron despedidos injustificadamente, a unirse
con nosotros ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te
pagamos”. El mensaje, que ha sido verificado por personas con conocimiento del
modus operandi de la organización, está firmado: “atte. M-1”. Esta numeración,
supuestamente corresponde al comandante Isidro Lara, que es como se identifica
a uno de los presuntos líderes de la organización criminal en el Estado de
México. El nombre apareció hace cuatro años en Oaxaca, de una persona
presuntamente miembro de Los Zetas, sin saber si se trata de un homónimo o de
quien cambió de bando.
El cártel
debe querer aprovechar los vacíos que existen actualmente en la estrategia de
seguridad y los niveles de impunidad con el que se manejan las grandes
organizaciones criminales. El vacío institucional existente, por diseño
gubernamental no por omisión, se inscribe también en el contexto de las salidas
masivas de elementos de la Policía Federal. Hasta febrero pasado, se estimaba
que entre tres mil y cinco mil policías federales –de una fuerza de 37 mil–
habían iniciado sus trámites para darse de baja de la corporación ante la
política de austeridad del gobierno y la cancelación de prestaciones como el
seguro médico de gastos médicos mayores y los bonos de riesgo.
Esas
prestaciones nunca fueron consideradas como privilegios dentro de la Policía
Federal, sino como apoyos y estímulos para sus miembros, constantemente en
enfrentamientos con criminales. Esos ingresos indirectos complementaban el
salario de aproximadamente 17 mil pesos mensuales que percibían. El Cártel
Jalisco Nueva Generación ofrece 16 mil pesos mensuales a sus reclutas sin
experiencia alguna, a los que tienen que capacitar, por lo que pudiera recibir
un federal debe ser significativamente superior. La austeridad republicana del
gobierno federal abrió la ventana de oportunidad a ese cártel para captar mano
de obra entrenada y calificada, repitiendo el fenómeno que se vivió hace casi
20 años con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, cuando empezaron a reclutar
militares de las fuerzas especiales que ganaban siete mil pesos al mes, que fue
el origen de Los Zetas.
El Cártel
Jalisco Nueva Generación no tiene problemas de liquidez, y era considerado por
las autoridades federales en el gobierno anterior como la más rica de todas las
organizaciones criminales trasnacionales mexicanas. De acuerdo con la última
evaluación de amenazas de la DEA dada a conocer en noviembre pasado, opera en
22 de las 32 entidades del país como una organización que trabaja múltiples
drogas, fabricando y distribuyendo cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo
en los grandes mercados de consumidores de droga en Los Ángeles, Nueva York,
Chicago y Atlanta, además de tener operaciones en Europa, Asia y Australia. Es
considerada por las autoridades estadounidenses como una organización con un
comando y control disciplinado, técnicas sofisticadas para el lavado de dinero,
rutas de transportación eficaces y extrema violencia.
Una muestra
de su capacidad financiera y de persuasión se encuentra en los avances de
investigación en el Poder Judicial reveladas este martes en la prensa de la
Ciudad de México. Según lo revelado, las autoridades tienen como el principal
investigado al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, que ordenó en 2018 la
liberación de Francisco Aguilar Santana, apodado Juan Pistolas, una de las personas
más cercanas a El Mencho Oseguera, según las autoridades. De acuerdo con la
investigación, el magistrado recibió entre 2010 y 2016, un total de 18 millones
de pesos.
El Cártel
Jalisco Nueva Generación ha llevado a sus límites más altos la máxima criminal
contra las autoridades de plata o plomo, que está presente en todas sus mantas
amenazantes. La última apareció este martes en Miahuatlán, al sur de Oaxaca
capital, donde amenazaron a todos los funcionarios de la prisión federal que se
localiza en la pequeña comunidad de Mengolí, y donde está recluido José Bernabé
Brizuela Meraz, apodado La Vaca, que era el jefe de asesinos de Rubén Oseguera,
El Menchito. Lo que llama la atención de esta y otras mantas de la organización
jalisciense contra funcionarios en las cárceles, sin embargo, es que coinciden
con la investigación sobre presuntos actos de corrupción que lleva a cabo la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre todo el Órgano
Administrativo Desconcentrado, responsable de las prisiones, que comprende la
segunda parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
La forma
como está operando el Cártel Jalisco Nueva Generación proyecta un velo de
impunidad. “¿Por qué no habría de serlo?”, dijo una persona que ha seguido su
evolución por años. “Tienen impunidad institucional garantizada”. La imputación
es fuerte, pero hay razones objetivas para hacerlo, que se analizarán más
adelante.
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