Por Daniela
Barragán.
En 12
obras carreteras que involucran a 10 estados, la mayoría del sureste del país,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), liderada en ese entonces
por Gerardo Ruiz Esparza, acumularon más de 70 irregularidades en su
construcción y planeación. El posible daño al erario público, según lo
calculado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ascendería a los
275 millones 317 mil 259 pesos.
Sin embargo,
los daños en este tipo de proyectos no son únicamente monetarios, sino que, al
haber errores en la construcción, las afectaciones podrían reflejarse en los
usuarios de las carreteras. El ejemplo más certero es el del Paso Exprés
México-Cuernavaca, que luego de abrirse un socavón por errores en la
construcción y por mala calidad en la obra, murieron dos personas.
Lo que
encontró la ASF en las carreteras es muy variado. Los problemas inician
desde que la SCT no ejecutó bien las licitaciones porque no revisó todas las
propuestas que se le presentaron, en otras escogió simplemente las que
consideró “más baratas” y en otras no justificó por qué realizó adjudicaciones
directas.
Otro
problema que se repitió en las obras carreteras fue la falta de un proyecto
ejecutivo desde el periodo de la licitación y cuando las obras ya estaban en
marcha. La ausencia de esos planes básicos provocó que los trabajos de
construcción se hicieran con cálculos errados o más costosos.
También se
encontró que el dinero destinado a las carreteras sirvió para pagar viáticos de
servidores a sitios que no tenían relación con las obras o que se utilizó para
pagar otras cosas, como la construcción de una secundaria.
Se
permitieron excavaciones y demoliciones sin autorizaciones o planos; se avanzó
sin la liberación del derecho de vía; se pagó por obra que no se ejecutó y se
pagó de más por material.
Y como
hubo poco control hacia las empresas, a las que en varios cosos no se les cobró
por retrasos en el término de construcción, éstas pudieron sustituir a sus
jefes de laboratorio con personas que no cubrieron el perfil (ingenieros
civiles titulados). Todas las pruebas de laboratorio que se adjuntaron a las
estimaciones fueron firmadas por jefes de laboratorio que ostentan el grado de
técnicos.
Esta semana,
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
confirmó que se investigan posibles actos de corrupción que involucrarían al ex
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con la
constructora OHL.
“Hemos
estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a
casos de corrupción de la anterior Administración con OHL”, dijo en entrevista
con medios luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
LAS OBRAS
CON MÁS DE 70 IRREGULARIDADES.
La
ampliación de la carretera Palenque-Catazajá, en el estado de Chiapas, tuvo
como principal problema los pagos por más cemento del que se recibió y por el
inicio de la obra sin pólizas de seguros contra daños a terceras personas y en
sus bienes, pérdida de maquinaria, equipo de construcción, pérdida de
materiales y seguros de vida para su personal.
La
ampliación y modernización del camino alimentador Chiná-E.C.
(Haltunchen-Cayal), en el Estado de Campeche, es una obra que se inició son
proyecto ejecutivo aun cuando es un requisito indispensable.
En la
licitación no se revisaron todas las propuestas que se presentaron, ya que solo
se evaluó el factor económico, dejando de lado el técnico; se encontraron
“pagos de viáticos” por 17 mil pesos a sitios que nada tenían que ver con las
obras y un muro recién construido para la obra se colapsó.
Sobre este
caso, la ASF concluyó que se vino abajo por la falta del proyecto ejecutivo;
la SCT dijo que lo provocó la “temporada de lluvias”.
Ampliar
el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en el Estado
de Querétaro, es una obra que se inició sin el Análisis de Costo Beneficio y
sin proyecto ejecutivo.
En la
carretera 15 Jiquilpan-Guadalajara, del tramo Tizapán El Alto a Jocotepec,
Jalisco, la ASF encontró más de seis irregularidades por las diferencias entre
lo pagado y lo que realmente se ejecutó. Otros trabajos no se hicieron conforme
a lo que se tenía establecido.
En lo que
respecta a la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero, se
inició sin la liberación de los derechos de vía; se ejecutaron obras que no
estaban previstas y que provocaron un aumento al presupuesto por 11 millones de
pesos; no hubo control de calidad en las obras y se pagaron trabajos que nunca
se hicieron.
Además, la
SCT no acreditó la autorización de impacto ambiental para la explotación del
banco utilizado para la piedra del pedraplén y la grava-arena de río.
Sobre la
carretera Ciudad del Carmen-Campeche, tramo Champotón-Villa Madero, en el
Estado de Campeche, el dinero por aclarar por irregularidades asciende a los 37
millones 653 mil 510 pesos. Esto provocado por no contar con el proyecto
ejecutivo; retraso en la obra de 64.8 por ciento; un anticipo no amortizado y
un pago en demasía por 1 millón 930 mil 745 pesos.
En el
libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco, se autorizó un proyecto
ejecutivo deficiente; se realizaron cambios sustanciales al proyecto para
sustituirse con otras muy distintas a lo original y se pagó hasta 75 mil kilos más
de acero del que se necesitaba.
Para la
modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México,
la SCT no verificó que los servicios se acreditaran de acuerdo a las
especificaciones particulares y alcances establecidos en el contrato, por
ejemplo, hubo un puente peatonal que se hizo distinto a lo especificado en el
proyecto inicial.
En la
modernización y ampliación de la carretera Costera del Golfo, que va de
Campeche a Mérida, hubo un problema con quien formalizó la obra ya que fue un
funcionario que no tenía esas atribuciones.
En la
modernización de la carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo:
Tehuetlán-Huejutla de Reyes, en el Estado de Hidalgo se detectó una deficiente
supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos.
Hubo
diferencias entre lo pagado y lo realmente ejecutado, no se aplicaron sanciones
a las empresas y se encontró que la SCT Hidalgo formalizó contratos sin
justificación por los cambios.
En la
carretera Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo,
se calculó un daño al erario por 36 millones 410 mil 942 pesos. Esto por pagos
de viáticos que se pagaron con el dinero de la obra pero que no fueron para tal
cosa, no hubo instrucciones pertinentes y ni vigilancia en la supervisión
externa, se pagaron contratos que no se formalizaron para realizar trabajos en
una secundaria y también se reportaron pagos por obra que nunca se encontró.
Finalmente,
en el caso de la carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado de
Oaxaca, el posible daño al erario asciende a 40 millones 874 mil 790 pesos, por
gastos de los que no se presentaron facturas, de nueva cuenta por viáticos a
sitios ajenos a la obra, trabajos no ejecutados y base asfáltica de distinto
grosor y otro que no cumple con el que se tenía especificado.
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