La crisis de
la política en los países democráticos en las postrimerías de la segunda década
de este siglo tiene una causa principal: la migración. Tanto en Europa, como en
Estados Unidos la política se ha trastocado por las reacciones sociales a la
llegada de personas provenientes de regiones en conflicto o en extrema pobreza
que deciden moverse de sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones
de vida o simplemente para lograr sobrevivir a situaciones de violencia
extrema. Mientras la globalización económica ha producido flujos migratorios
relativamente ordenados de trabajadores calificados, la enorme desigualdad que
marca al planeta ha provocado grandes movimientos de personas desesperadas en
busca de refugio y supervivencia.
La reacción
primaria de buena parte de todas las sociedades es de rechazo a la llegada de
cantidades notables de personas que no solo son distintas en costumbres,
lengua, religión y color de piel, sino que además son pobres. Incluso cuando se
trata de gente muy parecida a la propia, como ocurre con los centroamericanos
en México, la pobreza hace que se le rechace y se le tema, se le identifique
con el crimen y la inseguridad y se le quiera lejos, fuera de la vista. Es
posible que no sea la mayoría la que se muestra insolidaria y xenófoba, pero
los grupos que padecen esas pulsiones de rechazo suelen tener capacidad de
hacerse oír y han influido seriamente en los políticos, al grado de que incluso
los partidos y gobiernos de izquierda, supuestamente solidarios y humanitarios,
acaban aplicando políticas que rechazan y criminalizan a los migrantes, que los
expulsan a zonas donde su vida corre peligro o los hacinan en campamentos de
miseria.
La crisis de
la migración hace tiempo que llegó a México, pero hasta ahora la estrategia
dominante había sido de intervención marginal del Estado. Desde hace décadas
sabemos que los migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos son
víctimas de abusos y delitos nefandos en este país: robos, secuestros, leva del
crimen organizado, asesinatos, desapariciones, violaciones y trata de personas.
La perspectiva en México para las mujeres, niños y hombres que cruzan rumbo al
norte es más bien terrorífica, muy lejana a la de “tercer país seguro” en el
cual podrían recibir un asilo que les permitiera vivir en paz.
La mayoría
de los análisis de lo ocurrido durante la crisis de la semana pasada se han
centrado en si el Gobierno mexicano negoció bien o simplemente se sometió a las
condiciones de Donald Trump. Mientras que para unos la misión mexicana cedió
demasiado pronto, pues existía la posibilidad de que el brabucón norteamericano
estuviera alardeando y, en todo caso, una respuesta de aranceles recíprocos,
orientada a productos procedentes de regiones especialmente sensibles para las
expectativas de quien está a punto de empezar su campaña por la reelección,
hubiera sido suficiente para detener la andanada y permitir a México diseñar
con autonomía su estrategia migratoria. Otros, en cambio, opinan que el
Gobierno de López Obrador carecía de margen de maniobra y no tenía más remedio
que detener a toda costa la imposición arancelaria, pues estaba en riesgo toda
su estabilidad económica.
Desde mi
perspectiva, el Gobierno de López Obrador ha llevado a la economía a una
posición endeble, por las decisiones que ha tomado, sobre todo en materia
energética, con su reversión de facto de la reforma del sexenio pasado, pero
también en torno a sus proyectos de inversión que en el ámbito financiero
suenan disparatados. En esas condiciones, no tuvo margen de negociación y en
buena medida el Canciller Ebrard fue a recibir instrucciones y a tratar de
contener lo imposible de cumplir. Una vez más, como en los tiempos de la crisis
de 1982 o cuando la quiebra de 1995, el Gobierno mexicano no ha tenido más que
obedecer los designios del vecino del norte, aunque entonces se hizo a cambio de
paquetes de ayuda económica. Lo aceptado ahora en Washington, con su plazo de
revisión para evaluar qué tan bien nos hemos portado se parece mucho al proceso
de certificación en materia de combate de drogas, que estuvo vigente entre 1986
y 2001, cuando el Gobierno de Estados Unidos evaluaba año con año si se había
hecho la tarea en decomisos y en contención del tráfico de psicotrópicos
prohibidos para decidir si concedía o no ayuda económica a México.
Ahora una
nueva espada de Damocles pende sobre nuestra cabeza patria: la imposición de
aranceles si no se hace lo que el Gobierno vecino ha decidido que se debe hacer
para impedir que los migrantes centroamericanos entren a Estados Unidos o, si
entran, que sean regresados al territorio mexicano sin demora a costa del
erario nacional. Lo que antes impusieron sobre las drogas, ahora lo pretenden
con las personas: que el trabajo sucio se haga en México. Pero el tema de si
fue una buena o una mala negociación me parece secundario frente a la gravedad
de lo pactado.
El hecho es
que, de una u otra manera, el Gobierno mexicano ha aceptado adoptar una
política migratoria de derecha. No es una excepción: incluso los
socialdemócratas europeos han aplicado estrategias de contención policiaca de
los flujos migratorios y el Gobierno más izquierdista de la Unión Europea, el
ahora menguante de Syriza, pasó de una actitud muy abierta y solidaria con la
migración a una más pragmática y conservadora en el Gobierno, pues apoyó que
Turquía fuera convertido por la UE en tercer país seguro, como ahora Estados
Unidos quiere que México sea, aunque en el caso turco ha sido a cambio de
ingentes recursos económicos provisto por Europa para que el país se haga cargo
de buena parte del peso del refugio humanitario y contenga en su territorio a
los migrantes.
México ni
eso consiguió, fuera de una vaga promesa de aportar a un fondo de desarrollo
para Centroamérica. Lo único que, al parecer, logró Ebrard es un plazo de 45
días para procesar internamente la aceptación de la condición de tercer país
seguro, con lo que Estados Unidos se podría lavar las manos de buena parte de
las solicitudes de asilo que hoy recibe y cargarle la responsabilidad de
sostener a los refugiados a México. Por hacer el trabajo sucio de la UE, los
turcos han recibido millones de euros; México, en cambio, no solo no va a
recibir un dólar, sino que se compromete a sostener completamente a los
migrantes que se queden aquí. El resultado esperable es una catástrofe de
derechos humanos, que rebasará las endebles capacidades del Estado mexicano,
pero el Presidente ha salido a auto-homenajearse como héroe patrio.
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