Por Manu
Ureste.
La Fiscalía
General de la República (FGR) se
desistió este lunes de la acusación en contra de dos exfuncionarios de la
Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), que firmaron convenios con
universidades públicas y que presuntamente derivaron en un desvío de 499
millones de pesos a través del esquema de fraude conocido como La Estafa
Maestra.
Estos casos se suman a otros dos del
pasado mes de abril, en los que la Fiscalía también se desistió de la acusación
en contra de otros exfuncionarios de Sedatu, por presuntos desvíos de otros 300
millones de pesos.
Por ahora, en las seis audiencias de seis funcionarios
públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados en La Estafa Maestra, la Fiscalía
solo ha logrado que dos de ellos sean vinculados a proceso: el exsubsecretario
de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y el director general de Ordenamiento
Territorial, Armando Saldaña.
En estos dos casos, el juez sí
encontró elementos suficientes para enjuiciarlos por un presunto delito de
contratación indebida.
Los últimos
casos que se ‘caen’
En el último caso de este lunes, a
las 13 horas debió de llevarse a cabo la audiencia para determinar si se
vinculaba o no a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exjefe la unidad de
Políticas de Planeación de Sedatu; y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector
general de coordinación de delegación también de Sedatu.
Sin embargo,
de acuerdo con un documento del Poder
Judicial de la Federación al que Animal Político obtuvo acceso, la audiencia no
se celebró porque la Fiscalía anunció a las partes que se desistió de la
imputación en contra de estos dos exfuncionarios.
El anuncio del desistimiento de la
audiencia no significa, por ahora, que el caso de los dos exfuncionarios se
haya cerrado totalmente, puesto que la Fiscalía se reservó el derecho de
reabrirlo más adelante, tal y como le permite el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Es decir, legalmente, la Fiscalía dejó la puerta
abierta para poder rearmar el caso, fortalecer su investigación.
Sobre este
punto, cabe recordar que el pasado 6 de
mayo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó públicamente que la
Fiscalía reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como un caso de
delincuencia organizada, y no como casos aislados.
Los
presuntos desvíos.
José Antolino Orozco Martínez y
Marcos Salvador Ibarra Infante fueron funcionarios de la Sedatu, cuando Rosario
Robles era su titular; y también en la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), de igual forma con Robles al frente de esa dependencia.
Orozco
Martínez firmó en la Sedatu, entre el 12
y el 16 de octubre de 2015, un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con
la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera
una serie de estudios, análisis y proyectos.
Sin embargo,
la universidad no cumplió con esos
servicios y, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató a
empresas irregulares o fantasma, que tampoco hicieron los servicios y se
quedaron con el dinero, tal y como detectó la Auditoría Superior de la
Federación en un informe.
Por ello, la Fiscalía acusaba al exfuncionario José
Antolino Orozco de uso indebido de atribuciones y facultades.
Por otro lado, Marcos Salvador Ibarra, como director
general de coordinación de delegaciones de la Sedatu, firmó cuatro convenios
también con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de
2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre,
que suman un monto de 313 millones de pesos.
Según un
informe de la Auditoría, ese dinero
público también fue a parar, a través de las universidades públicas, y una
violación a la ley federal de adquisiciones, a empresas fraudulentas que no
dieron servicio alguno.
Estos dos
casos en los que la Fiscalía, por el
momento, se desistió de las acusaciones, se suman a los de Francisco Javier
Báez Álvarez, exdirector de Programación y presupuesto de la Sedatu, y al de
Simón León Mojarro, extitular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de
la Sedesol.
A inicios
del mes de abril pasado, un juez federal
determinó que, en ambos casos, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para
vincularlos a proceso e iniciar un juicio en su contra, por el presunto desvío
de más de 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, y por uso indebido de
atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.
El pasado 30
de abril, el diario Reforma publicó que la Fiscalía no impugnará los fallos del
juez en esos dos casos.
Los dos
vinculados.
Los dos únicos casos en los que la
Fiscalía logró que se vinculara a proceso son los de Armando Saldaña y Enrique
González Tiburcio.
Saldaña fue director general de
Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el
convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por
185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.
Denunció que su firma fue falsificada
en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la
rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por
el presunto delito de contratación indebida.
El criterio del juez en el caso de
León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero
aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.
Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que
era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había
liberado los pagos.
Enrique González Tiburcio tuvo el
puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento
Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario
Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que
su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica
Francisco I. Madero.
Sin embargo,
el 30 de enero, el exsubsecretario fue
vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de
declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen
pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio, y que
derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y
no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.
De acuerdo
con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una
solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el
documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba
en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un
recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una
búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.
Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue
denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la
Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante
la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el
que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.