Por Gustavo
Castillo García.
Cientos
de tomas clandestinas de combustible fueron detectadas por personal de la
Gerencia de Seguridad Física en los ductos Minatitlán-México y Cadereyta-Madero
entre enero de 2016 y agosto de 2017, pero ninguna fue denunciada ante el
Ministerio Público Federal o la representación jurídica de Petróleos Mexicanos
(Pemex) por indicaciones del general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de
Salvaguardia Estratégica de la empresa.
El
personal a su mando se encargaba de inhabilitar las tomas de manera rústica, lo
que permitía que fueran reutilizadas por grupos delictivos, lo cual generó
pérdidas estimadas en 12 millones 833 mil 384 barriles en ese periodo,
equivalentes a más de mil 800 millones de litros de diésel, gasolina magna y
premium, revelaron
representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la
audiencia de vinculación a proceso del general Sócrates Alfredo Herrera
Pegueros.
Según los
cálculos ministeriales con los cuales se sustentan las acusaciones en contra de
ocho militares, que según la FGR constituyeron una banda delictiva que por
omisión o acción benefició a grupos dedicados al robo de combustible , se
habrían inhabilitado más de 7 mil 500 tomas clandestinas, ya que diariamente se
clausuraban 14, pero siempre sin informar a las autoridades.
De
acuerdo con lo señalado por el juez Rogelio León Díaz Villarreal al dictar la
vinculación a proceso del general Herrera Pegueros, la noche del pasado martes
en la zona de juzgados federales que se localiza en el penal federal de El
Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, el grupo de
militares imputado desarrolló –sin la aprobación de Pemex–, un esquema para
inhabilitar tomas clandestinas en el que utilizaban únicamente marros, palas,
picos, cemento blanco y grava, al cual se le denominó plan Casamata, y para eso
se obligaba al personal bajo su mando a realizar estas obras, aunque no fueran
parte de sus responsabilidades laborales.
Ocho
militares implicados.
El
Ministerio Público Federal presentó documentos en los que refiere que el
general brigadier León Trauwitz era la cabeza de la organización y que los
operadores eran el coronel Emilio Cozgaya Rodríguez, ex gerente de Gestión
Técnica de Salvaguarda Estratégica; el general de brigada en situación de
retiro, Herrera Pegueros, como ex director de Seguridad Física; Oziel Aldana
Portugal, jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales,
Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión; el sargento Ramón Márquez Ledezma,
jefe del Departamento de Seguridad Física en Cadereyta, y el sargento José
Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda
Estratégica en Tampico.
La
organización delictiva, según la FGR, está integrada por dos militares más, de
los cuales aún no se han dado a conocer sus nombres, ya que existe orden de
aprehensión en su contra y ésta, al igual que en el caso de León Trauwitz, no
ha sido cumplimentada.
Los ocho
militares enfrentan acusaciones por la presunta comisión de los delitos de
delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, imputaciones que
no permiten caución de fianza ni enfrentar su proceso en libertad.
Los cinco
detenidos permanecerán presos en el Centro Federal de Redaptación Social
(Cefereso) número 1, que se localiza en Almoloya de Juárez, estado de México.
Durante
la audiencia de vinculación a proceso del general Herrera Pegueros, el militar
en retiro sostuvo que ingresó a Pemex tras un proceso selectivo y señaló: Su
servidor nunca ha sido ni seré amigo fuerte del general Trauwitz. Fui designado
por la Secretaría de la Defensa Nacional luego de pasar los exámenes e ingresé
con la intención de hacer el mejor el papel en beneficio de México.
Huachicol
exprés
El militar
en retiro explicó que en un minuto los grupos dedicados al huachicoleoen
ductos de Pemex llegan a ordeñar mil litros de hidrocarburo en cada toma
clandestina. El procedimiento para conectarse les toma de 20 a 25 minutos, y
coincidentemente al cambio de gobierno de (Enrique) Peña Nieto la situación del
robo de hidrocarburos se volvió crítica.
El
general refirió que hubo etapas –concretamente entre 2016 y 2017– en las que el
área de Seguridad Física enfrentó factores que no permitían una labor efectiva,
entre ellos la falta de recursos, ya que por carencia de vehículos el personal
tenía que caminar hasta 30 kilómetros para detectar tomas clandestinas e
inhabilitarlas.
Así, fue que
un mayor de apellido Casas –quien ya falleció– ideó una manera rápida y
económica para inhabilitar las tomas clandestinas y por los apellidos de éste
fue que al proceso se le puso el nombre de Casamata.
Según
Herrera Pegueros, este mecanismo permitía reparar con un costo de mil 600
pesos cada toma clandestina, mientras que el mismo trabajo realizado por el
personal de ductos de Pemex significaba una erogación de 90 mil pesos.
Herrera
Pegueros dijo que Casamata impedía la reutilización de conexiones ilícitas,
mientras que las reparaciones que llevaba a cabo el personal de ductos, dejaba
intacta la toma clandestina.
El
Ministerio Público presentó documentos y testimonios con los cuales sostuvo
que en realidad el protocolo Casamata permitía la reutilización de las tomas
clandestinas, pues eran selladas con cemento blanco, el cual contrastaba con el
terreno, y facilitaba a los grupos delictivos volver a abrirlas.
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