Julio (Astillero)
Hernández López
El ganador
fue Andrés Manuel López Obrador. Las dos piezas principales en disputa fueron
para el partido Morena y, específicamente, para los dos candidatos a gobernador
que habían sido briosamente impuestos: Luis Miguel Barbosa, por la gracia Macuspana
antitéticamente absuelto de sus pecados en el PRD y el Pacto por México (fue
testigo oficial de su firma en 2012) y Jaime Bonilla, un híbrido fronterizo con
pasado republicano en Estados Unidos y presente como inversionista político en
México.
Personalidades
políticas viscosas las de Barbosa y Bonilla, quienes lograron superar las
aduanas cívicas y electorales por la voluntad inapelable del imperativo Jefe
Máximo, el aparato electoral-asistencialista que se estrenó aceitadamente en
Puebla, Baja California y las demás entidades donde hubo comicios, y el
persistente hartazgo de muchos ciudadanos que mantienen su voto de castigo al
pasado pripanista sin reparar en la catadura específica de las alternativas
propuestas para, presuntamente, superar un pasado de corrupción y abusos que,
sin embargo, podría seguir con estas cartas marcadas (así sea con nuevas
etiquetas) por los mismos vicios que dicen combatirán.
La victoria
lopezobradorista (aunque a la hora de cerrar esta columna no se daban a conocer
los resultados oficiales de Baja California, donde rige un huso horario
distinto al de la capital del país) contradice las ansiosas pretensiones de sus
opositores en el sentido de que, a seis meses de ejercicio oficial de gobierno
(más el lapso de la presidencia electa), iría disminuyendo la aceptación
nacional del político tabasqueño y sus propuestas (de gobierno y electorales).
En realidad,
el golpe seco es para el Partido Acción Nacional, que se mantiene en la
pretensión de asumirse como la única oposición institucional. En la misma línea
de la candidatura de Ricardo Anaya, quien pretendió redondearse como la única
opción frente a López Obrador en las pasadas elecciones, el PAN sostiene un
rechazo abierto al lopezobradorismo, a diferencia del Partido Revolucionario
Institucional, que se ha decantado por la colaboración rayana en la sumisión
(lo que se acentuará con la llegada a la presidencia del PRI del negociador
Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, en acuerdo secreto marca PRIMor) y
los demás partidos de la chiquillada, cuyas veleidades poco cuentan.
El panismo
perdió en Baja California una hegemonía de tres décadas, durante las cuales se
sostuvieron las peores características del sistema político y económico, sin
ningún cambio de fondo, entregados los gobiernos peleles al poderío de los
grupos criminales y convertido el aparato gubernamental en fuente de
enriquecimiento de abuso grupales.
Si a Acción
Nacional se le juzgara por sus resultados en Baja California (o en Guanajuato),
el paredón histórico sería de justicia. En noviembre de 1989 llegó Ernesto
Ruffo Appel, como uno de los pagos al PAN por la convalidación de facto al
gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo que siguió fue igual de deplorable:
Héctor Terán, Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy Walther, José
Guadalupe Osuna Millán y Francisco (Kiko) Vega de Lamadrid.
En Puebla
queda plenamente sepultado el ciclo de Rafael Moreno Valle, un priísta luego
pasado al PAN que logró imponer a un gobernador bajo su control, José Antonio
Gali Fayad, para un periodo de transición de un año y diez meses, luego del
cual tomó posesión la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso, muerto este
matrimonio el 24 de diciembre de 2018 en un accidente de helicóptero que aún no
está suficientemente esclarecido.
Luego de un
mes de gobierno habilitado en la persona de Jesús Rodríguez Almeida, y de un
interinato delator de los arreglos PRI-Morena, el de Guillermo Pacheco Pulido,
ha ganado con amplitud López Obrador en la persona de Luis Miguel Barbosa
Huerta, a quien las circunstancias políticas y médicas podrían reducir a un
reinado sin gobernar, cedidas las funciones a alguien designado desde Palacio
Nacional para ocupar un segundo nivel administrativo, pero plenamente
ejecutivo.
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