Por Mathieu
Tourliere.
Bajo el
impulso de la bancada de Morena, la Cámara de Diputados se convertirá este
jueves en “órgano de acusación” para transferir al Senado de la República el
juicio político contra Rosario Robles Berlanga, con la recomendación a los
legisladores de que sancionen a la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña
Nieto con una inhabilitación por 20 años.
La
Sección Instructora que llevó a cabo el proceso sostuvo que recopiló pruebas
suficientes para demostrar que “se implementó una red de derivación de recursos
públicos con un modus operandi sistemático y continuado” durante las gestiones
de Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
También señaló
que la exfuncionaria omitió “detener y revertir” los desvíos, pese a que le
fueron debidamente notificados por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), y resaltó que como superior jerárquica le tocaba instruir a sus
subordinados que dejaran de celebrar los convenios utilizados para los esquemas
conocidos como Estafa Maestra.
“En
ningún momento quedó rota la cadena de mando entre su nivel jerárquico y sus
subordinados, al grado de que fuera posible que sin su conocimiento y
consentimiento se tejiera la red de derivación de recursos públicos señalada”, abundó.
Desde la
cárcel de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida desde su
detención, en agosto pasado –acusada por la Fiscalía General de la República
(FGR) de los desvíos multimillonarios operados en sus gestiones la Sedesol y la
Sedatu–, Robles denunció una “venganza” de la llamada Cuarta Transformación.
La
exfuncionaria y sus abogados afirmaron que los diputados no respetaron el plazo
para que la defensa presente alegatos, y que el juicio político estuvo
“infestado de irregularidades y atropellos por parte del diputado Pablo Gómez,
presidente de la Sección Instructora”.
En la sesión
de mañana, la defensa de la experredista tendrá oportunidad de responder
durante 15 minutos a los denunciantes del juicio político; posteriormente, las
conclusiones de la Sección Instructora se someterán a votación para hacer la
declaración correspondiente.
Con ello, la
Cámara Baja acusará a Robles ante el Senado por “actos y omisiones en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el
ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho durante el periodo
comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”.
En las
audiencias del juicio político, algunos testimonios hundieron a Robles y a
colaboradores cercanos, como Emilio Zebadúa González, quien fue titular de la
Oficialía Mayor en las gestiones de la exfuncionaria en la Sedesol y la Sedatu.
Juan
Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
declaró, por ejemplo, que informó a Robles sobre los desvíos desde 2014, y a
pesar de ello las triangulaciones de recursos no pararon en los siguientes
cuatro años.
“Yo
personalmente le mostré (a Robles) el modus operandi a través de unos mapas
donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las
dependencias –Sedesol y Sedatu–, cómo lo distribuyeron con contratos a
universidades y éstas a otros muchos, hasta donde se perdía el dinero. Ella lo
sabía perfectamente”, aseveró el exauditor, el pasado 28 de febrero, tras
añadir que “en la última reunión que tuvimos con ella, (Robles) ofreció no
volver a hacerlo, reconociendo lo que se estaba observando por parte de la ASF.
Dijo: ‘Ok, lo voy a dejar de hacer ya’ (…) Habrá sido a principios de 2017”.
Y recordó: “En
una reunión en mi oficina con el equipo y con la señora (Robles), su oficial
mayor (Emilio Zebadúa González), el que manejaba todo, me informaron que ya
estaba toda la comprobación afuera, en un camión, que tenía 65 cajas. Pedí que
fueran a ver las cajas y eran, como dije, basura: fotocopias de mil cosas que
no tenían ninguna relación con los pagos”.
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