Por EFE
El
empresario mexicano Alonso Ancira, conocido como “el rey del acero”, rechazó
ser extraditado desde España a México, que calificó de “un país que no tiene
leyes”, y acusó al Presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López
Obrador, de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.
La vista de
extradición a México de Ancira se celebró este martes en la Audiencia Nacional
española, después de que fuera detenido el año pasado en Palma de Mallorca
(Islas Baleares, Mediterráneo).
El
empresario mexicano está reclamado por su país por un delito de blanqueo de
capitales, aunque él dice que son acusaciones falsas, instigadas por el
Gobierno actual como parte de una campaña contra la Administración anterior de
Enrique Peña Nieto.
La
investigación a Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), comenzó
por una denuncia de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionada con un
supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta
de fertilizantes en 2013 a Pemex.
En ese
momento Pemex estaba dirigida por Emilio Lozoya, actualmente en prisión en
España y también reclamado por México por su presunta implicación en la trama
de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Según
explicó la letrada del Gobierno mexicano en la vista, también se investiga
una presunta operación para fraccionar el pago de 3.4 millones de euros (3.86
millones de dólares) por parte de AHMSA, que desembocó supuestamente en la
compra de una vivienda del ex director de Pemex y que podría ser constitutiva
de un delito de blanqueo de capitales.
Sin embargo,
Ancira, también nacional estadounidense, aseguró que los hechos por los que
se le investiga son “falsos” y que él sólo es “un daño colateral”.
“El señor
Presidente (López Obrador) quiere ir sobre la Administración anterior (Enrique
Peña Nieto)”, dijo tras calificar al actual mandatario mexicano de “mitómano
del tamaño de Hitler”.
También acusó
a México de realizar “una demanda al azar sin una base sólida legal” que causó
un “daño” a su empresa, que está “a punto de irse a la bancarrota”.
El Fiscal
español, que pidió demostrar esa supuesta acusación política “con hechos y no
con palabras”, explicó que la Audiencia Nacional no puede hacer un “minijuicio”
sobre la descripción de hechos realizada por México y consideró procedente dar
“el beneficio de la duda” al país que le reclama.
Por su
parte, la defensa de Ancira denunció que se “está encubriendo una auténtica
persecución, no directa, pero sí indirecta” hacia su cliente y acusó a México
de “abuso de derecho” por buscar el Estado donde pensaban que era más fácil
extraditarle.
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