Por Gloria
Leticia Díaz.
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis denuncias penales y 12
administrativas contra servidores de la administración pública federal y del
gobierno de Guerrero, derivadas de la recomendación 15VG/2018, emitida hace
ocho meses por violaciones graves a los derechos humanos en el caso Iguala.
Las
denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República
(FGR), el pasado 22 de junio, contra 235 personas del servicio público,
mientras que las administrativas incluyen a 140 servidores.
Además, siete
quejas fueron llevadas a la Secretaría de la Función Pública y una ante cada
una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía
Federal; Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México; Contraloría Interna de la Fiscalía General de Guerrero; Contraloría
Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero, y
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
de Guerrero.
En un
comunicado, el organismo detalló que, de los 235 servidores públicos
denunciados penalmente, 116 (82 de orden federal y 34 del estatal) “realizaron
actos y omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de
delito que corresponderá determinar” a la FGR.
Añadió
que 119 personas servidoras públicas (114 del orden federal y 5 del estatal)
fueron denunciadas por participar en actos de tortura, trato cruel inhumano y/o
degradante, detención arbitraria y otras violaciones “en los 65 casos en que
este organismo constitucional autónomo acreditó violaciones a derechos humanos
a los inculpados”. A los funcionarios también se les denunció en el ámbito
administrativo.
En su
comunicado, la CNDH hace referencia al caso de Carlos Canto Salgado, quien
apareció en un video titulado “La verdad histórica ayotzinapa de carlos gomez
arrieta” (sic), siendo torturado por un efectivo de la Policía Federal y otro
de la Secretaría de Marina, mientras era interrogado. De ese documento dio
cuenta la revista Proceso en su edición 2225 del 23 de junio pasado.
El organismo
aseguró que al momento de emitir la recomendación 15VG/2018, acreditó que
Canto “fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por detención
arbitraria, dilación en la puesta a disposición ante la autoridad ministerial y
trato cruel, inhumano y/o degradante, por agentes de la Policía Federal
Ministerial de la entonces PGR y personal de la Secretaría de Marina”.
Tras
conocer el video, la CNDH lo agregó al expediente como prueba superveniente, de
ahí “se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de
tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias
y se deslinden responsabilidades del caso”, abundó.
Pese a que
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la persistencia de
tortura en el caso, valida las declaraciones de Canto Salgado expuestas en el
video, que para el organismo “no trastoca sino, por el contrario, va en el
sentido de las conclusiones de la CNDH en su recomendación”, como lo es la
identificación del “Puente del Chipote” de Iguala, como una de las rutas de
desaparición de los normalistas.
De igual
manera, señaló que la FGR, “al realizar las indagaciones en materia penal” y
en el transcurso “profundice sus investigaciones”, tiene facultades para
determinar si los casos planteados por el organismo como tratos crueles,
inhumanos y/o degradantes pueden ser actualizados como posibles actos de
tortura.
Además de
este caso, el organismo presentó la denuncia penal “por acciones u
omisiones” cometidas por personal de la entonces PGR en contra del detenido
Agustín García Reyes, “El Cherejé”, en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, el
28 de octubre de 2014, evento protagonizado por el exdirector de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Agregó que destacan
dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de
Justicia de Guerrero y de la entonces PGR, “por no realizar oportunamente
diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses ‘Costa Line’
2513 y ‘Estrella Roja’ 3278, utilizados por los normalistas”.
En materia
administrativa, la CNDH explicó que entre las 140 personas denunciadas (131
del orden federal y nueve del estatal), se encuentra personal de la Policía
Federal destacamentado en la estación de Iguala, y en particular dos agentes de
dicha corporación “por participar en la desaparición de un grupo de normalistas
en el ‘Puente del Chipote’, y por incumplir su obligación de prestar auxilio a
las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los
hechos delictuosos”, además de que se les denunció ante la Unidad de Asuntos
Internos de la PF por incumplir los “Deberes del Régimen Disciplinario”.
Tras
señalar que dará seguimiento a las denuncias presentadas, la CNDH aplaudió la
creación de la “Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso
Ayotzinapa”, de la FGR, que tiene como titular a Omar Gómez Trejo, y mostró su
disposición a colaborar con la instancia.
Por último,
el organismo recordó que la recomendación 15VG/2018 contiene 224 propuestas de
investigación y 128 puntos recomendatorios, entre ellos que se realice un
peritaje en materia de genética forense a los 114 restos óseos y odontológicos
recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, “para que hechos
ominosos como los ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no se
repitan y no queden en la impunidad”.
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