Lozoya y Ancira se blindan en España.

Darío Celis.

La ruta de extradición a México de Alonso Ancira Elizondo y Emilio Lozoya Austin, actualmente retenidos en España, no va a ser precisamente miel sobre hojuelas para el gobierno de la 4T.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca si piensa que el gobierno español que encabeza Pedro Sánchez entregará cándidamente a estos célebres personajes.

Desde el primer día de su mandato, el tabasqueño ha emprendido una cruzada contra empresas e intereses hispanos, a los que ha señalado, denunciado y enjuiciado públicamente. Eso calienta.

Este mes se cumple el año en que López Obrador envió una carta al Rey de España, Felipe VI, exigiéndole una disculpa por las matanzas perpetradas durante la Conquista, hace ya 500 años.

El Ejecutivo español rechazó tal pretensión y reiteró “su disposición para trabajar conjuntamente y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países, que nos permita afrontar con una visión compartida los retos futuros”.

¿Cuál fue la respuesta de nuestro presidente? Una andanada contra las empresas ibéricas, ni más ni menos que las segundas inversionistas del país después de sus similares de Estados Unidos.

Extraoficialmente los españoles están vetados en Pemex de Octavio Romero, CFE de Manuel Bartlett y las secretarías de Energía y Comunicaciones, de Rocío Nahle y Javier Jiménez Espriú.

La no tan buena relación política con el gobierno y corona española se expresa en que a 15 meses de gobierno, López Obrador no ha designado a un embajador en ese país.

Desde diciembre de 2013, cuando asumió la presidencia Enrique Peña Nieto y hasta nuestros días, la embajadora sigue siendo Roberta Lajous. Para la 4T España no es una prioridad.

En el contexto de los casos de Ancira y Lozoya el desdén y la animadversión de López Obrador va a pesar en los juicios de extradición que empuja la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero.

El afamado abogado Manuel Ollé es el litigante que tiene encargada la defensa del dueño de Altos Hornos de México. Se trata de un aguerrido penalista con todas las conexiones políticas.

Baltasar Garzón es el defensor del ex director general de Pemex, toda una institución también y con igual o hasta más conexiones que Ollé en los gobiernos españoles.

Los dos trabajaron conjuntamente en el caso de Augusto Pinochet. Ollé fue el abogado de las madres de la Plaza de Mayo y Garzón fue el juez de la Audiencia Nacional de España que lo arrestó.

Una tercera pieza clave en este entramado que le complica todavía más la ruta de extradición al presidente López y al canciller Marcelo Ebrard se llama Dolores Delgado.

Esta mujer es la actual Fiscal General del Estado, una profesional del derecho con larga trayectoria y que es muy, pero muy cercana al ex juez y ex fiscal Baltasar Garzón.

El asunto de Ancira y Lozoya, más que judicial, se está empezando a tornar en político-amistoso. La sorpresa jurídica es que si la 4T se duerme en sus laureles, no los podrá extraditar.

Y todo ese andamiaje también puede jugar a favor de Peña Nieto, el principal benefactor de las empresas e inversiones españolas.

ENTRE LOS VARIOS abogados que han tratado de defender a Miguel Alemán Magnani, luego del impago a Televisa por el 50% de Radiópolis, corre la versión de que cayó como balde de agua fría la sentencia del Juez 41 de lo Civil, en la que se le condenó la semana pasada al pago de unos 624 millones de pesos por el pagaré que firmó como garantía para extender el plazo de liquidación de la transacción. En particular la sentencia deja ver que el consorcio que co presiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia nunca aplicó un «doble cobro», sino que uno es el documento de la compraventa y otro el de la garantía para la extensión del plazo para pagar. Ya sin argumentos legales, los Alemán decidieron pagarle al grupo de Emilio Azcárraga lo que le adeudan y así evitar cargos moratorios, legales e incluso arriesgar ir a la cárcel por falsedad en declaraciones. De hecho, fuentes del Corporativo Coral señalan que un primer pago a Televisa se habría hecho ayer. Falta ver cómo procede Televisa en lo legal y cuándo se pagará la totalidad de la deuda original, que suma más de mil 248 millones de pesos. Pero si ambos grupos firman nuevos acuerdos y se siguen cumpliendo, los Alemán le darán vuelta al riesgo jurídico. Queda claro que ante impagos con empresas y autoridades no fue una buena idea buscar la mediación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Napoleón Gomez Urrutia, azuzado por Martí Batres y Germán Martínez, está jugando a las vencidas con el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, exhibiendo una falta de institucionalidad y un rechazo a la política económica y laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La manzana de la discordia del capricho del líder de los mineros es que al Ejecutivo le pareció que su iniciativa de Ley sobre Outsourcing desalienta la inversión, el empleo y genera desconfianza en este gobierno. La Junta de Coordinación Política del Senado quiere que se incorporen en una nueva iniciativa de ley sobre subcontratación las propuestas que más de 50 expertos hicieron. Pero si Napito se empecina en conservar su ley al vapor, lo más seguro es que el pleno vote un nuevo dictamen este jueves y con ello termine el secuestro de Napoleón.

MIENTRAS LA CASA Blanca está anunciando medidas de emergencia para afrontar los efectos económicos del coronavirus y el desplome de los mercados bursátiles por la guerra petrolera que está desatando Arabia Saudita, aquí el gobierno de la 4T está pasmado. Salvo el anuncio de la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, y Banco de México, de Alejandro Díaz de León, de incrementar a 30 mil millones de dólares las coberturas cambiarias para mitigar la depreciación del peso, ninguna otra medida de urgencia se está trabajando. Ayer se reunió el Gabinete Económico que coordina Alfonso Romo y la debacle de las bolsas y el peso no mereció una discusión seria.

PUES CON LA novedad de que los distribuidores de Chrysler encajados en el consejo de Planfía quieren que los bancos prestamistas absorban las pérdidas del fraude en esa sofipo. La Asociación de Distribuidores Chrysler que preside Juan Manuel Diez, y el vicepresidente de Planfía, el distribuidor de KASA, Gil Sverling, quieren pagar solo 150 millones de pesos a los acreedores y que éstos, léase Invex, Citibanamex, Bx+, BanCoppel, Actinver y otros más, se queden con un quebranto de mil 350 millones de pesos. El abogado de los distribuidores es el controvertido Paulo Diez.

NO LO COMENTE mucho, pero se afirma que Citi, que capitanea Michael Corbat, le canceló las cuentas a CI Banco con las que efectuaba operaciones en dólares. Al parecer la institución que dirige Salvador Arroyo y que preside Jorge Rangel de Alba hizo movimientos y transferencias a China que no gustaron a los estadounidenses.