Por
Redacción / Sin Embargo.
La organización Human Rights Watch (HRW)
aseguró hoy que el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en
la frontera sur de México para regular el flujo migratorio podría resultar en
un desastre, debido a la “extensa y espantosa” historia de abusos vinculados
con la militarización de la seguridad pública en el país.
“Si el
Gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de
una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas
violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están
huyendo de la persecución de grupos violentos”, dijo Daniel Wilkinson, director
ejecutivo adjunto en la región.
@hrw_espanol
El despliegue de la Guardia Nacional contra
migrantes es una fórmula para el abuso.
Si el
gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, desplegara una fuerza
esencialmente militar contra familias pobres que huyen de grupos violentos.
Lean:
https://www.hrw.org/es/news/2019/06/12/mexico-desplegara-su-guardia-nacional-para-enfrentar-familias-migrantes
…
En un
comunicado, recordó que los sucesivos gobiernos de México han justificado el
uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el
argumento de que son necesarias para enfrentar a cárteles de narcotráfico que
están fuertemente armados y son extremadamente violentos.
Sin embargo,
destacó que esta militarización de la fuerza pública sólo ha contribuido a
aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos
humanos.
“La Guardia Nacional, creada por el Gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía
Federal, representa una extensión de esta militarización de la seguridad
pública. La Guardia, que está previsto oficialmente que empiece a operar el 30
de junio, estará conformada en gran parte por soldados y comandada por un
general del Ejército que está actualmente en servicio”, señaló HRW.
Por último, consideró
que México tiene derecho a reforzar sus fronteras, pero que es difícil pensar
en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional.
“Dados
los deplorables antecedentes de derechos humanos de las fuerzas de seguridad
mexicanas en los últimos años —y especialmente del Ejército— es predecible que
el despliegue termine resultando en graves abusos”, finalizó.
PREOCUPA A
CNDH
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos mostró su preocupación por el hecho de que el Gobierno
mexicano haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a la
frontera sur a seis mil elementos de la Guardia Nacional como contención a los
flujos migratorios en colaboración con el Instituto Nacional de Migración
(INM), a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de
verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste
mexicano, sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y
protocolos de actuación.
En su
pronunciamiento, reconoció que desde finales del año pasado y lo que ha
transcurrido en este año, se han incrementado en México de manera importante
los flujos migratorios de diferentes nacionalidades, llegando a cifras que han
rebasado las capacidades de las autoridades migratorias, lo que ha dificultado
transitar a una migración segura, ordenada y regular, como lo establece el
Pacto Mundial suscrito por los países miembros, incluido México, en Marruecos
el 10 de diciembre de 2018 y adoptado posteriormente por la Asamblea General de
la ONU. La migración es patrimonio cultural de la humanidad.
“Ante la
decisión del Gobierno mexicano de recibir mayor número de personas
centroamericanas solicitantes de asilo en los Estados Unidos de América, en
tanto son recibidos por un juez de ese país, se hace necesario crear una
política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y
asistencia humanitaria, dando respuesta no solamente a dichas personas
extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados a
nuestro país y que requieren de asistencia para reintegrarse a la sociedad, así
como reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil,
albergues y casas del migrante que en las ciudades fronterizas del norte del
país reciben y atienden a las personas retornadas”, indicó el organismo.
Además,
coincidió en que se hace necesario crear mecanismos de desarrollo que den
respuesta a la problemática migratoria en sus orígenes y de manera regional,
con acciones en las diversas naciones centroamericanas y en el sur de nuestro
país tendientes a evitar la migración forzada, teniendo como eje principal en
las mismas la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos humanos.
Y realizó un
llamado al Gobierno mexicano para que la política migratoria sea guiada por los
principios de igualdad y no discriminación. El respeto a los derechos humanos
que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe
corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y
transitan por nuestro país. La dignidad de la persona y la solidaridad
internacional son principios fundamentales que se deben incluir en la
conformación de la nueva política pública migratoria que tienda a cumplir con
los objetivos de lograr una migración ordenada, segura y regular en un marco de
respeto irrestricto a los derechos humanos.
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