Por Armando
Guzmán.
El pleno del Congreso de Tabasco aprobó, con
modificaciones, la llamada “ley garrote”, iniciativa del gobernador, Adán
Augusto López Hernández, para castigar con cárcel a quienes bloqueen vías de
comunicación.
Con 24
votos a favor uno en contra y cero abstenciones, los diputados modificaron el
polémico artículo 308 bis del Código Penal de Tabasco, aprobado el viernes en
comisiones.
Ahora, el
referido artículo expresa que se impondrá prisión de seis a 13 años “al que
extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o
parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo
especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o
privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.
Además,
se le fijará multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros
delitos que resulten y la pena se incrementará en una mitad más, “cuando en la
comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de
edad o se emplee violencia”.
En un
principio, la iniciativa del gobernador Adán Augusto aprobada en comisiones,
establecía cárcel “al que impida o trate de impedir por cualquier medio” la
ejecución de obras públicas, así como, “al que interrumpa o dificulte el
servicio público local de comunicación” y “al que, careciendo de facultad
legal, impida total o parcial el libre tránsito de personas”.
El pleno también
aprobó reformas y modificaciones los artículos 196, 206, 299, 307 y 308 del
Código Penal del Estado, entre ellas, para aumentar de 10 a 20 años de cárcel
el delito de extorsión, solicitado por el diputado priista Gerard Washington
Herrera, en febrero pasado.
En el pleno,
en medio de protestas de grupos de asistentes, el diputado Washington Herrera
se desmarcó del dictamen y aclaró que pidió legislar para aumentar cárcel a
extorsionadores, pero del crimen organizado que exigen pagos de piso a
empresarios y comerciantes, no para “criminalizar” las protestas sociales.
“Este
dictamen no tiene nada que ver con lo que yo propuse”, reprochó.
Su
compañera de bancada Ingrid Pantoja dijo que las reformas al Código Penal son
“una traición al pueblo” que le dio la confianza a Morena en las elecciones y
ahora se le pretende “reprimir” y citó, como ejemplo, que cualquier ciudadano
puede ir a prisión por protestar en contra de la privatización del agua que
promueve el alcalde morenista del municipio de Centro (cabecera de
Villahermosa), Evaristo Hernández Cruz.
La
diputada Katia Ornelas, también del PRI, calificó como “atentado al estado
democrático” la propuesta morenista, “creadores de bloqueos de pozos petroleros
y marchas y ahora impulsores de la ley garrote”.
Y alertó
que lo sucedido en Tabasco “se pueda replicar en toda la República”, hasta la
“aberrante” intentona, inclusive, de encarcelar a quienes participen en
procesiones religiosas o festejen un triunfo futbolístico porque “bloquean
parcialmente una calle o banqueta”.
El
diputado de Morena Rafael Elías Sánchez Cabrales defendió el dictamen que,
insistió, es en contra de extorsionadores que bloquean accesos a instalaciones
petroleras y recordó que el ahora presidente de la República “nunca lucró con
las luchas sociales”.
“No va a
permitirse que pseudosindicatos desestabilicen el estado”, advirtió.
Los
morenistas Exequias Braulio Escalante Castillo y Julia del Carmen Pardo se
manifestaron en favor del dictamen, así como los perredistas Ricardo Fitz
Mendoza y Agustín Silva Vidal.
De este
último provino la propuesta de modificar el dictamen aprobado en comisiones, de
común acuerdo, dijo, con las bancadas de Morena, del PVEM y el independiente
Miguel Sepúlveda.
En contra
se pronunciaron las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y
Elsy Lydia Izquierdo Morales.
Por la
tarde, en rueda de prensa, el gobernador Adán Augusto López Hernández,
manifestó que la reforma al artículo 306 bis del Código Penal, “garantiza en
todo momento el derecho de manifestación y libre expresión”.
El
secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, reveló que previo a
la votación del pleno se reunió con diputados “para aclarar dudas y plantear
una nueva redacción al artículo 308 bis”.
“Con
pleno respeto a la autonomía del Poder Legislativo, me reuní hoy con diputadas
y diputados de distintos grupos parlamentarios que tenían inquietudes sobre la
redacción del artículo 308 bis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo,
porque la realidad es que existen pseudosindicatos que extorsionan e impiden
que haya obra pública y privada en el Estado y piden hasta mil pesos para dejar
pasar vehículos de las empresas a las obras”, informó.
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