Salvador
Camarena.
Acudimos a
las urnas bajo el principio de que quienes ganen gobernarán, y se gobernarán,
pensando en el bien de todos.
Es posible
que eso sea utópico, pero no por irrealizable deja de ser un buen ideal.
Pero, sobre
todo, acudimos a votar en la noción de que quienes ganarán resistirán la
tentación de usar el poder para beneficiar sólo a los que piensan como ellos, o
para beneficiarse a sí mismos.
El largo
pasado priista, y la mediocre docena de años panistas, harían decir a más de
una persona que los mexicanos acudimos a las urnas a pesar, incluso, de que
hemos sido testigos de cómo los del tricolor, primero, y los del blanquiazul,
después, nos vieron la cara y no sólo no gobernaban para todos, sino que lo
hacían fundamentalmente para ellos.
Pero para
eso son las elecciones: más que para elegir a unos nuevos, para quitar a
quienes han defraudado, para no dar nuevas oportunidades a quienes fallaron.
Así llegó Morena a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión,
aupada en el hartazgo ciudadano de ver cómo los otros partidos convirtieron en
canon aquello de privilegiar a los cuates o repartirse el poder mediante
cuotas. Es decir, decisiones que de una u otra manera privilegiaban a ellos
mismos antes que a la ciudadanía.
A Andrés
Manuel López Obrador le ha tomado menos de dos años mostrarse igualito que
priistas y panistas. Igualito no, corrijo, quizá lo correcto sea decir que
peorcito.
Al
Presidente no le gusta que lo comparen, es decir, que lo pongan a la par de los
prianistas, dice que eso le calienta. ¿Qué sentimiento le dará al tabasqueño
cuando quede claro que su gobierno (es un decir) no sólo está a la par, sino
que en algunas cosas supera para mal a los del pasado?
No voy a
hablar de la irrisoria 'cargada' de altos funcionarios del gobierno federal en
defensa de la secretaria de la Función Pública, a quien un reportaje atribuyó
singulares operaciones inmobiliarias.
Ver a Olga
Sánchez Cordero más preocupada por su colega de gabinete que por el Conapred
sólo nos confirma algo que ya sabíamos: que el puesto de secretaria de
Gobernación le quedó muy grande. Ella no ha procurado eso, la gobernanza de un
país (RAE: Gobernanza. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo
el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado
de la economía), ella se propone algo distinto: ser algo así como una funcional
matraquera de un equipo.
Pero más
allá de esa cargada de tuits, lo realmente grave de este fin de semana fue ver
a una instancia del gobierno de la República defender, sin mediar investigación
o procedimiento legal, a una secretaria de Estado con un documento emitido por
la dependencia que preside esa misma funcionaria. La encargada de vigilar, entre
otras cosas, que no haya conflicto de interés, ni irregularidades
patrimoniales, hizo que su equipo dijera estos tres párrafos:
“La
Secretaría de la Función Pública informa que la Declaración Patrimonial de la
titular de esta dependencia, como la de todos los integrantes del gabinete
legal y ampliado de este gobierno, es totalmente transparente y se encuentra
disponible para acceso público.
“Asimismo,
se aclara que la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros jamás ha
recibido ningún bien inmueble como regalo o donación de funcionario público o
político alguno, ni durante, ni antes de ocupar su responsabilidad actual.
“Su
patrimonio es resultado tanto del trabajo profesional de ella y su esposo como
de los bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de
familiares”.
Esas son las
líneas esenciales de la “tarjeta informativa” publicada el sábado por la SFP.
Ayer vimos a
priistas y panistas repartirse puestos y privilegios, los vimos disimular
fraudes y corrupción, aprendimos que traicionaban su promesa de velar por el
bien común.
Hoy López
Obrador preside un equipo que, sobre todas las cosas, se piensa ajeno a la
rendición de cuentas. Si sale un reportaje cuestionando operaciones
patrimoniales, la oficina de la secretaria Sandoval no sólo no abre un
procedimiento o una indagatoria, sino que en cuestión de horas responde que
ella, y de paso todo el gabinete, son “totalmente transparentes”, y que la
titular de la dependencia “jamás ha recibido ningún bien inmueble como regalo o
donación de funcionario público o político alguno”. ¿Cómo supieron eso? No lo
saben, pero, sobre todo, nunca lo investigarían. Porque han dejado en claro que
nunca harán algo que los pudiera afectar: ellos por encima del todo.
Enrique Peña
Nieto pidió al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que hiciera
como que investigaba a Angélica Rivera. López Obrador ni eso pide. AMLO peor
que Peña.
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