Raymundo
Riva Palacio.
Señales
ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el
presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en
la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial
en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría
sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos
aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la
tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del
Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para
presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora
recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje
mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos
con IEnova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo
compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del Estado
de derecho.
El tema de
la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López
Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que
asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas,
comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE,
Manuel Bartlett, respaldado por el Presidente, es el incumplimiento de
contratos a partir de la lectura errónea del mismo –si se llega al arbitraje
internacional va a perder–, así como una violación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas
a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los
compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.
López
Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones
implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica
tramposa de Bartlett: 1) “los contratos no fueron aprobados por el Consejo de
Administración ni los firmó el director general”, dijo, lo cual es una verdad
falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una
Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo
acuerdo porque “las tarifas están por las nubes” y equipararlas a las que se
cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron
impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares
por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercado doméstico
estadounidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.
La voz de
Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores, que han tratado
de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información
errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si
ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces.
El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité
de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la
aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le
expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la
gasera –que es también contra TransCanada–, cuyo gobierno ha sido más
beligerante y público que el estadounidense. Una semana después dijo: “No se
puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino”.
López
Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El
director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en
caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica.
Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en
diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está
terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de
junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco
más de un millón de dólares diarios.
Ese
gasoducto parte de Brownsville, donde se concentra todo el gas de Texas, que
tiene excedentes y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este
diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno
de los principales apoyadores de Trump para llegar a la presidencia, por lo que
Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció
que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el
viernes pasado son una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del
acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que
sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el gobierno de Enrique Peña
Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a derecho, luego que
la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de
Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.
Washington
se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de
inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su
reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el
secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de
que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a derecho. Bartlett no
quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al
Presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones,
crecimiento y reputación.
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