Impunidad y acceso a la justicia en la 4T

Por Guadalupe Correa, Manuel Arellano* y Karime Arguilez**

El pasado 22 de julio se decretó la no vinculación a proceso de Irineo Mújica—cabeza visible en México de la organización Pueblo Sin Fronteras (PSF)—rechazando así la apelación de la Fiscalía General de la República. Mújica fue detenido y encarcelado el pasado 5 de junio, acusado por el crimen de tráfico humano. Según esta decisión, no hubo pruebas para acusar a esta persona que se dice defensor de derechos humanos de personas migrantes. Esa misma semana, otro juez declaró la suspensión provisional de la condena de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por los cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Lo anterior nos recuerda a los casos emblemáticos de Raúl Salinas de Gortari y la Maestra Elba Esther Gordillo, quienes fueron exonerados de todos los cargos que se les imputaban y recibieron de vuelta todos los bienes que les habían sido confiscados. El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, podría tener un desenlace similar, considerando la experiencia en la presente administración de la Cuarta Transformación (4T). En este sexenio podríamos continuar presenciando arrestos espectaculares y, más tarde, la liberación y exoneración de aquellos a quienes toda una carrera delictiva, testimonios de víctimas y testigos clave, así como un historial bien documentado, los delatan sin duda alguna.

Si consideramos que México registra actualmente niveles de impunidad por delitos generales de más del noventa y nueve por ciento de acuerdo con cálculos de la UDLAP, esto no debería asombrarnos. Lo que sí sorprende, es que el ahora presidente de México prometió, como uno de los puntos principales de su campaña, combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia a los más desprotegidos. Se comprende a la perfección la importancia del debido proceso, pero en algunos casos pareciera ser que los procesos mismos se encuentran viciados de origen y los expedientes judiciales no se integran de forma adecuada.

En la aplicación mañosa del “debido proceso” y atendiendo a las fallas en las investigaciones judiciales en México, se libera en múltiples ocasiones a los verdaderos responsables de delitos graves. Estos delincuentes cuentan aparentemente con una defensa adecuada y recursos de diversa índole (incluso de alcance internacional) que les han permitido evadir la justicia y limpiar su nombre y expediente criminal. El acceso a la llamada “justicia” en México en la 4T parece aplicar a los más listos y a los que más tienen, pero no a las víctimas de delito más vulnerables—como son, por ejemplo, las personas migrantes. Hablar de enriquecimiento ilícito, actos de corrupción extrema por parte de servidores públicos, asociación delictuosa y lavado de dinero, nos enfurece como sociedad y nos alienta a clamar justicia de todas las formas posibles. Pero lo que más nos indigna y nos entristece es la violación flagrante a los derechos humanos de los que menos tienen.

El caso de los migrantes en México es un tema por demás delicado. Hemos dedicado los últimos años de nuestras vidas a comprender el fenómeno migratorio, así como a la protección, defensa y acompañamiento de migrantes. Documentamos con toda puntualidad violaciones diversas a derechos humanos de personas migrantes que transitan por México. En esta última labor, hemos documentado e investigado el papel de PSF en la organización y “acompañamiento” (como ellos mismo refieren) de las caravanas migrantes.

Dos de nosotros, acompañamos, de principio a fin, a la “gran” caravana migrante que comenzó en Honduras en octubre del año pasado. Fuimos testigos de la manipulación y el fraude que se perpetraron en el marco de la movilización masiva de migrantes centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos. Asistimos a las asambleas que se llevaron a cabo en el estadio Jesús Martínez Palillo en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Ahí, escuchamos con toda claridad las falsas promesas comunicadas a través de un megáfono por aquellos que deseaban llevar a la caravana a Tijuana para continuar con un espectáculo mediático y lograr un enfrentamiento con el Presidente de los Estados Unidos en lo que parecía ser meramente una lucha por el poder político en el vecino país del norte. Todo lo que pasó en esas asambleas fue grabado en audio y video por muchos de los presentes. No existe manera alguna de desmentir lo que ahí sucedió, ni lo que ahí se dijo.

Las consecuencias de esa caravana (con sus falsas promesas) han sido por demás nefastas para los migrantes y para aquellos que buscan asilo en los Estados Unidos. La “crisis humanitaria en la frontera” que anticipaba Donald Trump al inicio de su mandato y en su campaña electoral se hizo realidad. Esto le permite al mandatario estadounidense endurecer sus políticas migratorias, declarar una Emergencia Nacional, hacerse de recursos para construir su muro fronterizo y forzar a México y Guatemala a aceptar acuerdos (de Tercer País) que militarizan las rutas migratorias y contribuyen a la criminalización de la migración irregular. Asimismo, muchas de las personas y familias enteras que han sido alentadas (por PSF y sus aliados extranjeros operando en México) a llegar a la frontera a través de estas migraciones en masa o buscando asilo han quedado varados en ciudades peligrosísimas o retornados a espacios inseguros, sin futuro ni esperanza.

En este contexto, los tres autores de este texto hemos recopilado testimonios de migrantes y otros defensores de derechos humanos (que se conducen de manera ética) sobre el papel de algunos de los miembros de PSF en la organización de caravanas y en su participación en actividades vinculadas al tráfico humano y otras modalidades de crimen organizado. La fiscalía de Chiapas parecía tener algunas de estas evidencias, pero los problemas en la integración del expediente judicial permitieron finalmente la exoneración de dos alegados traficantes de migrantes que se dicen ser defensores de derechos humanos. La evidencia recopilada en últimas fechas nos dice lo contrario. Estamos hablando de organizaciones y personas que contribuyen a la violación flagrante de los derechos que ellos y ellas mismos(as) dicen defender.

Por todo lo anterior, por toda la evidencia que existe (y se acumula), y por lo que muchos hemos recopilado a lo largo de estos meses, nos sorprende la defensa que hacen de PSF—y de sus principales aliados y representantes—algunas organizaciones de la sociedad civil de gran renombre y prestigio a nivel nacional e internacional. Nos alarma la campaña que han orquestado diversos actores en defensa de estos pseudo-defensores. También sorprende la omisión que hacen ante las denuncias de los propios migrantes contra PSF, sus directivos, socios y voluntarios. Entendemos finalmente, que la impunidad y la protección a PSF por parte del gobierno de la 4T obedece al desconocimiento de las malas prácticas del grupo por parte del economista, hoy titular de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Al hacer un análisis de redes y financiamiento de los grupos en cuestión se detectan vínculos claros de tipo financiero y político/electoral. Dichos vínculos nos podrían hacer pensar que el supuesto trabajo humanitario de algunas organizaciones disfraza una pelea política de grandes dimensiones que involucra a poderosos grupos de interés. La batalla electoral que se avecina en los Estados Unidos parece ser el centro de esta dinámica. Políticos, iglesias, organizaciones filantrópicas y organizaciones de la sociedad civil forman parte de una lucha en la que los migrantes están en el centro. Pero en esa lucha, los migrantes no importan.

Irineo Mújica de PSF, sus aliados y sus defensores han denunciado hostigamiento por parte del gobierno mexicano y difamación por parte de otros defensores de derechos humanos y académicos. La auto-victimización va por delante, y le siguen la desinformación y la calumnia—apoyada por importantes recursos financieros de origen no muy claro (pero rastreable al fin). Hace falta documentar mejor los abusos por parte de quienes se han autodenominado defensores de derechos humanos y que forman parte de una estrategia política y geopolítica en la era moderna. Afortunadamente, hay varios actores que actualmente trabajan en ello.

Cabe destacar que el presente texto no es difamatorio pues está respaldado por diversos testimonios y por nuestro derecho a la libre expresión, considerando los nefastos resultados para la comunidad migrante de la caravanización de la migración irregular y la incitación a la petición de asilo político en Estados Unidos por parte de actores y organizaciones específicos (muchos de ellos, extranjeros operando en México). Hay una gran diferencia entre delincuentes, defensores y luchadores sociales.

Hacemos un llamado al Presidente de México y a su gabinete para que terminen con la impunidad y aseguren el acceso a la justicia de los más vulnerables, en este caso, de nuestros hermanos migrantes. Se recomienda mantener abierto el expediente de Irineo Mújica y continuar con las investigaciones respectivas para comprender quién y por qué se está alentando la migración en masa que desestabiliza a nuestra nación y contribuye a la violación de los derechos de las personas migrantes. También es importante destacar la presencia de estadounidenses que facilitan estos procesos desestabilizadores al alentar la migración irregular con falsas promesas de asilo político. Es preciso que la administración de López Obrador verifique la presencia y trabajo no autorizado de organizaciones estadounidenses y grupos que operan en México con intereses disfrazados de humanitarios, pero que son realmente políticos. Podríamos empezar en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Nota:

La organización Front Line Defenders (con sede en Irlanda y vinculada a organizaciones internacionales como Open Society Foundations y Al Jazeera) anuncia una campaña denominada #DefendersBeyondWalls (con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Inberoamericana, PRAMI y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, RED TDT) a través de la cual dará acompañamiento y defensoría a defensores de migrantes, refugiados y de quienes buscan asilo, ante los supuestos ataques por parte de las fuerzas estatales. Entre estos personajes se encuentran Irineo Mújica de PSF y el hondureño Bartolo Fuentes. En Honduras, se dice que Fuentes, dirigente del Partido Libre, es acusado por estar detrás de las caravanas, pero él se defiende alegando que no se ha podido probar nada al respecto.

Front Line Defenders dará a conocer próximamente un reporte sobre este tema también y recientemente divulgaron una serie de videos con historias personales (no todas consistentes ni verificables) de aquellos a los cuales defienden. Sería importante que organizaciones de este tipo y sus donantes analicen con responsabilidad, con ética y sin agendas políticas, las consecuencias del trabajo y la trayectoria de algunos de los personajes a los cuales protegen y a los que llaman “defensores de derechos humanos”. Si hay alguna duda sobre lo que es el verdadero trabajo humanitario, recomendamos a organizaciones como Front Line Defenders, sus socios y donantes, leer el libro titulado “La Creación de Fronteras Compasivas: Una Ética Migratoria” (Creating Humane Borders: A Migration Ethic) que escribió nuestro amigo el Reverendo Robin Hoover para no equivocarse. El prestigio y la calidad moral de estas organizaciones, y más importante aún: la vida y los derechos de los migrantes están de por medio. No es honesto lucrar políticamente con las vidas humanas de los más indefensos.

* Manuel Arellano es abogado parlamentario, con maestría en estrategias y prácticas anticorrupción y maestría en democracia y parlamento por la Universidad de Salamanca, España. Es además especialista en derechos humanos y se ha dedicado a la defensoría de las personas migrantes por más de 12 años.

** Karime Arguilez es ciudadana y abogada dedicada a la defensoría de los derechos humanos. Es colaboradora desde hace años del padre Alejandro Solalinde en la protección, defensa y acompañamiento de migrantes.