Raymundo
Riva Palacio.
Los mensajes
han sido claros para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga algo
con su gabinete de energía, por radical, belicoso y, sobre todo, incapaz. Le
está provocando un daño a él, a su gobierno y al país, sin que alcance a verlo.
Dos han probado desconocer su sector, pero son funcionales ideológicamente,
Rocío Nahle y Manuel Bartlett; el tercero, Octavio Romero, ha demostrado no
entender absolutamente nada del sector a su cargo, pero es incondicional. La confianza
y el respaldo presidencial, que es lo que tienen de sobra, acerca cada vez más
al gobierno a un choque de trenes con la realidad.
La crisis
actual en el mercado de hidrocarburos, acentúa el mediocre nivel de su gabinete
de energía. La ignorancia y los condicionamientos ideológicos que arrastran,
agravan la precaria situación que vive el gobierno. ¿Podrá cambiar el sentido
de esta marea? En condiciones normales, difícilmente el Presidente modificaría
su idea estatista, que es anacrónica en el mundo.
No hay que
decirse sorprendidos. Todo lo que el Presidente respira y transpira es
ideológico. El corifeo que tiene en el gabinete energético, se ajusta
plenamente a su forma de pensar, y la idea en el gabinete de energía es que el
sector privado ha saqueado los recursos naturales de México. Afirmaciones sin
sustento técnico causan tensiones. Recientemente, en una reunión con el sector
privado sobre el autoabasto, un modelo que quiere restringir y acotar la
secretaria Nahle, empujada por Bartlett, director de la Comisión Federal de
Electricidad, el subsecretario de Energía, Alberto Montoya, se enfrentó con los
empresarios y el segundo de la CFE, Mario Morales, dijo que ese era el problema
financiero de la empresa. En realidad, el autoabasto representa sólo el 9% en
la hoja de balance de la CFE. Los diálogos son de sordos.
Bartlett
quisiera expropiar al sector privado lo que tiene y que la CFE se encargue de
todo el sector eléctrico. No ha hecho más daño, paradójicamente, porque el país
no crece. Si fuera lo contrario, tendría presupuesto para sus experimentos, que
habrían llevado a la CFE al déficit, a endeudarse o habría apagones. La
realidad que salva a Bartlett no es la del amigo de López Obrador, Romero, en
cuya gestión se ha reducido la capacidad de producción petrolera en 7%.
Financieramente, el túnel es más oscuro.
La revista
Oil & Gas reportó esta semana que la prima por incumplimiento en el pago de
obligaciones se elevó 131.5 puntos para alcanzar las 342 unidades, que es el
mayor nivel desde septiembre pasado, ante el nerviosismo de los inversionistas
por lo que está sucediendo en el mercado petrolero mundial y el último reporte
financiero de Pemex que mostró un incremento en su deuda de 92%. Romero está
causando bastantes estropicios, algunos de orden legal. El periódico Financial
Times reveló esta semana sus intentos por arrebatarle el 50% del contrato de
operación del proyecto de uno de los más grandes yacimientos descubiertos en un
campo petrolero en la costa de Tabasco, a un consorcio de Estados Unidos, el
Reino Unido y Alemania, además de querer operarlo, pese a su precariedad
financiera y falta de experiencia en aguas profundas. Y no es todo.
El 20 de
febrero, Romero anunció que el gobierno valoraba la posibilidad de cancelar un
contrato a Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, de la planta Etileno XXI, en
Coatzacoalcos –la tierra adoptiva de Nahle–, para crear una empresa nacional
que produzca polietileno. Braskem-Idesa invirtieron cuatro mil millones de
dólares en esa planta que está amenazada. La justificación para hacerlo, según
López Obrador, es que incurrió en “prácticas fraudulentas”. Lo que Romero no le
ha dicho, es que ese conglomerado obtuvo financiamiento de un grupo de bancos,
donde figuró con una de las mayores participaciones el Banco Mundial, a través
de la Corporación para el Financiamiento Internacional, que presta a empresas
privadas para proyectos de desarrollo. Si cancela el gobierno ese contrato, su
problema no será con el conglomerado, sino con los bancos y, sobre todo, el Banco
Mundial. Como dice un experto en la industria, “¿qué puede decir el Banco
Mundial sobre el gobierno de López Obrador, si al que recomienda invertir en
México le hicieron trampa?”.
Las acciones
atrabiliarias y politizadas, empapadas en el desconocimiento del mercado,
fueron las razones por la que se reunieron la semana pasada de emergencia
representantes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para expresar sus
preocupaciones sobre el plan energético de López Obrador. La principal molestia
es el continuo cambio de reglas del juego por parte de este triunvirato,
inmerso en un juego de fuerza para imponerse. Lo podrán hacer desde el poder,
pero perderán. Las grandes inversiones a largo plazo requieren certidumbre, y
ésta la proveen las reglas de juego claras e inamovibles. Si éstas no se dan,
como está sucediendo en la relación del trío con los inversionistas, lo que se
pone en juego es el respeto a las leyes.
Nahle,
Bartlett y Romero carecen de la capacidad técnica, financiera y jurídica para
entender a cabalidad lo que están haciendo. López Obrador necesitaría un nuevo
gabinete de energía y deshacerse del trío más incompetente de su
administración. Si no existiera la turbulencia mundial de hoy en día, esta idea
sería imposible. Pero el análisis hoy tiene que ser si con ese triunvirato
puede salvar a su gobierno y a su proyecto. De ese tamaño es lo que están
destrozando. Es cierto que remplazándolos no resolvería las cosas en el corto
plazo, pero daría un mensaje a los inversionistas de que no come lumbre y se ha
dado cuenta de los errores cometidos. Compraría tiempo antes de que decidan que
México, como inversión, dejó de ser atractivo.
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