Por Eduardo Ortega.
Las ganancias obtenidas
por las organizaciones delincuenciales, así como la sofisticación de sus
operaciones ponen a prueba la capacidad del Poder Legislativo para aprobar una
legislación de extinción de dominio eficaz en su cometido.
Además, de acuerdo con
el estudio “La extinción de dominio. Apuntes de la reforma de 2019 a los
artículos 22 y 73 constitucionales”, realizada por la investigadora Lorena
Vázquez Correa, pondrá a prueba la capacidad del nuevo régimen para reformar la
estructura de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
El análisis refiere que
entre 2012 y 2016 el monto total de los bienes sobre los que fue procedente la
declaración de extinción de dominio en el país alcanzó 15 millones de dólares,
de acuerdo con datos de la otrora Procuraduría General de la República.
No obstante, en
2015-2016 sólo se ganó un juicio por parte de las autoridades federales en
materia de extinción de dominio por la cantidad de 90 mil pesos.
Desde la semana pasada, las
comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, trabajan en
un dictamen que prevé aplicar la extinción de dominio en hechos de corrupción,
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia
organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra
la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de
hidrocarburos.
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