Por Álvaro
Delgado.
Alberto Elías Beltrán, el último
titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación por
presunto lavado de dinero de casi 100 millones de pesos que recibieron de
varios despachos de abogados, entre ellos el del exprocurador panista Antonio
Lozano Gracia.
Un mes y
medio después de dejar de ser el encargado de despacho en funciones de titular
de la PGR, el 19 de enero de este año, Elías
Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los exservidores
públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo
Sánchez, y de inmediato recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y
Asociados, propiedad de su esposa.
Este despacho lo fundó el 24 de mayo
de 2016 Kuchle López, de quien es 99% de la parte social y el 1% restante
corresponde a María Elena Beltrán Ferrara, madre de Elías Beltrán. Entonces
éste se desempeñaba como director de Asuntos Normativos de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular era
Alberto Bazbaz.
De acuerdo
con la UIF, que ahora encabeza Santiago Nieto Castillo –despedido como fiscal
electoral por Elías Beltrán apenas sustituyó al procurador Raúl Cervantes en
octubre de 2017–, este despacho de
Kuchle López recibió, desde junio de 2016 y hasta la fecha, 98.09 millones de
pesos.
Lo que llamó la atención de la UIF,
según la información obtenida por Proceso, es que un tercio de esa cantidad
(31.8 millones de pesos) lo recibió de CL Abogados, la firma en la que ella
trabajó antes de crear su despacho y donde cobró, entre 2015 y 2016, 11.95
millones por concepto de “servicios profesionales”, pese a que no existe
registro de ella como licenciada en derecho en el Registro de Cédulas
Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.
De esa cantidad, siempre según la
UIF, Kuchle López recibió 8 millones por conceptos como “servicios legales”,
“comisión asignación asunto Prodecon”, por el que cobró 3 millones 240 mil
pesos, y “comisión asignación asunto Conagua”, por 870 mil pesos.
(Fragmento
del reportaje especial publicado en Proceso 2222, ya en circulación)
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