Julio
Astillero.
A fin de
cuentas se aprobó en Tabasco la iniciativa del gobernador Adán Augusto López
Hernández para endurecer las penas y ampliar el ámbito de aplicación respecto a
protestas o acciones que a juicio de la autoridad pudieran significar formas de
chantaje o extorsión mediante el bloqueo de vialidades o el entorpecimiento de
la construcción de obras públicas o privadas. Sólo se negoció una modificación
menor al articulado propuesto por el mandatario morenista, de tal manera que
todo quedó listo para que la fuerza pública entre en acción contra quienes se
opongan a obras como, por citar un ejemplo, la refinería de Dos Bocas.
La
aprobación de esa reforma al código penal de Tabasco fue rechazada por la
bancada del Partido Revolucionario Institucional, que se retiró del salón de sesiones.
En la Ciudad de México, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas,
desmarcó al Presidente de la República de lo sucedido en su tierra natal (No,
de ninguna manera, ahí no hay ninguna intervención del Ejecutivo federal) y
deslizó algo que suena a una posibilidad de que en Bucareli se intenten
acciones legales para echar abajo la llamada ley garrote, aunque, en realidad,
el fraseo no se compromete específicamente a mayor cosa: es un asunto que vamos
a revisar, la libertad de manifestación y expresión política no debe limitarse,
está por encima de muchas de las normas que quieren establecerse en alguna
legislación local y lo estamos revisando.
A juicio de
este tecleador sin tropicalismos, constituye un serio retroceso lo que se ha
aprobado en Tabasco. El gobierno estatal impulsó y consiguió acomodar la letra
legal a sus necesidades e insuficiencias políticas: a diferencia de lo hecho
por López Obrador como presidente, quien ha eludido por sistema el uso de la
fuerza pública para disolver o enfrentar manifestaciones, por más rudas que
estas fueran (recordar los casos de los profesores de la CNTE, incluso con
largos bloqueos de vías ferroviarias, o las protestas de los policías federales
insubordinados), el gobernador López Hernández se ha ido por la vía fácil de
autorizarse, mediante la obediente bancada morenista local, mecanismos para
encarcelar y procesar a cualquiera que, según las acusaciones a modo que se
pueden hacer mediante agencias del Ministerio Público sometidas, se oponga a
tareas de construcción como las petroleras y similares que se realizarán en esa
entidad privilegiada.
El uso
tramposo de las extorsiones como móvil de estas reformas penales a modo cae por
su propio peso si se considera que esas coerciones y amenazas están tipificadas
por sí mismas en las leyes y códigos vigentes. En realidad, lo que ha buscado
el poderoso Adán Augusto es que el Congreso local, de mayoría morenista, le
facilite el camino para apresar y sujetar a proceso penal a todo aquel que
intente obstruir vialidades o impedir la construcción de obras específicas, más
allá de las razones de esas protestas.
Es decir, se
busca colocar al derecho al servicio de la discrecionalidad del gobernante, de
su interpretación circunstancial: la protesta social es buena si la hacen los
propios y pésima, susceptible de cárcel, si la hacen los ajenos. No es sólo una
contradicción o un abuso sino un retroceso grave, que seguramente llegará a los
tribunales federales para su valoración final.
Bertha
Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y aspirante aún formalmente
inconfesa a presidir ese partido, dijo ayer que Tatiana Clouthier no es de
Morena (lo cual es cierto y muy sabido) y que no conoce el movimiento al que
apela ese partido como su forma original. Las palabras de Luján se produjeron
en respuesta a lo dicho por la hija de Manuel J. Clouthier, quien había
expresado que Bertha no estaría en las mejores condiciones para buscar la
presidencia partidista, porque en esa familia hay mucho poder, pues una hija es
secretaria del Trabajo y otra ocupa un cargo importante en la Secretaría de
Protección Ciudadana.
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