Crítica y diálogo público.

Por Arnoldo Cuellar.

El surgimiento de una legión de cuentas falsas en las redes sociales de Guanajuato, sobre todo en Twitter, que encuentran su fin principal en darle marcaje personal a periodistas y activistas de diversas causas, es un fenómeno que merece ser analizado, en el marco del Gobierno que recién inicia en el estado.

La crítica nunca ha sido cómoda para los gobernantes, quienes en su fuero íntimo anhelan el elogio, el reconocimiento social, el amor de sus gobernados. Las voces disidentes son incómodas, las críticas, argumentadas o viscerales, siempre se identifican con el “adversario”, con el “enemigo” y no con la simple pluralidad, con las visiones diferentes desde conciencias diferentes.

Le pasa a todos los gobernantes, le ocurría a los priistas que generaron una opinión pública monolítica, una prensa amordazada y una sociedad desinformada. El modelo de prensa que aún padecemos en buena medida surge en ese largo periodo de la dictablanda priista, donde los medios de comunicación eran la puerta a otro tipo de negocios en la relación con el gobierno.

La educación de los políticos mexicanos pasa entonces por el anhelo de controlar a los medios. Los gobernadores, por ejemplo, consideran que, si no tienen los titulares de los medios locales varios días a la semana, entonces no gobiernan o pierden imagen.

Y de ahí viene la fijación con la crítica, la cual sufre diferentes abordajes, pero siempre con la intención de disminuirla o, si es posible, desaparecerla.

A la tentación no escapa nadie, ni siquiera un político surgido de una larga lucha opositora, la cual ha transitado haciendo uso de la crítica precisamente, como el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador. El intento de dominar la agenda con las conferencias mañaneras y la respuesta descalificadora a los críticos, directa o a través de las redes sociales, no abona al diálogo, sino al encono.

En Guanajuato, el nuevo gobierno encabezado por Diego Sinhue Rodríguez, ha decidido que los medios no son interlocutores válidos, sino vehículos para hacer llegar mensajes o adversarios a los que se debe hostilizar.

Un gobernante que entra en la categoría de millennial, que podría ver la política con visión distinta, que podría intentar una interlocución sin intermediaciones, decide atrincherarse, rodearse de voceros, dictar línea a los reporteros y, finalmente, propiciar el surgimiento de una estrategia de descalificación a quienes no compran la visión propagandística que el gobierno quiere hacer pasar como política de comunicación.

Las redes sociales, como dice el periodista Álvaro Delgado, son cancha pareja, donde el que se lleva se aguanta. Sin embargo, eso es válido entre pares, entre actores que dan la cara, que pueden ser irónicos, sarcásticos, rudos, apasionados, pero que al hacerlo abren una vía de intercambio que, con todo y todo, puede contribuir a iluminar los temas de relevancia social.

Esa posibilidad se vulnera cuando se actúa de forma encubierta; como ocurre también cuando los funcionarios públicos bloquean a quienes les hacen señalamientos. La actitud en las redes no tiene límites, hay quienes eligen la creatividad, otros el insulto, algunos la rabia, otros la intrascendencia.

Todos estamos expuestos al descontón, al juego sucio. Sin embargo, eso cambia cuando la crítica se convierte en acoso, cuando se multiplican las cuentas que insultan, descalifican, demeritan y buscan vulnerar. Entonces puede haber una intención de silenciar, de censurar, de frenar visiones críticas hacia el Gobierno, como lo han padecido muchos críticos del Presidente, y entonces el juego se vuelve totalitario y fascista.

Pero hay otro escenario que es todavía más preocupante: que el hostigamiento concertado en contra de una persona, periodista, activista o ciudadano, ocurra desde cuentas que son patrocinadas con recursos públicos. Entonces estaríamos ante una desviación de fondos de presupuestos cuya finalidad es el bien colectivo, utilizados para atacar ciudadanos, se trata de la máxima perversión del estado y de un crimen de lesa política.

En Guanajuato, los poco imaginativos y muy lerdos troles que han aparecido en las redes para perseguir a ciertos periodistas y activistas muy localizados, se muestran más irritados cuando se critica al Fiscal Carlos Zamarripa o al Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

Uno de los más hostigados ha sido el académico Raymundo Sandoval, a quien incluso le usurparon su identidad en Twitter y ya se ha acogido al mecanismo de protección federal. Da la casualidad que Sandoval fue uno de los principales activistas de #FiscaliaQueSirva Guanajuato, colectivo que planteó una campaña para impedir la ratificación de Carlos Zamarripa como Fiscal General del Estado.

Es ahí donde cabe la hipótesis de que los troles guanajuatenses estén activados con dinero público. Hay antecedentes, un jefe de prensa de la administración de Miguel Márquez, Enrique Avilés, invirtió recursos en la contratación de granjas de bots para promocionar al exgobernador, cayendo en el absurdo de emplear a pornotuiteros para hacer promoción de un político que se jactaba de su honda religiosidad y su paso por el seminario.

Ese es el motivo central del pronunciamiento firmado por más de 350 personas y organizaciones, para demandar al Gobierno de Guanajuato una investigación seria y a fondo sobre el posible uso de recursos públicos en este tipo de actividades cuyo objetivo principal, aunque fallido, es el de silenciar voces críticas y pavimentar la construcción de una visión única sobre la realidad de Guanajuato, algo que se antoja verdaderamente imposible.

En ese sentido, es dinero tirado a la basura y si proviene del erario, tenemos derecho a exigir que cese el dispendio y se castigue a los responsables. En todo caso, que sean los fans del gobernador panista los que asuman la defensa de su política, dando la cara y exprimiéndose el cerebro. Allí no habría fijón.