En Guanajuato clausuran desarrollo inmobiliario del panista Sergio Ascencio Barba.

Por Verónica Espinosa.

Desde mayo de 2015 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) conoció, a través de la delegación estatal, la intención del empresario panista Sergio Fernando Ascencio Barba de construir un fraccionamiento turístico con hotel en la Sierra de Santa Rosa, un área de preservación ecológica y con vocación forestal en esta capital.

Casi cinco años después, ya hecho el daño, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó un sello de clausura al desarrollo inmobiliario, por carecer de la autorización de cambio de uso de suelo con vocación forestal y manifestación de impacto ambiental.

Entre 2015 y 2019, Sergio Ascencio Barba se convirtió en diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN). En ese tiempo obtuvo permisos municipales, incluido un cambio de uso de suelo. Entonces se talaron árboles para habilitar planchas de concreto para los accesos donde se levanta no un hotel, sino un fraccionamiento residencial llamado Cucursola, que transformó el paisaje en la loma del predio conocido como La Rosita.

El proyecto abarca más de 67 mil metros cuadrados, en los que se trazaron 51 lotes residenciales con casa club y otros servicios. Los adquirientes no sólo podrán disfrutar de la vista serrana, sino que vivirán dentro de una de las principales áreas naturales del estado.

Este centro turístico compartiría el abasto de agua de la presa Peralillo con los habitantes de varias comunidades de la zona. La petición inicial –aprobada por el Comité de Agua de la comunidad de Santa Rosa de Lima (ubicada en la carretera de Guanajuato a Dolores Hidalgo)– fue de 700 metros cúbicos mensuales.

Sin embargo, la demanda de agua para el fraccionamiento aumentó a mil 800 metros cúbicos, lo que provocó el rechazo del comité y el enojo de los vecinos de Santa Rosa y comunidades aledañas.

El conflicto por el líquido evidenció que el negocio inmobiliario del diputado (representante legal y administrador único de la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V., a cargo de la construcción y venta de Cucursola) no tiene una sola autorización de las instancias federales, a las que, por las características y vocación de la zona, correspondería conocer y resolver la viabilidad o no del proyecto residencial, como lo documentó la reportera Carmen Pizano en notas publicadas en el portal digital Poplab.mx.

EL DIPUTADO QUE GUARDÓ SILENCIO.

En 2015, como delegado de la Semarnat, Israel Cabrera Barrón, exregidor y exfuncionario municipal, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue enterado mediante una consulta realizada por el propio Sergio Barba Ascencio, del interés de la empresa Loma de Irapuato –que administra– por construir un complejo turístico.

A principios de 2016, el mismo delegado autorizó (previa inspección por personal a su cargo) un aprovechamiento de recursos “en terrenos diversos a los forestales ubicados en el predio La Rosita, municipio de Guanajuato”, según se lee en el oficio GTO.131.1.2/0022/16. El aprovechamiento abarcaba “dos árboles de encino”.

Cabrera Barrón terminó su gestión como delegado de la dependencia federal en marzo de 2018, y en septiembre de ese año se convirtió en diputado local del PVEM.

Este martes, en conferencia de prensa –varias semanas después de que se hizo pública la situación del fraccionamiento Cucursola–, Cabrera anunció que presentará “una queja ante Derechos Humanos para proteger a los habitantes de la zona”, y después, cuando reúna la información suficiente, acudirá ante instancias federales como la Profepa.

El diputado local, originario de la capital del estado, con maestría en Ciencias Ambientales, reconoció el grave impacto que representa para esta área natural el desarrollo inmobiliario que construye la empresa Loma de Irapuato.

“El tema del agua es delicado, primordial, hoy la comunidad de Santa Rosa está preocupada porque ese desarrollo puede desabastecer del agua suficiente. De por sí la comunidad ha estado sufriendo, porque se le ha abastecido por tandeos; esto ha generado ya una crisis en la comunidad. La gente está muy preocupada por el hecho de que se autorice el desarrollo y tenga que ser abastecido de la presa de Peralillo, con una alta probabilidad de que la gente se quede sin agua”, puntualizó el legislador, acompañado del dirigente estatal de su partido, Sergio Contreras.

Explicó que las especies nativas de la zona, entre ellas venados, se topan actualmente con las cercas perimetrales de acero y piedra de cantera que fueron levantadas por la inmobiliaria, lo que les impide el libre tránsito y pone en riesgo su supervivencia.

“Hay que hablar también del impacto visual que ya se generó con la huella de concreto que ya se colocó en la zona; está causando un gran escozor en la población de la zona”, soltó.

Cabrera Barrón tiene claro que los procedimientos y trámites que debieron cumplirse para la autorización de este fraccionamiento “se saltaron”. Y tras reconocerse como “un técnico” conocedor de la normatividad en materia ambiental y con la experiencia como exfuncionario municipal y exdelegado de Semarnat, dijo que acudirá a la Procuraduría de Derechos Humanos y después a las instancias correspondientes, porque le falta información para señalar quién tiene la responsabilidad jurídica.

“Debemos darle (a la Profepa) todos los elementos junto con la comunidad, que ya tiene mucha información al respecto, y dependiendo de la información que se tenga (para) una denuncia penal”, argumentó.

No obstante, en los oficios que el mismo Cabrera emitió cuando fue delegado de Semarnat aparece claramente señalada la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V., y como administrador Sergio Fernando Ascencio Barba, actual diputado federal del PAN.

Con la construcción avanzada y ahora clausurada, la autoridad federal deberá determinar mediante el mapeo del sistema de seguimiento de información forestal “en qué momento se empezó a impactar y en qué estado se encuentra, aunque ya los impactos son negativos, es un hecho”, explicó el legislador del PVEM.

“Sobre ese impacto se puede determinar las acciones que se deben realizar, las condiciones, y dictaminar medidas precautorias, que de entrada sería la demolición de caminos de concreto y el retiro de las cercas. En el caso de los árboles está más complejo, pues hay que determinar qué especies se deben volver a colocar”.

–Cuando fue delegado conoció la intención del empresario de construir en esa zona. Usted es de Guanajuato, ¿no se enteró de lo que pasaba? –preguntó Apro a Cabrera.

–Voy frecuentemente a la Sierra de Santa Rosa como académico de la Universidad de Guanajuato… (pero) para tratar que no fuera un tema político, he estado alimentando de información a esos catedráticos y maestros. No quería que se generara un conflicto de interés, porque en aquel momento fui autoridad, pero sí he informado y capacitado a la gente de la zona –respondió.

Por lo pronto, con el apoyo de organizaciones locales de ambientalistas, los habitantes de las comunidades aledañas a la presa de Peralillo preparan amparos contra la posibilidad de que el proyecto inmobiliario continúe, y con ello el riesgo de sufrir por el abasto de agua.