Por Daniela Barragán.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que programará la fiscalización
de la gestión financiera del Estado de México de los años 2014, 2015, 2016 y
2017 para investigar la transferencia ilegal de más de 3 mil millones de pesos
transferidos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo
Ruiz Esparza.
La decisión de la ASF
se desprende de las denuncias presentadas por el abogado Paulo Díez Gargari y
los legisladores Emilio Álvarez Icaza y Lucía Riojas.
De acuerdo con la notificación de la Auditoría, en los actos denunciados se advirtieron
presuntas irregularidades en la concesión para la explotación, operación y
conservación del tramo carretero de Chamapa-Lechería, celebrada por la SCT y el
Gobierno del Estado de México. La observación directa es sobre el manejo y la
administración de 3 mil 671 millones de pesos que la SCT transfirió al Estado
de México.
“Se programarán los
trabajos inherentes a la fiscalización de los hechos denunciados respecto de
los años 2014, 2015, 2016 y 2017”, asentó la ASF.
El caso se hizo público
el 29 de mayo de 2017, fecha previa a la elección de Gobernador en el Estado de
México. Esa fue la primera elección en la que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sintió una competencia real en una entidad que es, aún
hasta estos días, su bastión político más importante.
El abogado Paulo Díez presentó el pasado viernes una nueva denuncia ante la que era la
Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Presidente Enrique
Peña Nieto, de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de
Comunicaciones y Transportes Luis Videgaray Caso y Gerardo Ruiz Esparza y del
candidato priista al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por
haber creado un mecanismo que permitió canalizar 3 mil 100 millones de pesos
que sirvieron para financiar campañas electorales en la entidad.
En el documento de denuncia se estableció que Peña Nieto, junto con Videgaray, aún como Secretario
de Hacienda, Ruiz Esparza, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza,
entonces Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), transfirieron por lo menos 3 mil 100 millones de pesos federales al
Estado de México en un proceso que inició en 1991.
En ese año, la SCT
otorgó a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras S.A. de C.V. la
concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero
Champa-Lechería por un plazo de 20 años.
Un año después, el
gobierno federal celebró un Convenio de Concertación de Acciones. Ahí quedó
estipulado que el Gobierno del Estado de México debía aportar obligatoriamente
50 millones de pesos para cubrir el costo de liberación del derecho de vía,
para que luego el gobierno federal le entregara una nueva concesión por otros
20 años y así recuperar, por ingresos de peaje, los 50 millones de pesos.
Una vez recuperado ese dinero, el Estado de México quedaba obligado a pagar con los excedentes un programa
de construcción, reconstrucción, conservación y modernización de autopistas
estatales.
En 1997, la
Secretaría de Hacienda y la SCT aprobaron un esquema de reestructuración
financiera de las autopistas concesionadas. Ahí se limitó el costo fiscal del
rescate y los 50 millones de pesos fueron considerados como aportaciones “no
recuperables”. El Gobierno federal no asumió el reembolso y el Estado de México
no impugnó el rescate.
Fue hasta el 21 de marzo de 2007, cuando Peña era Gobernador del Estado de México, Ruiz Esparza Secretario
de Comunicaciones y Videgaray Secretario de Finanzas, que presentaron varias
reclamaciones al gobierno federal para que se le entregara la concesión de la
autopista o para que se le reembolsaran los 50 millones de pesos
“supuestamente” aportados, a pesar de que el Estado de México nunca fue titular
de ningún derecho.
En la denuncia se
asentó que Ruiz Esparza presionó al Gobierno federal para que se diera
cumplimiento de dicha obligación, pero no tuvo éxito.
Luego llegó Peña Nieto
a la Presidencia, Ruiz Esparza a la SCT y quedó aprobada la aportación del
Estado de México a la autopista. No fue por 50 mil millones, sino de 125
millones de pesos, pero con una tasa de interés anual de 10 puntos reales por
encima de la inflación, el monto alcanzó los 3 mil 671 millones de pesos.
De acuerdo con Díez Gargari, ese 10 por ciento utilizado no tiene soporte legal o contractual. Si la
cifra se actualiza por inflación, sería de 334 millones de pesos (al 30 de
abril de 2017). Pero, de entrada, el Estado de México no tenía ya ni el derecho
a recuperar el dinero.
De los 3 mil 600
millones que Hacienda debe pagar al Edomex, en 2016 se habrían pagado 1, 600
millones. El dinero debió llegar al Sistema de Administración del Sistema
Carretero del Estado de México (Saascaem), pero no hay rastro alguno de los mil
600 millones de pesos. Tampoco en otros lados hay registro o referencias al
convenio.
Pero hay una cuenta de
cheques Bancomer 0102614057 con esa cantidad de dinero. Para el 31 de diciembre
de 2015, la cuenta ya estaba en ceros. En la SCT, en su Cuenta Pública Federal,
quedó registrado como “subsidio a una entidad federativa”.
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