Julio Astillero.
La
presidencia de Andrés Manuel López Obrador está bajo ataque concurrente desde
flancos nacionales e internacionales. Donald Trump ha encabezado el lance más
impactante y desquiciante de la temporada al convertir en guillotina política,
con pretensiones de larga duración, el amago de imponer aranceles a productos
mexicanos.
Tal
posicionamiento pretende obligar a México no sólo a construir un muro militar
en el sur del país o a aceptar la denigrante condición de tercer país seguro,
sino, yendo más allá de lo evidente, a condicionar a la aprobación trumpista,
por el resto del gobierno de López Obrador, todo proyecto o acción de
reformismo más o menos profundo: es la superposición del poder de los mercados
y de los centros de control económico global al poder electoral que dotó a México
de una razonable expectativa de transformaciones no revolucionarias, pero sí
urgentes para el propio sistema político y económico vigente, que ha hundido al
país en una situación desastrosa.
Con un
grotesco y tramposo quiebre de cintura en la cancha de los aranceles y la
migración, el impresentable Donald Trump ha descoyuntado la defensa y ha
retraído el ataque en el obradorismo. Convertido en jugador fenómeno (ante el
bajo nivel competitivo del resto del equipo morenista), un hombre educado en el
sistema político ortodoxo, Marcelo Ebrard, ha salvado la portería tricolor y ha
llevado el juego México-Estados Unidos a peculiares tiempos extras: dos de 45
días cada cual, con tiempo apenas entre ambos para revisar resultados y
estrategias y seguir atados a la angustiante caída de hojas de un calendario
implacable.
En esos
lapsos, el director técnico de origen tabasqueño, AMLO, intentará recomponer su
defensa sureña a partir de la instalación de uniformes verde olivo e intentar
jugadas de fantasía en la delantera enfilada hacia planes de desarrollo (y
liderazgo) en Centroamérica.
Pero el
golpe electoral de Trump ha servido también para potenciar y destrabar
circunstancias adversas al mencionado López Obrador. Cuando menos pueden
detectarse las siguientes piezas aparecidas en el rompecabezas: un sostenido
incremento de la violencia pública, sin visos de que políticos y servidores
públicos atinen a frenarla; resoluciones judiciales que entrampan proyectos
estratégicos del obradorismo y pretenden mostrarlo vulnerable; y una acometida
de opositores a causa de las trabas, tardanzas o retrocesos que a la vida
institucional están causando las restricciones presupuestales de la
autodenominada 4T.
La violencia
pública está desatada en todo el país. En fechas recientes se han producido
tragedias que no pueden ser desligadas de la responsabilidad política de
morenistas que gobiernan. En la Ciudad de México, el asesinato del joven
estudiante Norberto Ronquillo. En Veracruz, el secuestro del periodista Marcos
Miranda Cogco. En Tabasco, la ejecución de la periodista Norma Sarabia,
corresponsal en Huimanguillo del diario Tabasco Hoy. Y, apenas un día atrás, el
activista ambiental José Luis Álvarez Flores, defensor del mono saraguato y
luchador contra la extracción ilegal de arena en una región en la que colinda
el estado tabasqueño con Chiapas.
En el ámbito
judicial destacan las resoluciones relacionadas con Santa Lucía y Texcoco. El
colectivo denominado #NoMásDerroches consiguió que en ambos casos se
establecieran condiciones restrictivas para el gobierno federal que le
impedirán avanzar en el nuevo proyecto de aeropuerto civil en terrenos
militares e igualmente frenan la inhabilitación inundatoria del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que así vuelve a ser colocado
en los carriles de cierta viabilidad por los opositores al obradorismo.
A ese cuadro
se suman las protestas y la desesperación ante consecuencias sociales negativas
de las restricciones presupuestales impuestas por el gobierno federal. Ataques
y reacciones políticas desde diversos flancos, tratando de doblegar o condicionar
a un Presidente que ha conservado fuerza y popularidad.
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