Raymundo
Riva Palacio.
La
investigación realizada por la Fiscalía General de la República en contra de
Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está apuntando hacia una imputación
de carácter penal. La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de
expedientes congelados o soslayados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto,
fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de
la actual administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha
metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja
PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada 'estafa maestra', donde
presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de
convenios con universidades públicas.
La “Estafa
Maestra”, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la
Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la
PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de
Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación desde 2011, que la llevó a presentar una
serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la
entrega de más de siete mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron
11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios,
centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas
secretarías.
Tras la
denuncia ante la PGR hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios
públicos y rectores de universidades en 2015, cuyos resultados sólo produjeron
acusaciones en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos,
incluso, que no habían sido denunciados por la Auditoría. En enero pasado,
Gertz Manero informó que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol
y la Sedatu, por el presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se
habían imputado a seis funcionarios de esta última. Cuatro de ellos quedaron
liberados de las imputaciones al desistirse la Fiscalía de las acusaciones, y
uno de los dos restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían
falsificado su firma, con lo cual se declaraba inocente.
La Fiscalía
reestructuró en mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al
considerar que la 'estafa maestra' había sido una operación realizada desde el
corazón del gobierno federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un
posible delitos de Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de
delincuencia organizada. De acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad
para poder profundizar en el caso que dijo que provocó un daño por casi seis
mil millones de pesos al erario.
No se conoce
ningún documento firmado por la exsecretaria que pudiera vincularla a un acto
de corrupción, pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la
indagatoria de la 'estafa maestra', abrió la posibilidad de que haya
acusaciones en su contra por parte de excolaboradores, por lo que se le pudiera
imputar por el presunto delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o
más personas actúan concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin
de obtener beneficio económico, político o material. La corrupción no era un
delito grave hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde
hay una mayoría de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.
Nadie en el
actual gobierno ha señalado públicamente a los altos funcionarios del gobierno
de Peña Nieto vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe
una lista en la Presidencia de ocho exmiembros del gabinete legal y ampliado
sobre los cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de
la lista es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de
la imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la
indagatoria en contra de la exsecretaria de Estado, que años antes, como
presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel López
Obrador para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
Los intentos
por hablar con Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores
comunicaciones sobre las imputaciones de corrupción, dijo que no existían
denuncias en su contra en la Auditoría Superior de la Federación. Antes de la
elección presidencial, Robles afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá
de quién llegara a la Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente
siempre he vivido de mi trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una
prueba que acredite lo contrario. No hay información alguna. No hay complicidad
alguna. No tengo nada que temer”.
En una
comunicación en julio de este año, Robles insistió en la inexistencia de
denuncias de la Auditoría en su contra, y admitió que las autoridades habían
investigado sus bienes y cuentas. “Resulta que, como siempre dije, no tengo
nada que esconder”, remató. En su última comparecencia como secretaria, en la
Cámara de Diputados en octubre pasado, dijo que los recursos por los que la
acusan fueron para realizar trabajos de la Cruzada Contra el Hambre, que fue
uno de los grandes programas del sexenio peñista.
De
concretarse la imputación, Robles será la segunda alta funcionaria en el
gobierno de Peña Nieto que tiene problemas con la justicia. El primero fue
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra prófugo. Las
investigaciones de la Fiscalía General se enfocan hasta este momento en
funcionarios del gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua. Tampoco, por cierto,
para el expresidente.
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