La batalla de las medicinas.

Raymundo Riva Palacio.

La suspensión de la subasta para la distribución de medicamentos programada para este lunes por una falla técnica volvió a levantar tolvaneras y suspicacias. Nada extraño para un negocio de 70 mil millones de pesos anuales y fuertes intereses económicos. El gobierno ha esbozado el monstruo con el cual se enfrenta al haber consolidado las compras, pero aún no revela la magnitud del tamaño y poder de quienes se sienten afectados. Apenas si lo dejó entrever el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien al subrayar que el aplazamiento no afectaría la distribución de medicinas, dijo que el desabasto es un tema “inducido”. Hay indicios de que así es. Y como botones de muestra:

En mayo, mientras hablaban representantes de la industria químico farmacéutica con la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien les explicaba los nuevos medicamentos para el VIH con avances tecnológicos para sustituir los antirretrovirales con una década de rezago que querían introducir al mercado para que se diera una competencia que redujera los precios, entró una llamada del IMSS, donde alertaban que había comenzado una manifestación encabezada por el presidente de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA de ese organismo, Luis Adrián Quiroz, donde denunciaban que había desabasto porque la Secretaría de Salud no había comprado los fármacos. “Ni siquiera habíamos terminado de hablar cuando ya se habían movilizado”, recordó un funcionario involucrado en las pláticas.

Media hora después de iniciada la manifestación se dio el primer reporte de desabasto en la Ciudad de México, y unas horas más tarde llegó otro más de Sonora. Las denuncias de desabasto se dieron casi simultáneamente en hospitales de Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, generando “histeria”, como calificó un funcionario. No había explicación para acusar al gobierno de desabasto, porque el contrato de distribución que se heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto estaba vigente –todavía lo está–, y en los inventarios gubernamentales había suficiente medicamento. “Quiroz mintió”, recordó un funcionario al hablar de la protesta que organizó.

Las autoridades de Salud notaron movimientos extraños, que parecían sabotajes internos en clínicas del IMSS y el ISSSTE. Pero hasta el momento sólo en una del ISSSTE encontraron evidencia de ello. El responsable de una de las farmacias dentro de una de sus clínicas se negó a aplicar el antirretroviral porque dijo que no había jeringas, decisión que respaldó con un oficio. Ese documento resultó apócrifo, por lo cual las autoridades presentaron una denuncia penal, cuya investigación ya inició.

Desde los estados comenzaron a abundar informaciones sobre desabasto. De acuerdo con funcionarios consultados, en efecto hubo desabasto, pero no fue por un problema del gobierno actual, sino porque los gobiernos estatales, algunos de ellos combinando dos administraciones en un periodo de seis años, dejaron de pagar las medicinas a los proveedores –destacando Veracruz y Tabasco–, utilizando los recursos federales etiquetados para otros fines, con la aceptación de los delegados federales del Sector Salud, que hasta antes de su eliminación controlaban alrededor de 70 por ciento de las compras de medicinas locales.

Los intereses en el sector se comenzaron a golpear desde que se rompió el encadenamiento entre los laboratorios y los distribuidores. De acuerdo con los funcionarios, este esquema propiciaba una corrupción, donde incluso hasta en tres momentos se tenían que pagar comisiones por una misma medicina, el laboratorio, a la logística y a funcionarios del gobierno. Ese epílogo de intermediarios inició las tensiones.

El 20 de marzo las autoridades de Salud y Hacienda empezaron a hablar con la industria, con los laboratorios, con las asociaciones, y con los representantes de las embajadas cuyos países venden medicamentos a México, para explicarles los nuevos términos de su relación con el gobierno y las reglas del juego para las licitaciones que incluyeron, como uno de los elementos centrales, que sólo podrían participar quienes tuvieran el registro sanitario.

Entre jaloneos se llegó al consenso para realizar la subasta para la distribución de los medicamentos el 24 de junio, donde podían participar todos aquellos que cumplieran con los requisitos, y comenzaron a llegar las preguntas para pedir aclaraciones y precisiones sobre el proceso, que es un procedimiento regular. El año pasado se registraron 168 proveedores, este año 311. En total se realizaron ocho mil 500 preguntas, y 80 de ellas mostraron irregularidades.

Por ejemplo, 17 proveedores realizaron una misma pregunta; 15 otra pregunta; otros 15 una más, y así se fueron registrando, como si fuera copy paste, con los mismos errores semánticos y de ortografía. Otro botón de muestra: siete diferentes proveedores, en dos rubros diferentes, hicieron la misma pregunta, que decía: “Por favor confirmar que la inspección física por atributos E REFIERE (el énfasis es mío) únicamente en los puntos de entrega y no en los puntos finales de destino, dado que no se tendrá rastreabilidad en las entregas a destino final”.

La industria de los medicamentos ha reaccionado críticamente a la propuesta del gobierno, aunque funcionarios federales insisten en matizar el sector, no como un bloque, sino como una sola área donde más se sienten afectados. De acuerdo con el subsecretario López-Gatell, son los distribuidores. La batalla de los medicamentos va a tener víctimas que antes fueron verdugo, según la descripción de algunos funcionarios.

Como se apuntó líneas atrás, hay una investigación penal contra cuando menos un funcionarios del ISSSTE por esconder medicamentos, y está abierto un procedimiento contra uno de los grandes distribuidores, que también participa en el sector alimentario. Las sospechas de corrupción en el sector las han ido documentando y se van a dar a conocer. No se sabe cuándo será, pero esta olla de presión se está abriendo.