Por Luciano
Campos Garza.
Familiares de las 49 personas ejecutadas en
Cadereyta, en 2012, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) que investigue las causas por las que supuestamente se “extravió” el
expediente del caso cuando era enviado a la Fiscalía General de la República (FGR),
en 2018.
En un
comunicado, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de
Honduras (Cofamicenh) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho (FJEDD), que dan seguimiento al multihomicidio –descubierto el 13 de
mayo de 2012–, manifestaron su inconformidad por el reconocimiento del
“extravío” por parte de que la Fiscalía de Nuevo León, que dirige Gustavo
Adolfo Gutiérrez, quien aceptó que al ser atraído el caso por la autoridad
federal, los documentos se perdieron en un envío de paquetería.
Los abogados
de la FJEDD anunciaron que interpondrán recursos jurídicos para que se aclaren
la supuesta pérdida de la carpeta de investigación
“A
petición de las familias de las víctimas centroamericanas, la defensa tomará las
acciones jurídicas necesarias, valorando la interposición de las demandas
administrativas y penales correspondientes que contribuyan a esclarecer la
situación y se pueda dar una respuesta a las víctimas y a la sociedad.
Finalmente se insta a la CNDH a investigar y esclarecer los hechos, y
determinar las violaciones a derechos humanos que implican esta situación”, destacaron.
El pasado
2 de junio la Fiscalía estatal reconoció “la destrucción del expediente” de la
investigación de la masacre en el municipio nuevoleonés de Cadereyta, enviado
por la paquetería Redpack a la FGR en enero de 2018 (Proceso 2275).
No obstante,
fue hasta el 22 de marzo de 2019 cuando la Fiscalía de Nuevo León informó a la
FGR que el paquete con documentos y evidencias al parecer fueron “destruidos”
por empleados de la paquetería, supuestamente porque no encontraron la
dirección de la dependencia federal.
“Es decir, un
año dos meses después del envío la Fiscalía de Nuevo León informó a la FGR de
la situación. Las familias y la defensa de las víctimas nos preguntamos ¿qué
controles aplicó la Fiscalía NL para monitorear el envío y recepción del
expediente y objetos? y ¿qué cadena de custodia se implementó?”, reclamaron
los familiares.
Además, cuestionaron
la versión de la empresa de paquetería, que supuestamente alegó no haber
encontrado la dirección a la que había sido enviado el paquete: “La Fiscalía de
Nuevo León informa en su comunicado que la paquetería no entregó el expediente
por considerarlo como paquete abandonado, supuestamente por no encontrar al
destinatario.
“La
Fiscalía General de la República es una de las instituciones más importantes
del país y su dirección es de conocimiento público, por lo que resulta difícil
que la dirección no se haya encontrado por la empresa de paquetería. La
hipótesis de ‘paquete abandonado’ presentada por la Fiscalía de Nuevo León es
poco clara y poco creíble”.
Los familiares
quieren que la Fiscalía de Nuevo León les informe sobre el avance de las
investigaciones, el deslinde de responsabilidades y si el expediente, que
aparentemente repusieron, es completo o sólo se trata de una parte del mismo.
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