Por Arturo Ángel.
El
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que está dispuesto a
enfrentar el proceso por la acusación de presunta desaparición forzada que le
imputa la Fiscalía General de Veracruz, pues sostuvo que se trata de un
“montaje” y que lo único que hay en su contra son testimonios obtenidos bajo
presunta tortura.
En
entrevista telefónica con Animal Político desde el Reclusorio Norte, Duarte
aseguró que no se le acusa de haber perpetrado desapariciones, sino de
supuestamente “obstruir” la investigación de las mismas durante su gestión como
mandatario estatal.
“Ni
siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y
ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy
a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar
que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve
ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló.
Duarte,
quien a través de demandas de amparo pudo conocer la acusación formulada en su
contra por este caso, sostiene que la misma está sustentada en dos
testimonios: el del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y el del
exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.
Dicho
exfuncionarios, quienes también enfrentan proceso por el mismo caso en
libertad, señalaron que el gobernador les pidió que no se informara de las
desapariciones.
“Pero
esos testimonios son falsos, ellos ya volvieron a declarar ante la Fiscalía
General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fueron
testimonios obtenidas bajo tortura, que es falso lo que dijeron. En cuanto
ellos comparezcan ante un juez eso va a salir a la luz” señaló el exgobernador.
Cabe señalar
que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió en mayo
pasado la recomendación 25/2019 en donde confirmó que, al menos en el caso de
Gilberto Aguirre Garza, sí existen elementos para concluir que fue obligado a
rendir declaraciones luego de ser sometido a
“actos constitutivos de tortura”, como el ser obligado a escuchar música
a un volumen alto o recibir amenazas de daño a su familia.
De
acuerdo con Duarte y con su equipo de abogados esto desvirtúa la validez de
dicha declaración y de las demás. Por este motivo, el exgobernador confirmó que
ya seguirán buscando un amparo para frenar la ejecución de la orden de
aprehensión, sino que optarán por llevar el caso ante un juez en México, con la
intención evidenciar que es inocente.
De acuerdo
con las investigaciones de la fiscalía estatal que encabeza Jorge Winckler,
durante la administración de Javier Duarte (2011 a 2016) se implementó en la
entidad una política ilegal de desaparición sistemática de personas, todo ello
a manos de mandos y elementos de la policía estatal.
La fiscalía documentó
por lo menos 13 casos de jóvenes desaparecidos ocurridos en 2013, que
previamente fueron detenidos por policías en retenes. El 8 de febrero de 2018,
en el marco de un operativo denominado “Tiro de Gracia”, se ejecutaron órdenes
de arresto en contra de 19 exmandos de la policía estatal en la gestión de
Duarte, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
Las
indagatorias continuaron y días después la Fiscalía procedió también en contra
del exfiscal del estado Luis Ángel Bravo, quien actualmente sigue su proceso en
libertad.
El 6 de
junio del mismo 2018 este medio publicó que una jueza de la entidad había
girado una nueva orden de arresto en contra de Javier Duarte. Ello luego de que
los fiscales le presentaron indicios, entre ellos la declaración del propio
Bermúdez, que apuntaban a un presunto encubrimiento y petición de Duarte para
que se ocultara la información sobre varias desapariciones.
No
obstante fue apenas en junio pasado cuando se presentó formalmente ante
Guatemala el requerimiento para ejecutar dicha orden.
Mientras
este tiempo transcurría el equipo de abogados defensores de Javier Duarte
promovió una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión. Su
argumento se centró en que el caso estaba débilmente integrado, pues se
centraba en un solo testimonio, y que no se les había permitido presentar a
ellos elementos para desvirtuarla.
Pero en
junio pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal
determinó negarle a Duarte la concesión del amparo, bajo el argumento de que la
orden de aprehensión girada en su contra era constitucionalmente válida, y que
la solidez o no del caso tenía que dilucidarse en las audiencias que se lleven
a cabo cuando el proceso penal inicie.
La
defensa aún contaba con la posibilidad de inconformarse en contra de dicha
determinación para que un tribunal la revise, una ruta que ya han seguido en
otras demandas de amparo que también han promovido en contra de las demás
órdenes de arresto que la Fiscalía estatal obtuvo por presuntos hechos de
corrupción.
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